La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió llamar a una audiencia pública para resolver si una expareja podrá o no destruir sus embriones crioconservados en un laboratorio. De esta manera, hace caso omiso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que habilita el aborto hasta la semana número 14 y busca rediscutir aspectos que ya fueron consensuados previamente. Si una persona está habilitada a descartar su feto cuando ya está implantado, ¿por qué no podría disponer con libertad cuando el material genético se haya en un estadio anterior en una clínica de fertilización? De manera solapada, el máximo tribunal busca abrir interrogantes que contienen resabios de una discusión ya saldada sobre cuál es el status legal de un embrión y, de manera subyacente, en qué momento empieza la vida.

“Esta familia está solicitando el cese de la crioconservación, y la realidad es que el descarte de embriones ya está resuelto en Argentina porque hay ley de aborto en nuestro país. Por eso, lo que está haciendo la Corte es una barbaridad. Podría no considerar vinculante el fallo de la Corte Interamericana (fallo Artavia Murillo y otros), pero con nuestra norma queda claro: si uno puede descartar un embrión hasta la semana 14 de embarazo, cómo no podrá descartarse cuando está en un laboratorio a 120 grados bajo cero. No tiene sentido y además es peligrosísimo”, expresa la legisladora Mara Brawer.

Es peligroso, según Brawer, porque abre la ventana para rediscutir una conquista ya conseguida y poner en duda un consenso logrado. A partir de un debate lateral y de manera solapada, se coloca en tela de juicio a la IVE: “Buscan volver a discutir e implantar un debate donde no lo hay. Llaman a audiencia pública porque quieren escuchar a los antiderechos otra vez. De nuevo quieren decidir si el embrión es vida, si es un asesinato. Claramente, es el vericueto que encontraron para poder dar marcha atrás o al menos poner en discusión derechos ya conquistados. No quiero pensar qué ocurriría si la Corte no falla correctamente”.

“Si Argentina legalizó el aborto, con lo cual una persona puede interrumpir el embarazo, y prevalece su voluntad antes que el feto, mucho más prevalecerá su voluntad si se lo compara con un estadio de desarrollo inferior de un embrión”, apunta Eleonora Lamm, doctora en Derecho (Universidad de Barcelona) y experta en el área. Después sostiene: “Si ya existe una ley que otorga prevalencia a la autonomía reproductiva, no se entiende por qué ahora habría que poner en discusión la entidad que tiene un material genético in vitro, que no es más que un conjunto de células”.

Marisa Herrera, doctora en Derecho (UBA) e Investigadora independiente del Conicet, comparte la postura de Lamm y afirma: “Después de la Ley de IVE queda claro: quien puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo descartar un embrión implantado hasta la semana 14, ¿cómo no voy a poder hacerlo mucho antes? Realmente no es un caso para audiencia pública”.

La excusa del vacío legal

El conflicto surgió cuando la expareja se presentó al laboratorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que habían realizado el tratamiento para la criopreservación de sus embriones, con el fin de solicitar su interrupción. A partir de técnicas de reproducción asistida, había conseguido tres embriones y quería destruir el material genético. Como el centro de salud negó esta chance --aludían que se requería de una orden judicial para poder cumplir con este pedido-- la expareja inició una demanda.

El antecedente inmediato es de 2014. Ante problemas de fertilidad, el exmatrimonio había acudido a la clínica y al año siguiente tuvo a su primera hija. Los otros embriones fueron criopreservados, por lo que en el presente buscan que la Corte autorice el descarte, pero el máximo tribunal argumenta la existencia de un vacío legal.

Si bien en 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, se preveía una ley que pudiera legislar sobre estos casos de embriones no implantados, el tema no fue abordado por el Congreso. Mara Brawer, diputada del Frente de Todos, es autora de un proyecto legislativo que apunta a regular cómo disponer de los embriones. “En su momento redacté un proyecto que buscaba echar luz sobre este tipo de debates. Versaba sobre el acuerdo previo que debía haber entre los donantes de los embriones para estipular el destino. Uno genera embriones y en muchos casos no coincide con la cantidad de los que necesita, por eso es tan importante manifestar la voluntad con respecto al futuro de aquellos que no se implantan. También refería a la utilización científica del material genético y demás aristas”.

Para Brawer, entonces, si bien hace falta regular aspectos generales sobre los embriones, en este caso puntual no existe un vacío legal que amerite la convocatoria a audiencia pública. “Jurídicamente, el estado de desarrollo de un embrión en un tubo de ensayo es menor al que puede presentar un embrión cuando está implantado”, destaca. 

