Mauricio Macri se recuesta en ella. Busca doctrina y la lisonjea como no ocurría con otro gobierno desde 1976. Una entidad que reúne a los grandes estudios de abogados y fue clave en la provisión de cuadros civiles de la dictadura volvió al centro del poder. Se trata del llamado Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba, no confundir con el Colegio Público) que tiene entre sus mentores a José Alfredo Martínez de Hoz (hijo). Martínez de Hoz (h) condujo dos veces el Cacba, de 2002 a 2005 y de 2010 a 2013. Dirige su revista semestral y escribe en cada número una reflexión del director.
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Contra. Ser hijo de alguien no dice nada por sí mismo. Ni negativo ni positivo. En este caso, sin embargo, el hijo de quien fue ministro de la dictadura entre 1976 y 1981 continúa sus ideas y sus vínculos. Ideas y vínculos están publicados en la web del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arntsen & Martínez de Hoz. Martínez de Hoz (h) dice en su curriculum vitae que “ha adquirido una vasta experiencia tanto en arbitraje comercial como en arbitraje de inversión”. Y sigue: “Ha actuado como abogado en numerosos casos de arbitraje Ciadi contra la República Argentina como consecuencia de las medidas tomadas desde el año 2002, que resultaron en la derogación y alteración de diversos marcos regulatorios de inversiones”. Alude al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias que depende del Banco Mundial y a los juicios de las empresas de servicios públicos contra el Estado nacional.
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Patentes. Su especialidad son los recursos naturales. Graduado en la Universidad Católica en 1980 como el mejor de su clase, profesor de posgrado en petróleo y gas en la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado en la UCA, Martínez de Hoz (h) también es director de la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería. De su estudio salió Dámaso Pardo, egresado de la Universidad Católica Argentina, Master en Derecho sobre la Propiedad Intelectual en la University of New Hampshire y actual presidente del INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En los papeles es el organismo encargado de proteger las patentes y marcas de la industria argentina. Los antecedentes de Pardo, en cambio, están relacionados con los intereses de la industria de servicios de los Estados Unidos, que fue la impulsora del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA que no pudo nacer el 5 de noviembre de 2005.
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Banderas. Además de abogar por la desregulación económica, el Cacba suele ser un insistente negador de cualquier iniciativa por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito. Guillermo Lipera, el actual presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como llaman al Cacba los abogados que no le tienen simpatía, estuvo por ser procurador del Tesoro en reemplazo de Carlos Balbín. Lo promovía Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia que antes era intermediario del estudio panameño Mossack Fonseca para el armado de sociedades offshore. En actos junto a Lipera fue que el Presidente dijo que “los jueces no nos representan” o cargó contra el fuero laboral y los abogados laboralistas.
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Donantes. Parte del cuerpo de doctrina de Martínez de Hoz (h) y la entidad madre de los cómplices civiles de la dictadura puede verse analizando la Revista, que en cada número exhibe la lista de benefactores del Cacba. En la última edición, de diciembre de 2016, figuran Allende & Brea, Bulló (el estudio de Lipera), Beccar Varela, Marval O’Farrell Mairal, M & M Bomchil, Hope Duggan & Silva, Cassagne y Moltedo.
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El gas y el fallo “Cepis”. Tras una demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis, presidido por Mariano Lovelli) la Corte Suprema sentenció en favor de la realización de audiencias públicas. Manuel José García-Mansilla escribe en el número de diciembre de 2016 que se trata de “un mal precedente en el que nuestra Corte Suprema hizo un claro ejercicio de populismo judicial”. La Corte habría pretendido “legitimarse frente a la sociedad”, cosa que sucede cuando “los jueces imponen una intuición o preferencia moral que coincide con el sentimiento popular en relación con el caso concreto, pero que contradice normas y precedentes”. Las audiencias públicas no serían obligatorias, y menos aún cuando está en juego el precio del gas en boca de pozo. Peor aún: “La Corte Suprema parece pretender consagrar una suerte de derecho humano al consumo de gas ilimitado a ser pagado hasta un monto que no implique afectar la economía familiar”. Hay otro tema de fondo: “La Corte tampoco puede desconocer que el litigio colectivo tiene un rol implícito en la determinación de políticas públicas. En ese contexto, dado el alcance general de sus decisiones, los jueces deben tener siempre en cuenta el impacto económico y social de sus decisiones. En este caso, la Corte parece haberse despreocupado totalmente de las consecuencias inmediatas del fallo”. García-Mansilla es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
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Gils Carbó. “El nuevo Código Procesal Penal, recientemente aprobado, junto a las leyes asociadas a su implementación, surte el efecto, por un lado, de quitar poderes a los jueces para la investigación, el impulso y la terminación de los procesos judiciales criminales, y traslada esos mismos poderes a los fiscales, al tiempo que acrecienta la discrecionalidad en su nombramiento y asignación a los casos”, escribió el director Martínez de Hoz en julio de 2015. Aunque el director no la nombra, la preocupación es que podría ganar poder “quien ejerza el cargo de procurador general de la Nación”, o sea Alejandra Gils Carbó. Otro artículo en el mismo número, firmado por Hernán Munilla Lacasa, del estudio Munilla Lacasa, Salaber y De Palacios, plantea “la grave incógnita acerca de la independencia del Ministerio Público, principal protagonista del nuevo esquema”. Finalmente el nuevo Código Procesal Penal nunca fue complementado por la ley de implementación y quedó convertido en papel mojado.
