Los escándalos en los tribunales no se detuvieron en los últimos meses, pero nada logró hacer que el Consejo de la Magistratura saliera de la modorra en la que se sumió desde que el supremo Horacio Rosatti se hizo cargo del organismo encargado de la remoción y sanción de los jueces. Es tal la parálisis del cuerpo que ni siquiera está integrado porque el presidente de la Corte, el mismísimo Rosatti, no les toma juramento a los cuatro representantes que el Senado eligió para representarlo. Frente a esa decisión de mantener al Consejo durmiendo el sueño de los justos, tres senadores del Frente de Todos (FdT), Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, se presentaron en la Corte para pedir jurar y denunciar un trato discriminatorio por parte del titular del máximo tribunal.

A mediados de noviembre, el Consejo de la Magistratura debió renovar sus bancas. Abogados, jueces, representantes de las universidades, el delegado del Poder Ejecutivo e incluso los diputados juraron ante el presidente de la Corte. Sin embargo, no pasó lo mismo con los cuatro senadores elegidos para representar a la Cámara Alta: Recalde y Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular -FdT), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical, UCR) y Doñate (Unidad Ciudadana -FdT). Los cuatro siguen esperando definiciones del máximo tribunal mientras ven pasar los días.

El conflicto se suscitó porque el PRO reclama para el senador Luis Juez la banca que le asignaron a Doñate. Para hacerlo, dice que el FdT se fracturó artificialmente, al dividirse entre el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, para quedarse con tres sillas cuando debería tener dos. Luis Juez fue a la justicia, pero perdió en primera instancia y metió un per saltum para ir directo a la Corte, donde tiene confianza de ganar.

Es que, en realidad, la controversia por la banca se originó en un fallo de diciembre de 2021 de la Corte que tuvo una exorbitante catarata de efectos. Por un lado, entronizó a Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo. Por otro lado, elevó de trece a 20 la cantidad de miembros de ese organismo, lo que obligó a hacer elecciones en algunos casos y, en otros, a hacer nuevos cálculos para ver quién se quedaba con las preciadas sillas. Todo sucedió gracias a que la Corte resucitó una ley que llevaba quince años derogada.

Cuando todavía estaba en juego la banca para el período 2017-2021, Juez tuvo un espaldarazo de la Corte. La mayoría estable del alto tribunal –integrada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– dijo que la división del FdT había sido un “ardid” y no perdió el tiempo para responsabilizar a la presidenta de la Cámara Alta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner –cuando, en realidad, son los bloques los que se integran como quieren–. La prueba es que Juntos por el Cambio es una opción electoral única en la mayoría de los distritos pero en el Senado funcionan el PRO y la UCR como bloques separados.

La pelea en el Senado por la banca que quería Juez fue incluso uno de los temas por los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, mensajeó al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, según surge de la filtración que se conoció a finales de diciembre y obligó al funcionario a pedir licencia en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

“Hicimos la presentación porque sentíamos la necesidad de dar a conocer a la Corte Suprema nuestra preocupación y premura por jurar. Con el pretexto del reclamo del senador Juez, no se nos tomó juramento arbitraria e ilegalmente cuando no hay controversia con el resto de los senadores”, le dijo a Página/12 la senadora Pilatti Vergara. “Es tan injustificada la tardanza que a uno le da derecho a preguntarse si esto no es para paralizar el Consejo de la Magistratura”, añadió.

Los argumentos

Cada vez que los senadores preguntaron qué pasaba con su juramento, recibieron una respuesta. “Lo estamos estudiando”. El estudio de su situación –que no debiera ser tal– lleva más de dos meses, tiempo en el que la relación entre el máximo tribunal y el oficialismo terminó de eclosionar con un fallo a favor de la Ciudad en la coparticipación, los chats entre el vocero de Rosatti y el ministro de Larreta y el pedido de juicio político a los cuatro supremos que motorizó el gobierno.

En la nota presentada, los senadores remarcan que el freno que puso la Corte es notorio y atenta contra las normativas:

  • El presidente de la Corte no tiene más que tomarle juramento a los senadores, por más que sea muy afecto al estudio. “Se encuentra obligado legalmente a tomar juramento”, resaltaron.

  • El presidente de la Corte no debe evaluar las designaciones que hace otro poder. En todo caso, podrá hacerlo si el tribunal se avoca a tratar el per saltum de Juez, pero, antes de eso, deberá resolver la recusación que planteó el Senado porque Rosatti es juez en la Corte Suprema y parte en el Consejo de la Magistratura. “Estando el rol de la Corte Suprema acotado a la recepción por parte de su presidente de los juramentos de los nuevos consejeros, aquella carece de facultades de ‘estudiar’ nada respecto de las designaciones de los mismos. Máxime si tal ‘estudio’ implica una postergación e, incluso, en el colmo del abuso, una suerte de condicionamiento”, escribieron.

  • El trato que la Corte le da a los senadores –a los tres que integran las distintas fracciones del FdT y al legislador de la UCR– es “discriminatorio”.

  • La Corte está ahora apartándose de su propia conducta porque, según listaron los senadores frentetodistas, hubo otras designaciones conflictivas pero la Corte nunca demoró el juramento. Según el relevamiento del FdT, existieron más de diez acordadas de la Corte sobre designaciones controvertidas desde 2015, pero nunca existió esta parálisis.”Nos encontramos con una decisión de la Corte Suprema que, amén de abusiva, arbitraria y discriminatoria, posee un cierto carácter de facto, al no encontrarse debidamente formalizada”, subrayaron.

Para el FdT, el desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura implicó la paralización del cuerpo, más allá de que el supremo hacía saber que buscaba mostrar cómo el organismo podía funcionar. Durante el año pasado, los plenarios se contaban con los dedos de una mano, cuando hubo muchas más reuniones generales durante los años de pandemia.

“La Corte decidió trabar y paralizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que no podamos tramitar las denuncias contra los jueces de Lago Escondido o para que no podamos cubrir las vacantes que hoy ocupan de facto Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal para seguir persiguiendo a Cristina y blindando a Mauricio Macri”, le dijo Recalde a este diario.

Lo cierto es que el Consejo, tan solo en Comodoro Py, tiene una larga lista de vacantes por llenar: hay un lugar en la Casación tras la jubilación de Liliana Catucci y todo indica que pronto tendrá otro porque Eduardo Riggi cumple 75 años; en la Cámara Federal porteña debe designar a los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi; en los tribunales orales hay alrededor de media docena de lugares vacíos y en los juzgados de primera instancia ya se concursaron tres –los que quedaron acéfalos tras la renuncia de Sergio Torres, la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio–. El juez Luis Rodríguez ya anunció su retiro, por lo que quedaría una tercera parte de las oficinas del tercer y cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py sin ocupante. La situación no es mejor en el resto del país y eso impacta directamente en la calidad de justicia.