Por unanimidad la cámara de diputados de la provincia decidió rechazar el veto del Poder Ejecutivo provincial a la ley 5777 de prestación alimentaria básica parental y ratificar el texto completo de la norma. El ejecutivo había argumentado que era anticonstitucional fijar una cuota alimentaria antes de que la Justicia se expida. Los legisladores observaron ayer que no se tuvo en cuenta la convención de los derechos del niño.

El espíritu de la norma era que a los deudores alimentarios de la administración pública provincial se le retuviera un porcentaje del sueldo en concepto de cuota hasta tanto la Justicia se expida sobre ese derecho. De esta manera se evitaba que los niños niñas y adolescentes esperen meses, incluso años, hasta que exista un proceso de mediación o una sentencia firme que ratifique la cuota alimentaria que debe abonar el progenitor no conviviente.

El Poder Ejecutivo interpretó que se trataba de una "retención indebida" y que iba en contra de los derechos del alimentante. Los legisladores refutaron y aseguraron que no se leyó el texto completo y que tampoco se tuvo en cuenta que en este tipo de casos no se trata de una pelea entre progenitores sino que el derecho es del niño, niña o adolescente y que este interés es superior según la Constitución nacional.

Al respecto, Cecilia Guerrero, autora de la ley que había sido votada unánimemente por ambas cámaras legislativas en su momento, consideró que los fundamentos del veto "no resultarían suficiente para invalidar directamente una ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras"

"Cuando fue analizado el proyecto se habló claramente de lo que sucedía cuando un niño o niña era privado por alguno de sus progenitores de su derecho alimentario ya que no solo se afectaba un derecho humano, lo cual constituye una vulneración grave, privando al niño del derecho a comer, a vestirse, a educarse al esparcimiento", dijo Guerrero y subrayó: "está en juego el interés superior del niño que no fue analizado en los fundamentos del veto".

Estos argumentos fueron acompañados por la mayoría de los miembros de la cámara. Al respecto la diputada opositora Juana Fernández destacó: "no solo la alimentación es un derecho humano sino también bregar como con esta ley para ver de qué manera agilizamos ,ayudamos y resolvemos mediante leyes", dijo y mandó a los asesores de Gobierno a "estudiar y capacitarse".

Adriana Díaz, por su parte, señaló que el ejecutivo ya había vetado una ley similar el año pasado que proponía un régimen de licencia parental que buscaba igualar las licencias por nacimiento o adopción a ambos cuidadores parentales. "Con el veto a esta norma tampoco se tuvo en cuenta el enfoque de derechos", dijo

La legisladora fue más allá y recordó también el veto del ejecutivo a la reforma de la ley Orgánica Municipal que evitaba con la nueva modificación que intendentes acusados de abusos sexuales siguieran ejerciendo sus cargos y su poder a costa del Estado.

El opositor Hugo Ávila también avaló el rechazo al veto y señaló que "El Ejecutivo está equivocado porque el objetivo de la norma fue resguardar de alguna manera los derechos del niño de forma provisoria hasta tanto la Justicia se expida".

El proyecto fue girado a la cámara de senadores para su tratamiento.

División

La sesión en la Cámara de Diputados estuvo marcada por la tensión en el bloque oficialista. En la votación del tratamiento sobre tablas del repudio al intendente oficialista Elpidio Guaraz, imputado por abuso sexual, el bloque se dividió. En tanto en el tratamiento del Veto del Ejecutivo a la Prestación Alimentaria algunos diputados oficialistas, entre ellos Gustavo Aguirre (quien votó en contra del repudio a Guaraz), Guillermo Marenco y la diputada Mónica Salazar, se retiraron del recinto.

El Caso Guaraz ya había ocasionado controversia el año pasado, cuando el Ejecutivo vetó La Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal fue sancionada en octubre de 2020. La norma plantea la destitución o suspensión del Intendente o un miembro del Concejo Deliberante “si fuese condenado penalmente por delito doloso, hasta tanto se resuelva en sentencia definitiva”, y también “por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones y/o inhabilidad física o moral grave sobreviniente”.

El veto permite que Elpidio Guaraz, intendente de Bañado de Ovanta siga ejerciendo su cargo a pesar de estar imputado por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada.

En tanto la diputada Adriana Díaz hizo un posteo bajo el título "La Filosofía de los Vetos", donde recuerda, además del veto a la Ley Orgánica, el veto a la ley de su autoría de Régimen de Licencias Parentales en la Administración Pública. 

"No estaríamos comprendiendo lo que significan las políticas públicas de los cuidados parentales desde los enfoques de derechos. No es una cuestión de presupuesto o de ámbito público o privado, sino de concepto", señaló.