El gobernador Omar Perotti envió la semana pasada a la Legislatura el proyecto de ley para declarar nuevamente la Emergencia en materia de Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario en Santa Fe hasta el 31 de diciembre 2023. Se trata de la tercera solicitud en los tres años de gestión y en este caso eleva los límites máximos para licitaciones y concursos con el objetivo de agilizar las contrataciones. Si bien la intención del Ejecutivo provincial es que se apruebe en extraordinarias, desde la oposición adelantaron que primero quieren conocer el resultado de la que venció el 31 de diciembre pasado. En ese sentido, el diputado provincial Juan Cruz Cándido aclaró que “nunca nos negamos a discutir las herramientas que pide el gobierno pero primero tienen que venir los funcionarios a rendir cuentas de lo realizado hasta el momento”. Además, criticó que “de los 36 meses de gobierno ya llevamos 30 meses bajo emergencia en seguridad”.

El lunes pasado ingresaron en el Senado santafesino dos mensajes del gobierno provincial: por un lado, el nuevo pedido para que el órgano legislativo declare hasta el 31 de Diciembre de este año la "Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario", y junto a este, el requerimiento para que el proyecto sea tratado en las próximas sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo entre la primera y segunda semana de febrero. Entre los fundamentos del proyecto, se argumenta que la iniciativa tiene por objeto “poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia” y se pone de relieve “la vigencia de la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles”.

En su esencia, es muy similar a la Emergencia que venció el 31 de diciembre del año pasado, pero en este caso se lleva el límite de 6 a 12 millones de pesos para la realización de licitaciones públicas y concursos privados para las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, como compras de patrulleros, armas, municiones, chalecos, uniformes y equipamiento en general, mientras que para las licitaciones privadas de obras públicas se eleva el tope de 9 a 18 millones de pesos. Sin embargo, la misma ley contempla que en una situación de urgencia probada, se pueden evitar incluso esos máximos.

Justamente esa fue una de las contradicciones que criticó el diputado provincial Juan Cruz Cándido, perteneciente al bloque UCR Evolución y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja santafesina. En diálogo con Rosario/12, el legislador explicó que el mensaje del Ejecutivo provincial “es muy parecido al resto de las declaraciones de Emergencia pero en las anteriores se adjuntaba el programa de seguridad pública y algunos otros temas, pero en este caso es solamente la declaración”. Además, mencionó que “de los artículos que tienen relevancia hay uno que exceptúa la obligación de licitar o de los procedimientos de compra estipulados por la Ley Financiera pero en otros lo contradice y le pone tope a esos procedimientos; entonces es medio contradictorio, uno dice que no hace falta licitar y otro dice que no podrá licitar hasta determinado monto”.

Por otro lado, el diputado radical evaluó que “por lo que la piden ahora, no hace falta la Ley de Emergencia, porque la propia Ley 12.510 de Administración Financiera establece que en casos de urgencia o emergencia se pueden saltear los procedimientos administrativos siempre y cuando se fundamente debidamente el tema”. En ese sentido, recordó su gestión dentro del Ministerio de Seguridad cuando Maximiliano Pullaro estaba al frente de la cartera: “En base a mi experiencia, todo lo que invertimos en patrulleros, edificios policiales, el OJO, uniformes, equipos y demás, se hizo sin Ley de Emergencia, es decir que se pueden hacer compras igual”. Por ese motivo, criticó que “de los 36 meses de gobierno ya llevamos 30 meses bajo Emergencia porque la primera fue la Ley de Necesidad Pública, la segunda la Ley de Emergencia en Seguridad y ahora este pedido de prórroga”. Ante esta nueva solicitud, Cándido aclaró que desde su bloque -el cual preside Pullaro- “primero vamos a requerir que el Ejecutivo Provincial informe que resultado tuvo la Emergencia anterior, la cual, además, generaba un fondo de dinero de 3 mil millones de pesos, que por lo que tenemos entendido no se utilizó; por ende, primero deberán informar qué pasó con la Emergencia anterior”.

A la hora de evaluar la gestión de Perotti en materia de seguridad, el ex Director Provincial de Programación Territorial durante la gestión de Miguel Lifschitz lo resumió en datos estadísticos: “Tenemos el doble de homicidios y el triple de heridos de los que había el año antes de que asuma Perotti. Además, se desmadró la situación en las cárceles. Hacía 10 años que en Santa Fe no había motines y volvió a haber en el 2020. Evidentemente hay un desborde de la situación que, en parte, tiene que ver con el desgobierno porque nunca tuvieron en claro que querían hacer con la Seguridad Pública”. En ese sentido, lo graficó con el hecho de que el gobernador designó como ministro de Seguridad a Marcelo Sain, “que tenía una mirada de la institución policial de que prácticamente había que disolverla como existía y hacerla de cero”, y como jefe de Policía de Santa Fe a Víctor Sarnaglia, “que pensaba todo lo contrario de lo que pensaba Saín”. Por eso, Cándido consideró que “lo que nunca quedó claro es qué es lo que pensaba el gobernador respecto al tema porque se contradecía permanentemente, entonces, lo que estamos viviendo es la consecuencia de un gobernador que lo único que tenía claro en materia de seguridad era el slogan ‘Paz y Orden’”.

 

A propósito de las modificaciones constantes de funcionarios en materia de seguridad, Rosario/12 le consultó sobre el reciente cambio al frente de la jefatura de policía de Rosario: “Habla de lo mismo. No podes tener 10 jefes en 36 meses, lo que equivale a un jefe cada 3 meses y pico. Esto hace que, primero, ninguno pueda armar un plan operativo y de trabajo sabiendo que es muy probable que ante cualquier situación lo terminen cambiando, y segundo, que la fuerza, que necesita directivas claras y jefes estables, tampoco puede funcionar bien porque el cambio de jefe implica todo un cambio en el funcionamiento de la organización policial y más en una tan vertical como es la policía. No es un buen signo, pero tiene que ver con la poca claridad que el propio gobernador tiene sobre qué hacer con el tema”.