La magistrada aceptó el recurso de amparo presentado por los legisladores del Frente para la Victoria José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, quienes hace cinco meses pidieron la nulidad del decreto 72/2017, que autorizaba a la empresa un aumento de hasta el 80 por ciento en las tarifas.

En diálogo con Página/12, Campagnoli, quien calificó el aumento como "abusivo”, celebró la decisión de Liberatori, que implica “un alivio para millones de personas, que están atravesando esta difícil situación económica”, que fue el motivo del recurso. Campagnoli y Conde argumentaron que no se podía explicar un aumento de entre el 60 y el 80 por ciento mientras el propio gobierno porteño estimaba una inflación de 17 por ciento para el año en curso.

“Nosotros no estamos en contra de la readecuación tarifaria, pero decimos que tienen que estar en sintonía con los aumentos de los salarios”, explicó Campagnoli, quien recordó también que en la paritaria docente el Gobierno porteño solo ofreció un 19 por ciento de aumento. Viajar a la Ciudad de Buenos Aires desde la Provincia, de lunes a viernes, podía llegar a costar 2500 pesos en peajes, "lo que equivale a un cuarto del salario mínimo en la Argentina”, ejemplificó el legislador.

La propia empresa AUSA había argumentado en febrero en la audiencia pública que debían aumentar los precios porque los costos se habían incrementado. En aquella oportunidad, la empresa adujo que los sueldos de los trabajadores -que aumentaron un 20 por ciento-  representaban  sus principales costos. “No tenían ningún tipo de motivos para hacerlo y ahora la jueza estudió el expediente y declaró que eran injustificados”, subrayó el legislador.

La decisión original contemplaba también la extensión de las hora pico. El pico de la mañana, que antes era de 7 a 10 se ampliaba hasta las 11, y el vespertino, en lugar de ser de 17 a 20, pasaba a ser de 16 a 20, horarios en los que la tarifa pasaba de 25 a 40 pesos.

“Pedimos que Horacio Rodríguez Larreta escuche a la jueza y actúe en consecuencia”, dijo el legislador, quien advirtió que si no lo hace, le pedirán a Liberatori que inicie acciones legales contra los funcionarios intervinientes, que deberían pagar una multa por incumplimiento de sus deberes.