La Policía había avanzado ayer contra los manifestantes que no habían cortado el tránsito y sólo se manifestaban sobre la Plaza Lavalle frente a Tribunales para exigir que el juez Gustavo Villanueva reviera su rechazo al pedido de excarcelación del dirigente mapuche.

De la misma manera en que la semana pasada arremetieron contra los cooperativistas que protestaban en la 9 de Julio, los agentes porteños y federales reprimieron y persiguieron por las calles aledañas a quienes pedían la liberación de Huala. 

Seis de los detenidos permanecieron incomunicados en las comisarías 30 y 4, y el séptimo tuvo que ser derivado al Hospital Argerich. Todos fueron acusados por "intimidación pública", figura utilizada "para criminilizar la protesta social" según denunció María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, la organización que representó a los manifestantes.  

El CELS, por su parte, denunció que la figura de intimidación pública también fue usada la semana pasada contra los cooperativistas de la Tupac Amaru que fueron reprimidos en la 9 de Julio y advirtieron que "agrava aún más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores".

Para el organismo de derechos humanos la política oficial implica "endurecer la reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas".

Los protesta de ayer, convocada por la Red de Resistencia Cushamen, exigía la liberación del lonko mapuche, que permanece preso en Bariloche desde el miércoles pasado, tras el encuentro entre los presidentes Mauricio Macri y Michele Bachelet, en Santiago de Chile. 

Sonia Ivanoff, la abogada del dirigente mapuche, sostuvo que su detención "se debe a un pedido de captura internacional del gobierno de Chile”, que lo acusa de haber participado en 2013 de un ataque incendiario contra la casa de los cuidadores de un campo cercano a la ciudad de Valdivia, donde fue detenido y luego liberado.

Sin embargo, la causa original fue resuelta en un juicio que tuvo sentencia el 1 de septiembre del 2016 en Esquel, donde se determinó la nulidad del proceso y la libertad inmediata del dirigente mapuche. Aquel fallo declaró nulo lo actuado en dicho procedimiento por groseras y manifiestas irregularidades. Mientras se reprimía y detenida a los manifestantes frente a Tribunales, varios organismos de derechos humanos y de trabajadores emitieron un comunicado conjunto para denunciar la "detención arbitraria e ilegal y privación ilegítima".   

La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI), Abuelas de Plazas de Mayo, la Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos (APDH), el CELS, la CTA entre otros advirtieron que la causa está apelada y a la espera de que se resuelva en la Corte Suprema y que la detención por la misma causa "implica una doble persecución concomitante, en abierta violación al derecho al debido proceso y a otras libertades y garantías fundamentales".