Desde Santa Fe

Doce diputados y diputadas nacionales por Santa Fe de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Socialista que votaron en contra de que los ministros de la Corte Suprema de la Nación y los jueces paguen el impuesto a las Ganancias fueron acusados ayer por colegas de la Legislatura de defender un “privilegio insostenible” que vulnera la igualdad ante la ley y de “incurrir en una manifiesta complicidad” con un “sector minoritario que está por encima del resto de los argentinos”. “Ante los privilegios no hay medias tintas: se los combate o se los defiende. Y lo que hicieron los (doce) representantes de nuestra provincia es protegerlos, y por lo tanto, legitimarlos, incurriendo en una manifiesta complicidad con el status quo”, denunciaron los indignados.

La acusación política tiene nombres y apellidos: los cinco diputados del PRO que votaron en contra de que los magistrados paguen el impuestos a las Ganancias: Federico Angelini (que es vicepresidente de su partido), Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y José Nuñez. Sus socios de la UCR: Mario Barletta, Ximena García, Juan Martin, María Victoria Tejeda (alineada con Evolución Radical que en la provincia lidera el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro). Más, la diputada de la Coalición Cívica, Laura Castets y los dos del Partido Socialista: Enrique Estévez y la ex intendenta de Rosario Mónica Fein.

La moción de repudio a los doce fue presentada ayer en la Cámara de Diputados de la provincia por el radical Fabián Palo Oliver, a quien acompañaron con su firma sus cuatro colegas de la centroizquierda: Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). El proyecto de declaración propone rechazar la “actitud asumida” por los doce legisladores nacionales de Juntos por el Cambio y el socialismo que “votaron en contra de la inclusión de los integrantes del Poder Judicial, en el universo de trabajadores y trabajadoras alcanzado por el impuesto a las ganancias”.

El debate se planteó en el presupuesto nacional 2023, en el artículo 100, que proponía que jueces, fiscales y trabajadores judiciales empiecen a pagar Ganancias que hasta ahora sólo alcanza a quienes ingresaron al Poder Judicial desde 2017. La norma fue rechazada por 134 a 116. Entre los 19 diputados nacionales santafesinos, el resultado fue: 12 a 7. Los doce de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Socialista votaron en contra del artículo 100 y a favor, los siete del Frente de Todos: Germán Martínez (que preside el bloque), Marcos Cléri, Vanesa Massetani, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Alejandra Obeid y Eduardo Toniolli. Y así quedaron eximidos del tributar Ganancias: el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sus colegas Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda y los seis ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, entre otros, que según los denunciantes tienen “un ingreso superior a los 5.000.000 de pesos”.

“Hemos visto con desazón cómo (doce) representantes del pueblo de Santa Fe en el Congreso, han consagrado –con su voto-, la continuidad de un privilegio insostenible” de una minoría que está “por encima del resto de los argentinos”, dijeron los denunciantes. “Ante los privilegios no hay medias tintas: se los combate o se los defiende”. Y “lo que hicieron” los doce fue “protegerlos y, por lo tanto, legitimarlos, incurriendo en una manifiesta complicidad con el status quo”.

“La política debe desarmar las desigualdades y eliminar las prerrogativas, no constituirse en defensora de ellas”

“No se estaba discutiendo si el salario es ganancia o no, como falazmente se intentó argumentar”. Lo que proponía el artículo 100 era respetar la igualdad ante la ley entre los trabajadores, que hoy no se cumple. “Cualquier trabajador en la Argentina y cualquier funcionario jerárquico, político o no, que supere el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, debe pagarlo, salvo que pertenezca a ese sector social” del privilegio que “son los integrantes del Poder Judicial”.

“En pleno siglo XXI no podemos seguir tolerando este tipo de prerrogativas que no encuentran ningún sustento y contradicen el espíritu del artículo 16 de la Constitución Nacional, violando incluso el principio de ‘igualdad entre iguales’ diseñado por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explica el proyecto de Palo Oliver.

“Trabajadores que desempeñan tareas de igual naturaleza en otros ámbitos del Estado, son alcanzados por el mencionado tributo. Sus pares, por el sólo hecho de pertenecer al Poder Judicial, no”.

“Hablamos de un piso salarial de 600.000 pesos, con jueces de la Corte Suprema de Santa Fe que tienen un ingreso superior a los 5.000.000 de pesos. En general, todo el Poder Judicial tiene salarios extraordinariamente altos y superiores al resto de los trabajadores, ley de enganche mediante. Por eso resulta indignante que la política, una y otra vez, convalide esos privilegios concedidos por aquella tristemente célebre Corte Suprema menemista”.

“La política debe asumir el rol que le corresponde y modificar esta situación, poniendo en un pie de igualdad tributaria a todos los trabajadores y trabajadoras del país”, concluyó.