En su informe “Para cada adolescente, una oportunidad”, Unicef también propone una serie de caminos posibles para que el Estado entable otras relaciones con chicas y chicos. El organismo delineó una serie de acciones y políticas públicas, que, de aplicarse, en algunos casos podrían reforzar otras existentes y, en otros, destrabar debates legislativos, como el de la responsabilidad penal juvenil, para estipular perspectivas basadas en los derechos humanos.
- Sancionar de una ley nacional que establezca un Sistema de Justicia Juvenil Especializado, que no disminuya la edad de punibilidad y sea acorde a los estándares internacionales.
- Reforzar los sistemas provinciales de justicia penal juvenil garantizando su especialización y leyes procesales acordes.
- Fortalecer el uso de las medidas alternativas a la privación de libertad, asegurando que para los adolescentes en conflicto con la ley penal, la privación de la libertad sea el último recurso.
- Fortalecer el sistema de protección integral de derechos para prevenir el conflicto con la ley penal y para la implementación efectiva de medidas alternativas a la privación de libertad.
- Implementar sistemas de monitoreo y control de los centros de privación de libertad con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos.
- Destinar recursos y esfuerzos a la prevención del conflicto con la ley penal incluyendo la prevención de la reiteración de hechos delictivos.
- Definir estrategias orientadas a la reinserción social para facilitar la inclusión de los adolescentes en un proyecto de vida alejado del delito.
- Diseñar e implementar un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces.
