La seguidilla de recortes en distintos sectores
Los ajustes a los más vulnerables

Precediendo a la política –no marketinera, sino dramáticamente real– de ajuste sobre las prestaciones a los discapacitados, el gobierno nacional viene recortándole ingresos y derechos a otros sectores de entre los más vulnerables. Jubilados, desocupados que habían logrado cierta inserción laboral a través de cooperativas de trabajo, estudiantes con ingresos familiares por debajo de la línea de la pobreza... incluso las pensiones por viudez quedaron bajo la mira de Cambiemos. 

  • El 6 de enero, el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, anunció que ese organismo dejó de entregar medicamentos gratis a los jubilados que cobren más de 8500 pesos. “Lo que buscamos es que sea justo el sistema, y hoy en día no es justo”, argumentó el funcionario. El objetivo del recorte fue “ahorrar” 1600 millones de pesos anuales. 
  • El año pasado, el PAMI ya había restringido el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, pasando a una cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminando del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos. 
  • El instituto interrumpió además la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados. 
  • Como parte de su estrategia para “contener gastos” en los servicios que contrata a prestadores privados, Cambiemos modificó además –en abril– el sistema modelo de pago para las clínicas y profesionales, que tuvo como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9 por ciento del financiamiento para los estudios de diagnóstico.
  • En junio, la Anses intimó a los pensionados por viudez a que volvieran a presentar la documentación probatoria del beneficio. La medida fue anulada un día después de que un jubilado se suicidara en las oficinas del Anses marplatense.
  • La semana pasada le tocó al Progresar. El Poder Ejecutivo suspendió el pago a 94 mil jóvenes que recibían este apoyo económico. El argumento para dejar de pagarlo fue que se estaba haciendo una “revisión” para detectar irregularidades. “Preventivamente”, en junio no le pagaron a nadie. 
  • Con la discontinuidad del Plan Argentina Trabaja, en las organizaciones sociales estiman que 40.000 cooperativistas se quedaron sin trabajo o sólo cobran una asignación de 4.000 pesos mensuales sin contraprestación alguna.
  • El martes pasado, el ministerio de Trabajo estableció un magro aumento del salario mínimo, que pasó a ser de 8860 pesos, con otro tramo de mejora a partir del 1º de enero (9500 pesos) y en julio del año que viene (cuando llegará a los 10 mil pesos). El tope implica un recorte de los gastos del Estado, ya que las asignaciones sociales están atadas al salario mínimo.