Lamm acuerda con la legisladora y destaca: “Aunque no haya una ley específica sobre qué hacer con los embriones no implantados, hay toda una batería de normas --como la ley de reproducción asistida, la IVE, el Código Civil y Comercial, o bien, la jurisprudencia de la CIDH-- que establece que a esos embriones in vitro no se le puede dar la entidad de una persona como se pretende hacer ahora”. En efecto, según las especialistas, si se realizara una interpretación sistémica de la legislación, la situación no dejaría lugar a dudas.

El artículo 19 de ese mismo código determina la existencia de la persona desde su concepción, sin distinguir dónde se encuentra el embrión, dotándolo de protección y derechos. El fallo “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, estipula que el derecho a la vida está protegido una vez que el embrión ya está implantado y no antes.

Un aspecto que esgrimen quienes están en contra de la destrucción de los embriones es que antes de destruirlos, la expareja podría donarlos a otra pareja estéril que desease tenerlos. Pero aquí la discusión se ramifica y abre múltiples ventanas porque se requiere de la autorización de quienes aportan los gametos para que ello ocurra. Y, en este caso, a priori, los aportantes no estarían de acuerdo en esta cesión.

La especulación de los laboratorios

También es fundamental advertir el rol que desempeñó la clínica de reproducción asistida porteña. Se trata de colocar el ojo en la firma del consentimiento informado porque, precisamente con el fin de evitar estas discusiones futuras, las partes rubrican este documento. Por intermedio de este instrumento, la institución y quienes solicitan el servicio se ponen de acuerdo, y se expresan los derechos y las obligaciones.

En esta línea, Lamm refiere al accionar de los laboratorios. “En muchos casos, son los centros de reproducción asistida los que están poniendo algún límite y solicitan una autorización judicial, cuando en verdad no corresponde una autorización de este tipo. Las personas que aportaron el material genético tienen potestad para decidir qué hacer con él”.

Según el principio de legalidad, todo lo que no está prohibido, está permitido. Por ende, ante la ausencia de una ley específica que regule qué se puede hacer con esos embriones, los individuos podrían hacer lo que quisieran. “También es cierto que los centros se cubren y dilatan el procedimiento porque en el medio siguen cobrando el servicio de una crioconservación que se abona a partir de un monto anual”, detalla la experta. Todos los actores que meten la cuchara especulan y extraen algún rédito bajo el argumento del vacío legal. Chivo expiatorio de intereses subrepticios.

No obstante, bien vale destacar: muchos laboratorios no se oponen a dar el material genético a sus aportantes para que realicen una libre disposición al respecto. “Hay que ver la cantidad de embriones que se devuelven a sus aportantes mediante autorización judicial y no llegan a la Corte. Son muchísimos, pero bueno tampoco hay que olvidar que la comunidad médica es bastante conservadora”, plantea Herrera.

Maniobra al descubierto

Aunque la de ahora parece una puja emergente, lo que se busca con esta convocatoria es rediscutir leyes como la IVE que en el pasado reciente fueron sancionadas con consenso jurídico, científico y social. “A mí esta situación no me deja nada tranquila. No es para nada inocente el hecho de haber puesto en la agenda este tema por parte de la Corte. Se somete a discusión temas que ya fueron lo debidamente discutidos en nuestra sociedad. En cualquier caso, lo vinculado a la regulación de embriones necesita de una ley específica, que es tarea del Congreso y no de la Justicia”, expresa Nelly Minyersky, abogada y una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Este tema es sensible porque es político. Claramente sabemos cuál es la posición ideológica de algunos miembros de la Corte Suprema, y está claro el guiño a los sectores más conservadores. Todo pañuelo celeste está en contra del descarte de embriones, por lo tanto, este debate se parece mucho al debate que se produjo con la IVE”, determina Lamm. Luego continúa: “Hacer una audiencia pública sobre esto para volver a escuchar todos esos argumentos no tiene sentido. En este caso, ni siquiera está en juego el cuerpo de una persona. Me pregunto: ¿este conjunto de células crioconservadas, entonces, tendrá una entidad jurídica mayor que el feto ya implantado en el cuerpo de una persona?”.

La Corte podría haber expedido una sentencia con el fin de ordenar al Congreso de la Nación que sancione una ley especial para embriones, pero ese no fue el camino escogido por los altos magistrados. ¿Por qué? Porque, como dice Herrera, la Corte está formada por personas que tienen un claro posicionamiento político y “una estrategia encubierta”. “Pienso que la Corte quiere consustanciarse con la iglesia y con el sector empresarial. Ya empieza a haber rumores. Nos llega a ir mal y habrá problemas porque lo que están buscando es invertir la lógica: si se considerase persona al embrión, cuánto más lo serán los fetos de 14 semanas. Buscan desacreditar la ley de aborto. No hay que darle más vueltas”, cierra Herrera.

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