En el contexto de marcado crecimiento de violencia pública, familiares, militantes sociales, gremiales y políticos realizaron ayer un homenaje a las personas secuestradas asesinadas o desaparecidas en septiembre de 1976 en el territorio de Salta.
El acto se desarrolló al pie de las serranías del departamento La Caldera, en la intersección de la ruta nacional 9 y el camino vecinal que une a esta arteria con General Güemes, donde un cartel instalado en 2013 indica que el abra El Gallinato, a pocos kilómetros de ese acceso, se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que eligió esa zona rural como lugar de exterminio. Varias de las personas secuestradas en septiembre fueron asesinadas aquí, usando explosivos.
Ahí fueron asesinados Gemma Fernández y su marido Héctor Domingo "Guilo" Gamboa. Su hija, Mariana Gamboa, fue la que lanzó la frase del título: "el piso de la democracia no se negocia", refiriéndose a las urgencias actuales, a la respuesta ante el crecimiento de los discursos de odio, en un encuentro en el que hubo también expresiones de repudio al atentando contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Mariana Gamboa comenzó sus palabras agradeciendo a "los compañeros y compañeras", "a la señora que está allá, que me crió", por Lucía "Nena" Madozzo, su tía, que la acogió cuando su padre y su madre fueron secuestrados. Ella, dijo Mariana, "tiene la capacidad de generar fuerza ante la indignación, que me parece que es lo que nos moviliza".
Entonces contó que había estado hablando con otro familiar, Fernando Pequeño, nieto del ex gobernador Miguel Ragone, desaparecido, sobre qué les tocaría hacer ahora, y empezó por resaltar: "todo lo que hemos construido lo hemos hecho colectivamente", gracias a las personas que contaron lo que pasó en la dictadura y las que se esforzaron para que se conozca la verdad sobre estos hechos. Agradeció entonces a los testigos Juan Moreira y Esteban Alancay, fundamentales para reconstruir los crímenes en El Gallinato, y a la perseverancia de "un montón de compañeros de los organismos que ya no están", como Germán Lozano, Lucrecia Barquet, Coca Gallardo, Sarita Ricardone, Kuky Herrán, "que caminaron quizás con una soledad tremenda esta misma ruta".
Rescató también que "en algún momento tuvimos la capacidad de organizarnos en el marco de los juicios, que fueron muy importantes", y "el gesto que tuvieron Néstor y Cristina en dar la posibilidad de que nosotros encontremos la verdad histórica". ¿Y para qué esa verdad?, preguntó: porque "tenemos una obligación con las generaciones más jóvenes, muchos jóvenes hoy piensan en lo individual" y es necesario "contarles que también es colectiva la cuestión".
Por ejemplo, el avance de los procesos de memoria, verdad y justicia, "lo logramos porque todos nos pusimos de acuerdo. No podemos nosotros pensar que solas y solos lo conseguimos, sino a partir de que nos construimos en un colectivo, quizás hoy es una oportunidad para recuperar esas herramientas que nos heredaron aquellas compañeras y compañeros que fueron vencidos y fueron perseguidos por razones políticas, como sociedad tenemos que entender que la eliminación del oponente político nunca más puede ser", aseguró.
Y por eso es necesaria la reorganización teniendo claro que, "no importa en qué partido cada uno milite, en qué frente, coalición, el piso de la democracia no se negocia". Si se logra eso "vamos a poder quizás correr un poco los márgenes y pensar colectivamente que todos tenemos derechos ciudadanos que deben ser garantizados por todos y que no depende del mérito, del esfuerzo personal, sino que depende de que somos argentinas y que pertenecemos a un estado de derecho", sostuvo.
Caza de militantes
El acto comenzó con el recuerdo de las víctimas del Septiembre Trágico. "En Salta se producen grandes transformaciones en lo político y social a partir de la intervención del gobierno del doctor Miguel Ragone", en noviembre de 1974, por decisión de la entonces presidenta María Isabel Martínez de Perón, recordó la ex detenida política Nora Leonard.
Con la intervención a cargo de Francisco Mosquera, "se desata una verdadera caza de todos aquellos militantes políticos, gremiales o sociales que simpatizaban con Ragone. Es así como se suceden secuestros, detenciones masivas y asesinatos durante todo el mes de septiembre de 1976", hubo atentados con explosivos en las casas de los abogados que defendían a presos políticos y se dinamita el Aula N° 1 de la Universidad Nacional de Salta, que había sido cedida por el rector Holver Martínez Borelli para que funcionara como centro de reuniones de la militancia universitaria.
Y ni bien iniciado el mes, empiezan una sucesión de "asesinatos y secuestros seguidos de desapariciones forzadas", en distintos puntos de la provincia.
