Con un nuevo "alerta feminista", organizaciones que luchan por los derechos de mujeres y disidencias sexuales y contra los femicidios, se manifestaron ayer en las puertas de la sede local de Gobiernación para reclamar políticas públicas "por una primavera sin muertas". Las demandas tuvieron que ver con los últimos datos que arrojó el observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que dio cuenta de 56 muertes violentas de mujeres, travestis y trans desde que empezó el año, en Santa Fe. De ese total, 40 casos aparecen ligados a hechos relacionados a economías delictivas. Exigen que el Estado comience a analizar ese fenómeno. También apuntaron a la declaración de la "emergencia en violencias hacia las mujeres, travestis y trans" y políticas de acompañamiento con perspectiva de género y derechos humanos.

Con carteles que pedían "basta de femicidios", "basta de violencia", "ni una menos", sumado a los nombres de las víctimas pegados en el suelo, con flores y velas, las manifestantes de Mumalá, Atravesadxs por femicidios, Ademur y Mujeres en Red del Sur, entre otras, exigieron la disposición de recursos provinciales y nacionales para atender la situación. Entre otros puntos, reclamaron "la creación de dispositivos de investigación y abordaje de las violencias en territorios, políticas de acompañamiento y contención a familiares de las víctimas, la articulación entre los tres poderes y niveles del Estado para la prevención de las violencias y el delito; políticas de seguridad pública y ciudadana con perspectiva de género; y presencia activa del gobernador y el presidente", entre otros planteos que sacaron a la calle por tercera vez en el año.

En detalle, el informe sobre el relevamiento del observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, de Mumalá Nacional, contabiliza 56 mujeres, travestis y trans como víctimas de muertes violentas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. De ese total, indicaron que hubo 11 femicidios íntimos, dos trans-travesticidios, 40 muertes violentas vinculadas a economías delictivas; un suicidio femicida y dos muertes que continúan en investigación. A esos datos, se suma que en el mismo período, la provincia registró además 14 intentos de femicidio. "Los números son superiores al año pasado", dijeron sobre los datos que en 2021 daban cuenta de una treintena de casos.

La directora ejecutiva de Mumalá, Gabriela Sosa, manifestó que los datos son "preocupantes" y en ese sentido planteó que la interpelación a los gobiernos apunta a que se fortalezcan dispositivos "que quedaron débiles post pandemia"; pero también apuntó a "la necesidad de otros instrumentos y recursos no sólo desde las áreas de Géneros, sino también del Ministerio de Seguridad, como del de Salud, en clave de género, por cómo queda la salud mental de familias y testigos de tanta violencia", señaló.

Al mismo tiempo, reclaman un abordaje de las cuestiones sociales, con perspectiva de género. Y apuntan a "poner la lupa en el sistema penitenciario", entre otras cuestiones.

También remarcaron que la mayor parte de los casos tienen que ver con la violencia enmarcada en contextos de narcocriminalidad. "Hay 40 casos por este tipo de dinámicas, muchas de las víctimas sin tener que ver con esto, sino que quedan en medio de los conflictos; y otras con intervención en algún aspecto de dinámicas delictivas, y de eso queremos datos, saber cuáles son las condiciones socioeconómicas, los circuitos. El estado tiene la posibilidad de empezar a analizar este fenómeno. Quizás el acompañamiento económico haría que no estén en estos entramados", planteó Sosa sobre las preguntas por las que piden respuestas.