Producción: Javier Lewkowicz

----------------------------------------------------------------------------

En busca de mayor equidad

Por Lara Bersten y Cecilia Graschinsky (*)

Sin dudas el año 2022 estuvo atravesado por el debate en torno a las tarifas y si bien no es un tema nuevo, adquirió nuevos matices. Pese a que una de las cuestiones de mayor repercusión fueron las diferencias públicas al interior de la coalición gobernante, el núcleo del debate tarifario se centró en el monto de los subsidios destinados a la energía. Esto condujo a repensar no sólo cómo reducirlos, sino también a discutir esquemas que permitan una redistribución de los recursos del Estado.

El derrotero de los últimos meses no debería dejar al margen una cuestión importante respecto del cambio del foco del debate. Durante años, en diferentes ámbitos públicos la discusión se centró en posiciones antagónicas, congelamiento o tarifazo. Sin embargo, y pese a las divergencias adentro de la coalición gobernante con relación a este tema, es claro que hoy la discusión evolucionó hacia otra instancia. Ya no estamos debatiendo si deben aumentarse o no las tarifas sino cómo deber ser la “letra chica de la segmentación tarifaria”. Se trata de una cuestión esencial en términos de redistribución de los recursos y de implementación de políticas que avancen hacia una mayor equidad.

En junio de 2022 se publicaron las normas que establecen la segmentación tarifaria que definen 3 universos de usuarios residenciales para los servicios públicos energéticos: (i) Sectores de mayores recursos que tendrán a su cargo el costo pleno de la energía, es decir, aquellos hogares con ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT); según datos del Indec para el mes de mayo, este monto correspondía a 348.869 pesos; (ii) sectores de menores ingresos, en este caso los aumentos del componente energía de la factura final no podrán superar el 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), esto es ingresos netos menores a 1 CBT, 99.677 pesos en mayo; y (iii) sectores de ingresos medios para los cuales los aumentos del componente energía de la factura final no podrán superar el 80 por ciento del CVS.

Hasta el momento, el resultado son aumentos promedios del 17 por ciento para las tarifas de gas natural (a nivel país) y del 16 por ciento para las tarifas eléctricas del AMBA. Estos se aplicaron sobre todos los usuarios/as de los servicios energéticos.

Adicionalmente, se creó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, en el cual los usuarios/as que deseen mantener los subsidios tienen la obligación de inscribirse bajo declaración jurada. En materia de gas natural, la Secretaría de Energía publicó los precios para los usuarios/as de mayores ingresos que resulta en un incremento de las facturas en torno al 75 por ciento. Para la energía eléctrica, a los usuarios/as de mayores ingresos deberán pagar 12,9 pesos más por cada KWh consumido. Para ejemplificar, una tarifa media de Edenor (250 kWh/mes) pasará de 1.598 a 4.733 pesos. Estos incrementos responden pura y exclusivamente a eliminar el subsidio del Estado nacional sobre las tarifas de los sectores de mayores ingresos.

En los próximos días tendremos mayores novedades respecto de cómo se configura finalmente el padrón de beneficiarios/as; la información transparente y transversal será vital en un tema que preocupa a gran parte de la población. Es claro que aún existe incertidumbre en torno a aspectos específicos de la implementación de la segmentación tarifaria y sobre todo respecto de la elasticidad y rápida capacidad de respuesta ante situaciones “grises”. Esto es, el modo en que se considerará a las zonas sin gas por redes o la incidencia del, tamaño del grupo familiar, costos de alquiler, entre otros. Probablemente haya situaciones que deban ser revisadas y evaluadas con el objeto de garantizar que efectivamente el estado no destine recursos a quienes no lo necesitan, pero que tampoco implique pauperizar las condiciones de vida de otros sectores.

Un punto clave, ante el actual contexto de inestabilidad macroeconómica y de la fuerte escalada inflacionaria es que la tarifa social permita amortiguar proteger y garantizar el acceso a la energía de los sectores de menores recursos y adicionalmente, no sobrecargue a sectores medios que no pueden afrontar el costo pleno de las tarifas.

(*) Consultoras en Economía y Energía y CIPE.