El 2 de septiembre fue secuestrado Sergio Wenceslao Copa en Rivadavia Banda Sur; lo mismo pasó con David Reina Léon, en Orán, y en Embarcación Sylvia Sáez de Vuistaz, "es llevada por la fuerza frente a su esposo y su hija de 5 años".
El 3 de septiembre, en Orán, secuestraron a Santos Abraham Garnica, Néstor Salomón y Mariano Bernardino Luna.
En la ciudad de Salta, el 8 y 9 de septiembre detuvieron a tres integrantes de una misma familia. Rolando Gómez fue detenido cuando salía de la metalúrgica donde trabajaba. Al día siguiente una patota fue a buscar a su hermana, Lidia Gómez de Colqui, y a su sobrino, Alfredo Colqui. "Los que quedaron salieron a preguntar por los secuestrados, fueron a la Central de Policía, a la cárcel de Villa las Rosas, por todos los lugares posibles, hasta que una noche, en una calle de la ciudad, pararon a la hermana de Alfredo y la amenazaron diciendo que no busquen más porque estaban todos muertos", recordaron en el homenaje.
El 13 de septiembre, también en Orán fue secuestrado el estudiante universitario Gregorio Tufiño.
En Metán el 22 de septiembre un grupo de tareas intentó secuestrar a Ángel Federico Toledo. Junto a su hermano, Carlos Lucas Toledo, se resistieron fueron atacados a tiros. Carlos quedó gravemente herido pero logró salvar su vida, en cambio, Ángel murió esa misma noche.
El 24 de septiembre hubo una serie de allanamientos, secuestros y desapariciones en la ciudad de Salta. Fue secuestrada la profesora de historia Sylvia Aramayo, la misma noche se llevaron a Gemma Fernández y Héctor Domingo Gamboa, "mi papá, dejando abandonada a una beba de cinco meses. Por suerte estoy hablando con ustedes hoy", recordó Mariana Gamboa.
Luego buscaron a Daniel Loto Zurita, que dormía en un local de venta de una zapatería de la calle Ituzaingó.
A las 4 de la madrugada seis informados de la Federal irrumpieron en la casa del estudiante universitario Carlos Estanislao Figueroa y lo secuestraron.
El estudiante universitario Ángel Esteban Rodríguez Concha, de 22 años, fue encontrado asesinado y envuelto en una bandera del PRT el 24 de septiembre de 1976, en la parada del colectivo de la Línea 14, que hacía el recorrido a la Universidad Nacional de Salta.
En la madrugada del 25 de septiembre un grupo de policías provinciales requisó la casa de la familia Cobos en busca de Enrique Cobos, que militaba en la JUP, pero atacaron a su hermano menor, Martín Cobos, que fue acribillado en la esquina de la calle Pedernera.
Cuando ya finalizaba ese mes terrible, el 29 de septiembre, fue secuestrada de su casa en la calle O'Higgins de la ciudad de Salta Bárbara Minor. "Ella tenía un hijo y su nuera, que ya habían sido secuestrados. Bárbara no deja lugar sin buscar, llegó a ofrecer hasta un cambio, su libertad por la de ellos, pero solo logró que se la lleven también a ella. Bárbara fue además de madre, sindicalista del gremio de los petroleros, SUPE", la recordaron ayer.
Una continuidad represiva
"En este paraje denominado El Gallinato se dinamitaron los cuerpos de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, sindical y social que fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas y de seguridad provincial y federal en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la dictadura cívico militar de 1976 a 1983", leyó Nenina Lezcano, histórica militante de derechos humanos. Enseguida aclaró que ella amplía ese plazo, "lo pongo desde el 66, las dos dictaduras militares, de Onganía y de Videla, creo que hubo una continuidad del terrorismo de Estado".
"Estos hechos fueron parte del plan sistemático para infligir terror en la población civil, el ocultamiento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos completó el círculo criminal de secuestros, torturas, muertes y desapariciones", recordó.
Tras detallar que en la división del país que la Junta Militar hizo a los fines represivos, el municipio de La Caldera, en cuya jurisdicción está El Gallinato, integraba el área 322, que estaba bajo la dependencia directa de la Subzona 32 con jurisdicción en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, y que a su vez dependía del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba. "Las señalizaciones de los sitios de memoria, ley nacional 26.691 son una conquista de los organismos de derechos humanos, de las Madres, las Abuelas, los Familiares y los HIJOS, para preservar la memoria para las futuras generaciones y así podemos hacer efectivo el Nunca Más, que ahora más que nunca es Nunca Más. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, la lucha continúa", cerró Nenina.
