"Es notable ver cómo los implicados en el escandalo del Clarín-Lewis-tour se defienden usando exactamente los argumentos que pergeniaron en el chat que ahora desconocen. En cambio, no escuché a nadie negar el viaje, el regalo de Clarín, ni las acusaciones". Con esas palabras, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sentó su postura respecto al escándalo político que incluye a jueces federales, ex agentes de inteligencia, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y directivos del Grupo Clarín.
El mandatario provincial calificó al hecho como "muy grave" y senteció: "no puede quedar impune". "Es el mismo sistema que mañana quiere condenar a Cristina con una causa armada y sin ninguna prueba", dijo justo en la previa al día en que la vicepresidente escuchará al tribunal dicatminar sobre sus supuestas responsabilidades en la causa conocida como "Vialidad".
Más temprano, en un comunicado conjunto que se difundió minutos antes de la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, diputados y senadores provinciales del Frente de Todos calificaron a las conversaciones entre jueces, ex agentes de inteligencia, empresarios de medios e integrantes del gabinete porteño como “un escándalo institucional” que, a su vez, conforman "un grave atentado contra a democracia, las instituciones y la división republicana de poderes”. El grupo de legisladores oficialistas exigió “la investigación de estos hechos mafiosos y la regularización del Consejo de la Magistratura”, al tiempo que recordó que esta última solicitud es producto de que la designación de sus miembros está “paralizado por la Corte Suprema”.
En las últimas horas se filtraron conversaciones de un grupo de Telegram protagonizadas por el juez federal Julián Ercolini –quien elevó a juicio la causa Vialidad-, los jueces Pablo Cayssiels, Pablo Yadarola, y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el procurador de CABA, Juan Bautista Mahiques; los ex AFI, Tomás Reinke y Luciano Bergot; y los directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
En el grupo de chat que se organizó con posterioridad a una nota publicada en Pagina/12 por Irina Hauser y Raúl Kollman, los protagonistas intercambian opiniones respecto un posible intento por generar pruebas falsas para justificar un encuentro entre todos los mencionados anteriormente en la residencia del intimo amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis, en Lago Escondido.
Horas antes, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, había advertido respecto a la existencia de “monarquía judicial articulada”. “Junto con otro poder fáctico, que son los medios masivos y monopólicos, es que se busca esmerilar y precarizar una democracia que nos costó tanto conseguir”, señaló el titular de la cartera laboral que pidió el repudio generalizado al hecho por parte de la dirigencia. “Aquellos que creemos profundamente en la democracia tenemos que dar una respuesta democrática, colectiva, abierta y contundente», aseguró.
La ministra de Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodriguez, reivindicó por su parte “la decisión de Alberto Fernández de investigar las operaciones ilegales de jueces, fiscales, funcionarios porteños y directivos de un grupo mediático”. “Es sumamente necesaria. No podemos permitir que estas prácticas mafiosas avancen por encima de las instituciones y la democracia”, afirmó la funcionaria.
Otro de los funcionarios provinciales que se había referido al hecho fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que tuiteó una foto de Héctor Magnetto acompañada con la frase “Alta mafia”.
En sintonía con el gobernador, desde los bloques oficialistas consideraron que los magistrados protagonistas del escándalo “son los mismos jueces y fiscales que participan activamente en la persecución de Cristina Fernández de Kirchner”, y no dudaron en señalar que son “los mismos jueves y fiscales vinculados a la jueza –María Eugenia Capuchetti- que no investiga el origen político del atentado contra la vicepresidenta.
Los legisladores condenaron el accionar de los funcionarios judiciales en relación a sus vínculos con los directivos del Grupo Clarín y advirtieron que “es preocupante para nuestra democracia ver a jueces federales y funcionarios políticos involucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de lujo”. Con el mismo tenor, aseguraron que los beneficios obtenidos que se desprenden de la lectura de los chats filtrados son “a cambio de la ilegal obediencia” que tuvo como objetivo “el armado de causas judiciales”.
