La médica residente Miranda Ruiz fue reconocida por protocolizar la coordinación de acciones en el peor momento de la pandemia de la covid-19 en Tartagal, en el departamento San Martín. 

El reconocimiento se llevó a cabo ayer lunes y estuvo a cargo de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en un acto en el Hospital Materno Infantil. Ruiz será la cara de Salta en el “Pasaje Soles”, un reconocimiento a 24 trabajadores de la salud de todo el país por los trabajos realizados durante la pandemia, y que será plasmado en las paredes del Instituto Malbrán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el momento de colapso del Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad norteña, Ruiz dispuso un plan de acción para pacientes que requerían atención urgente a raíz de las enfermedades signadas por la pandemia. La peor situación en esa zona se vivió entre agosto y septiembre de 2020.

Un año después, el 3 de septiembre de 2021 la médica estuvo detenida por algunas horas tras el pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, y por orden del juez de Garantías de esa ciudad, Héctor Mariscal Astigueta, tras haber atendido a una joven que accedió a una interrupción legal del embarazo (ILE).

Ahora Miranda Ruiz fue elegida entre agentes de la salud que propuso cada Hospital de la provincia para ser la cara en el mural que se hará en CABA. En su caso, la propuesta fue firmada por la exgerenta del Hospital de Tartagal, Lorena Torres, que en el escrito indicó entre otras cosas que: “(Ruiz) relega sus actividades de residencia ante la necesidad urgente del Hospital (...) por el marcado incremento de casos Covid brindándose completamente al equipo durante ese año, destacando su predisposición y dedicación permanente en la atención del paciente”. Otro punto destacado es que realizó “el protocolo de manejo de pacientes Covid 19 ambulatorios e internados”, así como “capacitaciones de tratamiento paliativo en pacientes terminales y manejo del dolor”, y acompañó “tanto a colegas como a personas de enfermería en la asistencia de pacientes críticos”.

Recientemente, destacó Torres, “se encuentra cumpliendo la rotación de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria en el municipio de Santa Victoria Este (...) desarrollando actividades destinadas al diagnóstico y tratamiento de la TBC, enfermedad endémica en la zona”.

La Justicia de Tartagal contra Ruiz

La detención de Ruiz pudo ser levantada solo tras la reacción de grupos de mujeres de todo el país. Pues pese a sus esfuerzos en la lucha contra la covid, fue buscada por personal policial en el Hospital de Tartagal, fue esposada y detenida. La suspensión de su libertad no duró más que unas horas aunque el procesamiento firmado por Mariscal Astigueta y la acusación sostenida de parte de Vega continuaron hasta este año, cuando finalmente la Justicia de Salta Capital dispuso su sobreseimiento.

“Una de las cosas que más me indignaron cuando me metieron presa fue justamente que le dije a Astigueta ‘doctor, no sabe lo que hice por el hospital en pandemia’. Pero aún así me detuvieron”, dijo Ruiz a Salta/12.

La médica recordó que un año antes de su detención, cuando estalló la pandemia con pacientes críticos a raíz de la covid, era la única especialista en Medicina Interna dentro del Hospital, por lo que tuvo que volcar sus conocimientos para poder articular las acciones.

“Para mí fue muy duro que la Justicia de Tartagal actúe así”, dijo al referirse a su procesamiento y detención por haber realizado una práctica legal. Añadió que en su perspectiva, este accionar evidenció “la corrupción y falta de compromiso social de fiscales y jueces” que se desempeñan en esta ciudad norteña.

Confirmaron fallo contra Suriani

El ataque directo a quienes garantizan las ILE, e IVE, e indirecto contra las niñas y mujeres, también fue sancionado por la Justicia salteña contra el exdiputado antiderechos Andrés Suriani.

Ayer se conoció que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la orden de la Justicia de primera instancia que ordenó al referente de estos sectores "abstenerse de ejercer actos de violencia psicológica en medios de comunicación masiva, cualquier red social (vía telefónica, facebook, whatsapp, twitter, instagram, etc.) y/o cualquier otro medio que afecten la libre elección, dignidad y la imagen" de una médica garantista que Suriani identificó a través de una fotografía como una de las que realizaba las prácticas legales a niñas y mujeres. La imagen de la médica iba acompañada de frases que la violentaban, razón por la cual la Justicia ordenó a Suriani abstenerse de continuar con estas medidas.

El ex diputado sostuvo que el fallo lo “adjetivó” y “encasilló” de manera discriminante al sindicarlo como “referente de grupos pro vida”. Insistió en que ese mensaje era privado y no fue viralizado por él, afirmando que la disposición judicial atentó contra su libertad de expresión.

“Del examen de los antecedentes obrantes en la causa emerge una clara situación de violencia generada a partir de las expresiones vertidas” por Suriani, “las que traslucieron una grave e injustificada agresión” hacia la profesional “haciéndosele infundado reproche por su condición de profesional de la Salud ‘no objetor de conciencia’, en el marco de la ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, indicaron los camaristas en el fallo confirmatorio de la sentencia de primera instancia. 

Añadieron la “notoria publicidad –intencionada o no-, que dicho hecho adquirió al ser difundido a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación”. Esta situación se presenta, indicaron los jueces, como “expansión” de la tradicional “prohibición o restricción de acercamiento”, adecuada a la realidad moderna, “en la que aparecen nuevas modalidades de comunicación (redes sociales), que amplían los horizontes delimitados con anterioridad por la normativa protectoria”.

Sin perspectiva de género

“Hay una de cal y otra de arena”, sostuvo María Laura Torrez, abogada de la médica (a quien en esta ocasión se resolvió no mencionar para seguir con la protección de su identidad ante eventuales ataques) al analizar el fallo de la Cámara.

Y es que del fallo surge que también se debe “imponer costas por su orden”. Esto, explicó la letrada, implica que cada una de las partes debe pagar a sus respectivos abogados, en lugar de disponer el pago completo por parte de quien perdió la instancia judicial.

“Esto suele ser aleccionador para las víctimas”, sostuvo Torrez; informó que por eso apelarán esta disposición e insistió en que la Justicia salteña debe tener “perspectiva de género” al momento de fallar.