El fiscal penal Federido Obeid requirió juicio contra el padrastro de una niña de 9 años, por abuso sexual simple agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente. La causa se abrió gracias a que una docente detectó la situación y radicó la denuncia penal. 

Desde el Ministerio de Educación de la provincia destacaron la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la aplicación del Protocolo de Intervención ante situaciones de Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Violencia de Género, establecido mediante la resolución en 546 D, que rige desde 2019, y destaca la obligación de denunciar cuando se toma conocimiento de una vulneración de derechos a la infancia o la adolescencia.

En este caso la causa penal se abrió porque una docente denunció que su alumna de 9 años le contó que su padrastro abusaba de ella. Además, la niña le relató que su madre estaba al tanto de lo que sucedía, pero no le creía.

Luego de haber escuchado a la nena, las autoridades del colegio citaron a la madre, quien reconoció que el hombre había tocado a la niña y por ello se había retirado de la vivienda durante 3 semanas, pero regresó luego con el compromiso de no acercarse a la nena.

En la entrevista en circuito cerrado de televisión realizada por profesionales, la niña corroboró lo denunciado por la docente y directora del establecimiento educativo. Distintos testimonios recabados por la Fiscalía también dieron cuenta del abuso sufrido por la menor de edad, y también los informes psicológicos y sociales.

Teniendo en cuenta todo ello, el fiscal Federido Obeid imputó al hombre y pidió la elevación a juicio de la causa.

La importancia de hablar y actuar 

La licenciada en psicología Carla Cruz Sinopoli, coordinadora del Programa de Orientación Escolar (POE) del Ministerio de Educación de Salta, destacó que en 2019 el organismo promulgó la resolución 546 D, por la que se puso en vigencia un protocolo para la atención de situaciones de violencia de género, abuso sexual y maltrato en la infancia, que se adecúa las leyes vigentes de protección a niños, niñas y adolescentes.

"Se empezó a implementar mucho mejor en 2021. En el medio tuvimos la pandemia. Esta resolución salió a fines de 2019, con la que cuenta el ministerio para resguardar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes o tratar de denunciar para restituir los derechos", dijo Cruz Sinopoli a Salta/12. 

La funcionaria destacó que el protocolo establece la obligación de lxs agentes públicxs de denunciar, también puntualiza en qué situaciones se debe intervenir y cómo debe ser el circuito de intervención, y cuenta con un modelo de informe para poder realizar las denuncias.

"Todos los que trabajamos en el Ministerio de Educación como agentes públicos tenemos la obligación de denunciar. Si el directivo no lo hace lo tiene que hacer el docente o el supervisor apenas se toma conocimiento de la situación. No necesariamente lo tiene que hacer una o otra persona, lo mejor sería que lo haga el director de la institución porque de alguna manera tiene que estar en conocimiento de lo que pasa en su unidad educativa", explicó Cruz Sinopoli.

La coordinadora tambien mencionó que el Protocolo permite que quienes forman parte del Ministerio estén en conocimiento de leyes y tratados internacionales que velan por interés superior de lxs niñxs.  

Consultada respecto a algunos casos en los que lxs directivxs o docentes no radican las denuncias penales, dijo que a veces se debe a que "hay desconocimiento todavía" o sobre todo en lugares chicos, como pueblos y parajes, "hay miedo porque muchas veces ocurren situaciones de violencia posterior a estas denuncias, en que amenazan a directivos o docentes, y por eso no se hacen".

Cruz Sinopoli contó que cuando señalan que el personal de educación está obligado a hacer la denuncia, hay quienes plantean que "los pueden denunciar por calumnias o injurias" pero en estos casos eso no puede pasar, ya que cuentan con resguardo de la legislación vigente. "El protocolo establece que tienen que dar aviso. Las instituciones después van a hacer la averiguaciones. El Ministerio de Educación no tiene que cerciorarse si es veraz o no", indicó. 

Además, Cruz destacó que desde el POE hace poco incorporaron una guía de intervención ante situaciones complejas del ámbito escolar que además de violencia de género, abuso sexual o maltrato, abarca lineamientos para casos de consumo problemático de sustancias, suicidio, intento de suicidio o parasuicidio y acoso escolar. "Es de amplia ayuda a todas las instituciones educativas", indicó y dijo que la educación transversaliza estas situaciones que "siempre se presentan". Asimismo, contó que en cuanto a delitos sexuales y violencia, "a partir de la pandemia se incrementaron las denuncias". 

"Hacemos mucho hincapié, en la resolución 1004, que tiene que ver con todos los contenidos de Educación Sexual Integral", destacó Cruz. Indicó que la ESI "permite no solo tener conocimiento de las situaciones que hoy atraviesan a la sociedad, sino también poder llevar a cabo distintos momentos de diálogo, de charla con cada uno de los estudiantes para poder trabajar sobre esto y saber que de alguna manera todas las instituciones educativas lo que tratan de hacer es poder contenerlos, hacer seguimiento, acompañarlos en cada una de las cosas que ellos externamente están vivenciando". 

"Esta gestión hace una fuerte movida tanto del protocolo como de la resolución 1004 y los contenidos de Educación Sexual Integral que nos permiten poder hablar de afectividad, de vínculos, de respeto, de cuidado del otro, de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo, todas esas cuestiones que son tan importantes hoy en la educación", señaló Cruz Sinopoli. Mencionó como una "conquista" del Ministerio a otro protocolo que contempla el cumplimiento de la ley de identidad de género y el respeto por la identidad autopercibida en la instituciones educativas.

En cuanto a los cuestionamientos por falta de implementación efectiva de la ESI, dijo que todavía hay "mucho tabú", que tienen que ver con lxs adultxs de las instituciones educativas pero que si se leen los contenidos se puede puede conocer que tratan sobre el cuidado del cuerpo y el respeto. Destacó que los niños, niñas y adolescentes, tienen otra mirada de lo que pasa en la sociedad, y que el enfoque de lxs educadorxs  tiene que estar centrado en lo que NNyA necesitan y no tanto en lo que les pueden enseñar.

La coordinadora también señaló que están tratando de ampliar o modificar cuestiones del protocolo en lo que respecta a instituciones con ruralidad dispersa. Destacó la impotancia del trabajo en red con otras instituciones, como los agentes sanitarios de la provincia que a veces son "los únicos que llegan a ciertos lados cuando se trata de ruralidad", también los CIC (Centro Integrador Comunitario), la policía comunitaria, entre otras.

Por otro lado, la psicopedagoga y también coordinadora del POE, Josefina Caro Outes, dijo a Salta/12 que trabajan para darle un tratamiento interministerial a las situaciones de vulneración de derechos a la infancia y adolescencia. En ese marco, indicó que desde el Ministerio de Educación se reunieron el 17 de junio con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, representantes del Ministerio Público, y agentes de la salud mental. 

"Como institución educativa, somos el primer eslabón en detectar esta vulneración de derechos, por eso creemos que el abordaje tiene que ser intersectorial, interministerial. Es lo que estamos trabajando y tenemos muchas mesas de trabajo para optimizar esta detección precoz, la prevención y ante el caso de una vulneración de derechos actuar inmediatamente al respecto", indicó Caro Outes.