En el marco del Mes de las Infancias, la Defensoría provincial de Niñas, Niños y Adolescentes manifestó preocupación por el crecimiento de la violencia urbana que afecta la vida de las comunidades en todos los niveles y, en particular, por casos relacionados con infancias y juventudes. "Sufren cada vez más los efectos de las violencias provocadas en contextos urbanos. Además de ser víctimas letales, niñas, niños y adolescentes atraviesan el crimen violento de padres, madres y familiares, a causa de esta problemática, como también el desplazamiento obligado y bajo amenaza de sus centros de convivencia", expresaron. En ese sentido, piden “avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad del entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes”. 

El organismo de protección de derechos humanos hizo un análisis en relación a los datos del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, que indica que a julio de 2022, casi nueve de cada diez homicidios tuvieron lugar en los departamentos La Capital y Rosario, 17,5% y 71,0% respectivamente. Además, en la ciudad de Rosario, en el mismo semestre, se registraron 446 personas heridas de arma de fuego (85% varones y 15% mujeres), de las cuales cerca de 100 son niñas, niños y adolescentes (18, menores de 15 años, y más de 80 tienen entre 15 y 19 años). 

Otro aspecto que da cuenta de la realidad tiene que ver con el dato de muertes violentas. La Defensoría dio a conocer que se estima que entre enero y lo que va de agosto (al día 7) en el Departamento Rosario se produjeron 179 muertes violentas (153 en la ciudad cabecera) de las cuales 39 corresponden a niñas, niños y adolescentes (de hasta 19 años).

"Niñas, niños y adolescentes se ven insertos en contextos de violencia generalizada que cercenan el uso libre del espacio público de los barrios que habitan, muchas veces apropiado por economías delictivas e ilegales en detrimento de la presencia estatal. Como Estado tenemos la obligación de contrarrestar la naturalización de los hechos de violencia que se repiten en la vida de ciudadanas y ciudadanos", plantearon desde la Defensoría.

Al mismo tiempo, el informe expresa que "las explicaciones en torno a este tema como problema público revisten tensiones y disputas de sentido. Si bien es necesario preguntarse sobre los paradigmas actuales de seguridad y el rol de la institución policial, las teorías explicativas sobre las diferentes formas de delito y la situación en las cárceles; también, es importante discutir la distribución del ingreso, el acceso a la vivienda y a servicios públicos (educación, salud, transporte, acceso al agua)". Para el organismo, "las violencias se inscriben además en un contexto económico, social, educativo, cultural y ambiental adverso, que intensifica el repensar el concepto de 'sectores vulnerables'".

En ese sentido, mencionaron que en Argentina, el 48% de los niños, niñas y adolescentes es pobre, según estudio de UNICEF, que mide la pobreza multidimensional tomando en cuenta diferentes dimensiones desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños y niñas hasta la escolaridad. De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas”, como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En el mismo sentido el CONICET, visualiza el detrimento de la calidad de vida en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, a través de la medición del “índice de calidad de vida” (ICV) en estos últimos 15 años.

Ante ello, la Defensoría propone: "Es necesario pensar en clave propositiva para avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad en el entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes del Estado y nuestra institución tiene mucho para aportar, como lo vino haciendo a través de las recomendaciones a los poderes públicos, reforzando la gobernanza en la gestión".

Y reforzaron: "Es responsabilidad de esta Defensoría poner en agenda esta situación y contribuir al diseño de políticas públicas que favorezcan a la convivencia ciudadana y que tengan como eje vertebral el derecho a una vida digna para las infancias, las adolescencias y las juventudes, mejorando la calidad de vida en el entorno y crear valor público".