----------------------------------------------------------------------

Caída de ingresos

Por Pedro Bussetti (**)

La segmentación tarifaria tiene como objetivo reducir el monto de los subsidios a la energía, que en 2021 superaron el billón de pesos. A tal efecto, se decidió que el objeto de la quita fueran los usuarios residenciales, dejando de lado reducir los subsidios que reciben las productoras de gas, cuyos costos de producción se desconocen, y bajar los costos dolarizados de la generación eléctrica, que influyen en los costos de la energía.

El 12 de mayo se realizó la audiencia pública para analizar la propuesta en la que la Secretaría de Energía, manifestó contar con el padrón de usuarios que serían excluidos del subsidio, con ingresos del usuario titular superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales. Posteriormente, se modificó la propuesta y se decidió que los usuarios de gas y luz de todo el país, presentaran una Declaración Jurada, ya no del titular sino del grupo familiar de ingresos y patrimonio, obviando considerar el rubro gastos en alquiler y expensas, servicios de salud y educación.

Se difundió la idea de que debían pagar los que más tienen, se habló de mayor equidad tarifaria, en un intento de generar en la sociedad que con la segmentación se reducían los subsidios a la energía, sin considerar que se exceptuaba de la quita a los mayores receptores de subsidios.

El ministro de Economía, Sergio Massa, incorporó un nuevo condicionamiento a la continuidad del subsidio: quienes superen el consumo de 400 kwh/ mensuales, pagarán tarifa plena por el excedente, sin considerar la situación climática de diferentes provincias, muchas de las cuales carecen en su totalidad del servicio de gas natural, con lo cual el consumo de energía eléctrica, es mayor, irreemplazable y supera el tope impuesto. Este se aplicará además en los servicios de gas natural y de agua y saneamiento, servicio este último que no estuvo contemplado en ningún momento dentro de la segmentación. Al respecto, ¿cómo se fijará el tope al consumo de agua, si el 85 por ciento de los usuarios de Aysa no tiene medidor de consumo?

El tope de consumo no contempla lo que insistentemente manifestó la Secretaría de Energía: que los usuarios que presentaran la Declaración Jurada, categorizados en los segmentos de ingresos medios e ingresos bajos, no tendrían aumento en el resto del año. Esta modificación afectará, en principio a 1,8 millones de usuarios, según informó el ministro de Economía.

La quita parcial del subsidio a la electricidad provocará aumentos que oscilan entre 46 y 126 por ciento, en el área de concesión nacional. Resta estimar el impacto en gas natural y agua, porque la información no fue proporcionada hasta la fecha, aunque se dijo que la quita para los que presentaron la Declaración Jurada, comienza el 1 de setiembre, fecha inaplicable porque antes de su implementación, deberán publicarse los nuevos Cuadros Tarifarios y convocar a una nueva audiencia pública, para todos los servicios involucrados en la segmentación.

9 millones de usuarios, presentaron la Declaración Jurada, sobre un total de 14 millones de usuarios de energía eléctrica, según lo expresó el ministro de Economía, con lo cual 5 millones de usuarios, quedarían incluidos en la quita, sin tener datos reales sobre su condición económica.

¿Puede avanzarse en la quita de subsidios a ese universo de usuarios solo porque no se anotaron? Sería una decisión riesgosa, quitar subsidios que implican aumentos de hasta el 200% en las facturas, a quienes han perdido frente a la inflación acumulada en el año.

¿Puede aplicarse un tope de consumo, que origina aumento tarifario a quienes se les prometió que no iban a tener más aumentos en 2022? Debería cumplirse lo comprometido en la Audiencia Pública.

En diciembre de este año, se debe realizar la Revisión Tarifaria Integral del transporte y la distribución de gas natural y energía eléctrica, de acuerdo al Decreto 1020/2020, lo que derivará en un nuevo aumento de las tarifas de ambos servicios, con influencia negativa en los ingresos familiares.

Por ello, cabe ratificar los principios que, en materia de servicios públicos, sostenemos las Asociaciones de Usuarios y Consumidores: Los servicios públicos de gas y energía eléctrica, son esenciales, categorizados como Derechos Humanos y deben tener tarifas justas, razonables y asequibles a los ingresos de los usuarios.

(**) Presidente de DEUCO.