La Justicia decidió intervenir la empresa Autopista del Sol (Ausol) para supervisar el contrato de concesión renegociado por el gobierno de Mauricio Macri. Además, le prohibió a la firma aumentar los peajes, distribuir dividendos y alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empresa. La decisión la tomó el juez Federal Enrique Lavié Pico como respuesta al recurso de amparo que interpuso el Poder Ejecutivo.

A través de un decreto publicado a mediados de septiembre en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández había ordenado iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Ausol y GCO, respectivamente, renegociados bajo la administración de Macri en 2018.

La presentación había sido realizada por el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad Nacional. "Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso", aseguró el ministro Gabriel Katopodis cuando se presentó en la Justicia.

Lo que hizo la Justicia ahora es intervenir la empresa, controlada por la española Abertis y la italiana Impregilo, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. Para ello designó como interventor al contador José Luis Perrone.

Renegociación polémica

En enero de 1994 Ausol suscribió con el gobierno de Carlos Menem un contrato de concesión del Acceso Norte que fue aprobado a través del decreto 1167/94. Posteriormente esa concesión fue objeto de diversas adecuaciones y de un Acuerdo de Renegociación Contractual celebrado en 2006, mediante el cual las condiciones del contrato se ajustaron a la emergencia declarada por la ley 25.561.

El acuerdo duró poco ya que en 2009 Ausol se declaró en default. Atribuyó la imposibilidad de pagar las deudas a que no se hizo la revisión integral del contrato de concesión, a que en el último año el peso se había devaluado "por encima de las expectativas", y a una disminución del tránsito por efecto de la desaceleración económica.

Si bien es cierto que la revisión integral no se llevó adelante, Ausol no tuvo sus tarifas congeladas. Después del acuerdo de 2006 aplicó un aumento de 15 por ciento y en enero de 2009 una suba del 54 por ciento en los peajes en horario estándar y del 104 por ciento en el horario pico creado a partir de esa fecha.

El conflicto siguió abierto y el 17 de diciembre de 2015, una semana después de la asunción de Macri, la compañía presentó una demanda en el CIADI reclamándole al Estado argentino la friolera de 1135 millones de dólares.

La concesión debía expirar el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el 26 de junio de 2018 el gobierno de Macri negoció una prórroga por 10 años y le reconoció una deuda de 499 millones de dólares. De ese modo, Ausol retiró su demanda del CIADI. A fin de garantizar la obtención de los fondos se fijó un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral más una actualización en cada oportunidad que el CER superara el 10 por ciento.

Según afirma el gobierno, sólo podría saldarse la deuda si las tarifas a los usuarios aumentaran en más de 12 veces respecto de su valor actual y, si aún así no se llegara a compensar a la concesionaria sería el Estado Nacional quien debería asumir el saldo.

Cuestionamiento

El gobierno impugna la renegociación de Macri pues afirma que, pese a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 25.561 de Emergencia Económica, se había establecido un mecanismo de pago en favor de la concesionaria fijado en dólares estadounidenses y que, según aquellos, representaría la inversión no amortizada

Con la pretensión de justificar las condiciones previstas en dicho acuerdo, se puso de manifiesto que la “inversión neta” fijada era imposible de repagar a través de las tarifas de la concesión que se encontraba próxima a vencer, razón por la cual se acordó una prórroga de 10 años y se establecieron compensaciones por parte del Estado Nacional en los supuestos de no cumplimentar el monto de tarifa pretendido.

A raíz de esta situación, el gobierno solicitó el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión del acuerdo y que el servicio pase a ser prestado por la firma estatal Corredores Viales. Sin embargo, la Justicia accedió parcialmente. Dispuso la intervención de la empresa, suspendió el mecanismo de compensación destinado a la recuperación de los 499 millones de dólares, prohibió distribuir dividendos y alterar la composición del capital social, pero no le cedió el control del acceso norte al Estado. Consideró que antes de ir más allá es imprescindible tener un mayor conocimiento del tema. “Tales planteos serán evaluados y dirimidos en el momento procesal oportuno, es decir, al momento de dictar sentencia definitiva”, dice el fallo.