Desde Londres, Reino Unido.

El primero de febrero, a metros de la residencia oficial del primer ministro Rishi Sunak, en Londres, una multitud puso en evidencia la vitalidad que tiene el movimiento sindical británico.

Cientos de miles marchamos en las principales ciudades del Reino Unido como parte de medidas de fuerza que, de conjunto, involucraron a medio millón de trabajadores y trabajadoras. Las escuelas, las oficinas públicas y las universidades se cerraron masivamente. No se trabajó en el correo, los trenes, la guardia costera, los controles migratorios, las oficinas de turismo. Pocos días antes los hospitales y centros de atención médica habían sido testigos de la primera huelga de enfermeras y enfermeros en los 106 años de historia de su sindicato, el Royal College of Nursing (RCN).

Las empresas privatizadas de servicios y el sector público son el epicentro del descontento, pero la agitación sindical se expande más allá y el calendario de los próximos meses tiene contados días sin actividad huelguística. Lejos de todo triunfalismo, las verdaderas dimensiones de la situación llaman a la cautela. 

El voto por correo postal

Para les lectores argentinos puede ser una sorpresa, pero las restricciones que enfrentan los sindicatos británicos para actuar y sobre todo, para actuar de conjunto, son, por decir poco, sorprendentes. Como parte del legado de Thatcher, en el Reino Unido es necesario obtener el consentimiento de más de la mitad de las y los afiliados por correo postal, para poder tomar medidas como el trabajo a reglamento o la huelga en un sindicato.

Los votos por correo -no es legal la votación por vía electrónica, mucho menos por métodos de democracia directa- son controlados por un organismo independiente. Ese organismo certifica que el sindicato logró reunir las respuestas por escrito de la mitad más uno de sus afiliades y por tanto sus acciones son legales. Además, estas son legales sólo cuando las origina una disputa "legitima" entre empleadores y trabajadores, lo que en palabras sencillas quiere decir que las huelgas generales o políticas son ilegales y sus consecuencias, dramáticas.

En este marco, la coordinación de votaciones por sindicato que empezó en el verano pasado, el alcance de los niveles que exige la ley y la abrumadora mayoría de votos a favor del paro dan cuenta de la temperatura de la situación y permitirían cierta esperanza. Pero hay más.

Defensa del Estado del Bienestar

Se atribuye la ola de huelgas al aumento de la inflación (9,2 por ciento en 2022) en un país que se creía curado de tales males. Pero si bien la inflación y el reciente salto del costo de vida son factores que unifican la acción sindical, no son los únicos. El deterioro de las condiciones de trabajo y los años de caída del salario real dan cuenta, por ejemplo, de que, si nos quedamos en los efectos de la pandemia, de la invasión rusa en Ucrania, incluso en las consecuencias del Brexit, sólo se verá el árbol, pero no el bosque.

La situación de la economía británica es delicada desde antes, y la apuesta neoliberal (tanto de conservadores como de laboristas -con excepción de Jeremy Corbyn-) de que gobierne la "austeridad" para las grandes mayorías y el paraíso de privilegios y bajos o inexistentes impuestos para las minorías, tuvo y tiene consecuencias gravísimas en el tejido social y sobre todo para lo público.

Lo dijo en reiteradas oportunidades el exRelator Especial sobre pobreza y derechos humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, que visitó el país en varias oportunidades para constatar que les 14 millones de habitantes del reino que viven en condiciones de pobreza y el millón y medio que vive en pobreza extrema en la quinta economía del mundo (muches sin la comida diaria suficiente, dependiendo de ayuda estatal, de comedores o viandas escolares y de inestables arreglos de vivienda) lo hacen por una decisión ideológica de desmantelar lo que quedó en pie del Estado de Bienestar.

La denuncia de ese desmantelamiento y la defensa de lo que queda es, en gran medida, lo que está detrás las demandas sindicales. Es la defensa de la educación pública, del acceso irrestricto y gratuito al sistema de salud, de los servicios públicos y el interés general frente a las demandas del insaciables del mercado.

El protagonismo del sindicalismo

Un último elemento para considerar es quiénes forman parte de este dinámico movimiento. Hace unos años se discutía en el mundo anglosajón que, después de la contra-revolución neoliberal, las posibilidades del sindicalismo se encontraban entre formas de cooperación (social partnership) o un retorno edulcorado a la organización de base, más como ritual que como estrategia.

En los últimos años las alternativas mejoraron. Han surgido sindicatos que expresan estrategias más ofensivas, en un espectro que va desde demandar la regularización de la relación laboral en los tribunales (el caso Uber es paradigmático) a un retorno al sindicalismo militante que incluye campañas, huelgas no legales y la organización de los sectores más precarios y peor representados.

Pero la novedad no se agota ahí. Les dirigentes más importantes provienen de sindicatos tradicionales, como correos o trenes. Entre elles emergieron campañas como EnoughisEnough! (Basta es Basta) y la voluntad de coordinar fechas, solidaridades y el enfrentamiento político con el gobierno. El recorrido de este sindicalismo, que ha tomado distancia (o ha roto relaciones) con el laborismo ya hace mucho, es también signo de un cambio de época.

La ofensiva conservdora

Todo lo dicho hasta aquí podría ser auspicioso. Pero debe tomarse nota de que el movimiento sindical británico se enfrenta con innumerables obstáculos. Algunos son producto de años de retroceso (una investigación reciente destaca, por ejemplo, el rol disciplinador que tiene el endeudamiento personal en la acción sindical en un país donde los descuentos ante cada paro son draconianos). 

Otros se desprenden de las condiciones estructurales. A la crisis económica y el bajo crecimiento, se suma un país como baja afiliación sindical general (23 por ciento), muy baja presencia sindical en el sector privado (12,8 por ciento) y con una cobertura de la negociación colectiva menor al 30 por ciento.

El obstáculo más importante, sin duda, es la determinación del gobierno conservador de sentar un ejemplo y abrir un nuevo ciclo de ofensiva y saqueo. Como hiciera Thatcher contra los mineros en 1984, Sunak está decidido a no dar concesiones y a impedir acuerdos que puedan ser vistos como victorias obreras. La intromisión estatal para empantanar las negociaciones en casi todos los sectores es un ejemplo de esto.

Hasta hoy, los sindicatos mostraron enorme determinación y capacidad de crecimiento frente a estos y otros tantos obstáculos. Pero tiene razón Mick Lynch, el secretario general del sindicato de trabajadores de trenes, marítimos y de transporte, la victoria no está a la vuelta de la esquina. Esta es, muy probablemente, la gran batalla de una generación.

* Profesora en Relaciones Laborales. Universidad de Cardiff, Reino Unido.