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La corrupción. Un problema grave sería “el exacerbamiento del intervencionismo estatal en la actividad económica, donde casi todo lo que se intenta realizar depende de autorizaciones, trámites y licencias”, lo cual “no hace más que aumentar el número de ocasiones y oportunidades para conductas corruptas de un lado y de otro”. Palabra del director en julio de 2015.
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El memorándum con Irán. “Existen sobradas razones jurídicas, según entiendo, para sustanciar el proceso cuya base de constatación necesaria se ha dado con el propio texto del Memorando”, escribe Roberto Durrieu en julio de 2015. “También téngase en cuenta que la prueba a colectar puede resultar indiciaria, circunstancia que suele ocurrir comúnmente ante la necesaria probanza de delitos cuyo marco tiene las características de gravedad institucional como el que nos ocupa”, dice. Y cierra: “El dolo o su ausencia resultarán del contenido probatorio”. Durrieu se presenta como experto en fraude y es miembro del estudio Durrieu Abogados. Otro Roberto Durrieu fue miembro del equipo que secundaba al terrorista de Estado Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires junto con Alberto Rodríguez Varela y Jaime Smart.
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Medios y energía. En diciembre de 2013 el abogado Raúl Aguirre Saravia, del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, escribió sobre el fallo de la Corte Suprema acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tras la discusión entre el Grupo Clarín y el Estado. La sentencia era de octubre de 2013. “Al no reconocer un derecho adquirido a las licencias o concesiones del Estado, se afectó gravemente el derecho de propiedad. No solo en materia de medios audiovisuales o periodísticos sino en cualquier otra materia como puede ser la energética, tan importante hoy para los intereses estratégicos de nuestro país”. El Gobierno de Macri liquidaría tres años después la LSCA con un DNU en el que anulaba la descripción del objeto de regulación. La controversia entre el Estado y el Grupo Clarín por el dominio de mercado sobrevuela los últimos años de la revista. Al elogiar a un grupo de jueces, el director Martínez de Hoz (hijo) escribe en la edición de diciembre de 2012: “La actuación de la Cámara Civil y Comercial Federal marca sin embargo una bisagra en la defensa de las instituciones y un ejemplo para toda la sociedad civil. Su conducta contrasta sin duda con la de otros sectores, como los empresarios, que mayoritariamente han venido aceptando en silencio, cuando no con complicidad prebendaria, el avasallamiento de sus derechos y la destrucción de las instituciones republicanas. La reacción de la Cámara Civil y Comercial Federal constituye un ‘destello en la oscuridad’ y una esperanza para un cambio de conductas de la sociedad toda”.
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Gritos. En un artículo de julio de 2005 con el título de “La República asediada” el abogado Emilio Cárdenas alerta contra los gobiernos que llama “semiautoritarios”. Harían esto: “Montan, además, máquinas electorales y manejan las calles de modo de coparlas y sembrar temores mediante la utilización de grupos de choque o provocación que cuidadosamente movilizan en escuadrillas de colectivos o vehículos prolijamente organizadas con recursos financieros que no pueden disimularse. Con esos grupos atruenan el espacio con gritos y consignas breves, con las que pretenden que de la vociferante repetición de frases hechas, y no del diálogo, puede salir la razón o encontrarse la verdad”. Cárdenas fue embajador de Carlos Menem en las Naciones Unidas. Antes había llamado al gobierno de Menem “cleptocracia”, o sea gobierno de ladrones. Olvidó la frase cuando pasó a integrarlo.
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Remo. Reflexión del director en el número de diciembre de 2005: “¿O acaso no tenemos muchas veces la sensación de estar remando en un mar de dulce de leche? La tarea es difícil y larga. Cuando antes empecemos, mejor”. El editorial describía la falta de apego de los argentinos a las normas mediante una encuesta en la que, entre otras cosas, preguntaba si el encuestado alguna vez se había colado.
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Mao y Robespierre. En diciembre de 2012 Mariano F. Grondona, hijo del periodista Mariano Grondona y socio de Pérez Alati y Martínez de Hoz, escribió el artículo “Contracultura”. Dice un párrafo: “Pero se trata, en definitiva, de un verdadero engaño. Pues no hay una alternativa racional a los contratos, a la propiedad, a la información, a los controles institucionales. La alternativa es el poder absoluto, que nunca trajo bienestar, ni honestidad, ni progreso. La Revolución Cultural de Mao es un ejemplo malo de contracultura, como lo fueron los inicios de la Revolución Francesa. Y no vemos que Venezuela o Ecuador, estén hoy mejor que Chile, Uruguay o Brasil, por citar algunos ejemplos actuales y cercanos. La ilusión de que podemos progresar sin instituciones claras y firmes, no resiste el despertar del sueño revolucionario”.
