Por Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
Aunque parezca increíble, siguen repitiéndose situaciones en el accionar del gobierno nacional, provincial o municipal, donde el “qué se hace" se empaña o contradice con el “cómo” se hace. Mientras lo primero puede estar representado por una obra necesaria y largamente demandada, las condiciones de ejecución no habilitan irrestrictamente a aceptar cualquier modo de hacerlo. Generalmente se descuida uno en detrimento del otro, como si no existieran límites en las decisiones de gobierno. Por eso decimos “una decisión lamentable para una obra necesaria”.
Hace poco más de un mes se conoció la apertura de sobres y la presentación de nueve oferentes para la construcción de los nuevos Tribunales Provinciales de la ciudad de Casilda y a la fecha la obra ha sido adjudicada.
De la ceremonia de apertura de ofertas participaron el gobernador de la provincia, Omar Perotti y el ministro de la Corte Suprema Provincial, Dr. Rafael Gutiérrez.
Es justo destacar, antes que nada, que la obra significa un importante anuncio para la justicia provincial y en particular para la ciudad de Casilda y la zona de competencia de estos Tribunales.
Sin embargo, sobre la marcha se supo, no oficialmente, que el proyecto de un edificio público de un ente oficial fue contratado a un profesional en forma directa sin ningún tipo de selección pública y que no pertenecería a la planta del organismo que emprende la obra.
Una acción de tanta jerarquía no fue producto de un concurso -algo que seguiremos insistiendo y reclamando-, para que los proyectos que se realizan con los recursos y los dineros de todas y todos quienes habitamos esta provincia sean los mejores entre la gran cantidad de propuestas que siempre aseguran.
Los proyectos deben formar parte de los presupuestos, y deben planificarse para cumplir con los tiempos requeridos en vez de dar respuestas de urgencia, garantizando siempre mayor transparencia.
Hace 15 años se definió el uso del Parque Municipal para la construcción de este edificio.
La demora también tiene que ver con la incapacidad de determinar prioridades: dejar que el inexorable paso del tiempo suponga que ya no era ese el lugar y cuando las instituciones y vecinos reclaman, la propia Corte, Juez y Parte, desestima el legítimo interés y reclamo de la ciudadanía.
Esto constituye una muestra más de improvisación y autoritarismo de quienes ejercen espacios de poder y el desconocimiento, desconcertante y preocupante, del valor de la participación ciudadana.
Que el edificio se emplace en un Parque Público fue una decisión tomada en el año 2007 en un convenio entre el Gobierno Provincial y el Poder Judicial, por el que se les cedió las tierras.
La manera de accionar con el hecho consumado, incluyó la estrategia de plantear la noticia públicamente con todo resuelto y cerrado, ya que comunicarlo con antelación hubiera generado el reclamo -que hoy existe-, de una multiplicidad de organizaciones e instituciones, y que ha desestimado la Corte. Y si algo faltaba, antes de cualquier autorización, se comenzaron a talar árboles en el predio del parque público, sin tener en cuenta el impacto ambiental negativo que esto genera, ni la significativa e irremediable pérdida de estas especies, sin que dispongan hasta el momento, ninguna actividad reparadora, ni el proyecto contemple la reforestación inmediata de la zona.
Resulta incomprensible y preocupante que no se hayan previsto emplazamientos alternativos, parece increíble que en 15 años las autoridades de la ciudad no repararan que este momento llegaría, eso implica planificar, adelantarse a los conflictos y tener alternativas, de lo contrario, el hecho está casi consumado. Que la decisión estuviera tomada hace tanto tiempo no quiere decir que fuera correcta ni que quienes les toca actuar en este tiempo no tengan la posibilidad de replantearse semejante desacierto.
Solamente cambiará este rumbo equivocado una toma de conciencia de parte del Poder Judicial, ese al que le confiamos la equidad para impartir justicia, asumiendo responsablemente la no construcción del edificio en el predio del parque público municipal y solicite al Gobierno Provincial y a la Municipalidad consigan predios alternativos.
Una obra que esperó casi 15 años para poder iniciarse, bien puede esperar un tiempo más y ser receptiva del reclamo de las instituciones y la ciudadanía de Casilda.
Predicar con el ejemplo no es imposible, solo es cuestión de responsabilidad social y utilizar con equidad los recursos de todas y todos los habitantes de la Provincia de Santa Fe que constitucionalmente tenemos derecho a ser escuchados, ya que el Parque no tiene ni voz ni voto. Eso esperamos del Poder Judicial.
