La palabra EDESUR está en boca de todos. Las falencias, la falta de inversión y la adulteración de la información oficial por parte de la empresa hicieron emerger diversos debates dentro del círculo político. ¿Alcanza con multar a la empresa? ¿Soluciona los problemas estructurales? ¿El Estado debe compra del 51% o quitar de la concesión? BuenosAires/12 dialogó con influyentes actores del sector energético, quienes brindaron su visión acerca de los pasos a seguir.
Las constantes fallas y el bajo nivel del servicio brindado por EDESUR atraviesan la vida de los habitantes del sur de la Provincia de Buenos Aires. EDESUR es un problema bonaerense. En sus funciones, la Empresa Distribuidora Sur abarca una parte de la Provincia que, dentro de la jerga eléctrica, es denominada como una “zona dura”. Es una referencia a la cantidad de usuarios. EDESUR opera brindándoles su servicio a 2,5 millones de clientes. La mayoría de ellos, 1.800.000, son titulares bonaerenses. Están desparramados en doce distritos: Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela y también, como los más afectados por los apagones recientes, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes y Berazategui. De toda la electricidad brindada, solo el 40 por ciento va a usuarios residenciales. El resto atiende a empresas, comercios y al Estado.
Este peso territorial, a veces soslayado, es el que impulsó al jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, a proponer que los municipios bonaerenses que están bajo el ala de EDESUR se hicieran cargo de la compañía, tomando la posta en la distribución de electricidad. Por eso fue que en su cuenta de Twitter, Insaurralde subrayó que hace tres años viene denunciando el accionar de la empresa. Y resaltó: “los municipios responsables de la zona de influencia de EDESUR creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto”. Además, propuso “armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas del mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale”. Con esta propuesta, lo que busca el jefe de Gabinete es “hacerse cargo de EDESUR preservando, en poder de los municipios, el valor de los activos regulatorios” con el fin de ponerse “al frente de la inversión que hace falta para terminar con la desidia de la empresa”. Este pedido fue respaldado publicamente por los intendentes Nicolás Mantegazza, Marina Lesci y Jorge Ferraresi. Por su parte, los intendentes Fernando Gray, Andrés Watson, Juan Fabiani y Mayra Mendoza, también hicieron público su descontento con el accionar de la empresa.
Al ser consultado, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Energía, Walter Martello, aseguró: “Siempre hubo falencias. Los argumentos de EDESUR son que no tienen tarifas, pero si vos haces un recorrido hacia atrás, aun teniendo tarifas con aumentos que promediaban el 2500 por ciento, la cantidad de cortes fue significativa, con lo cual, el argumento de no poder invertir por ese motivo se cae al examinar los datos”. Además de no brindar el servicio energético de forma adecuada, según Martello, la empresa que hoy está en poder del Ente Nazionale per L’energia Elettrica –ENEL- no cumple con la correcta atención al público. La falta de inversiones en transformadores, estaciones y cables son los causantes de los cortes que ahora mismo están ocurriendo.
El gobierno nacional, a través del ENRE, apostó a las multas como llamado de atención y castigo para con EDESUR. “Todo lo que tiene que ver con la calidad de servicio, que es lo que nosotros tenemos que controlar, termina en formulación de expedientes de multas. De septiembre a la fecha, hemos aplicado casi 2.000 millones de pesos de multa. Las inversiones no solamente tienen que ver con las obras, sino con la calidad de atención al cliente y con distintos aspectos que ellos no vienen cubriendo crónicamente y que en los últimos tiempos se vienen agudizando. El problema es que EDESUR no da respuestas, las falencias siguen ocurriendo”, señaló el interventor.
Si bien hizo hincapié en la importante suma de dinero que se aplicó en multas, Martello informó que “las falencias siguen ocurriendo”. En sintonía, diversos actores del mundo de la energía demostraron que no son partidarios de las multas como método para la modificación de las estructuras eléctricas. Marcos Rebasa, ex director del ENRE, remarcó: “Cualquier solución tiene que ser la base de una solución definitiva. La multa es para la gilada, no sirve para nada”. “Las multas son para pasar el momento. La empresa las va a apelar, no las van a pagar y no les hace problema” afirmó.
Otro de los que se mostró disconforme con el procedimiento de apercibir a la empresa a través de las multas fue el secretario general de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, quien afirmó que “las multas no sirven para tratar el problema de fondo”. “La Secretaría de Energía se ocupa en ver cómo le puede arreglar la tarifa, cómo le puede descontar las deudas y arreglar para que paguen, pero nadie se pregunta por los 30 años de servicios”, dijo. "Nadie sabe dónde está la plata que falta, dónde está la inversión, ni qué trajeron de nuevo a la Argentina.”
Sobre la posibilidad de que el Estado tome cartas en el asunto, Martello aseguró: “En cuanto a la compra del 51%, creo que el Estado debe tener una fuerte presencia. Es un servicio monopólico y esencial”. Pero, pese a ello, resaltó: “cualquier modificación debe tener, primero, consenso político, porque es una decisión que se toma por muchos años -a la empresa le quedan 60 años de concesión-. Y, segundo, hay que tener recursos. Hay que buscar alternativas, quizás una opción sea como se hizo en Brasil con la empresa Electrobras, que el Estado tiene el 45% y el resto privado”.
En sintonía, y con las diputadas Vanesa Siley y María Rosa Martínez, tras enterarse de que la controlante ENEL ordenó la venta de todos sus activos en la región, el secretario general de APSEE formuló un proyecto de Ley en donde invita al Estado a plantearse la posibilidad de adquirir el 51 por ciento de EDESUR y “crear una empresa mixta, al estilo YPF”. Remarcando la capacidad y la idoneidad de aquellos que desempeñan sus tareas en Energías Argentinas, Minucci destacó que son ellos quienes deberían “comandar el 51% en caso de que el Estado proceda a comprar los activos”.
El ex director del ENRE Marcos Rebasa y miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz reflexionó: “El dilema no es económico, es político. Hay un arrastre de una situación sin solución que nadie se anima a encarar. Que esto siga en manos privadas es la única no-solución. Si ENEL se la vende a cualquier grupo privado, te firmo acá que la solución no va a existir”. Y opinó: “En las opciones que se presentan, yo soy partidario de quitar la concesión. Hay que aguantarse el juicio, pelearlo a muerte y hacer una empresa moderna”, aunque se preguntó si alguien se animaría a hacerlo en los diez meses que quedan de mandato. "¿El Gobierno tendrá el coraje suficiente?". Además, destacó que, si se hace cargo, el Estado deberá invertir en EDESUR entre cinco y diez años “de manera intensa” para dar un servicio bueno dentro del Gran Buenos Aires.
Rebasa afirmó: “EDESUR, de forma muy oscura, recibe reembolsos no claros de mucha cantidad de dinero. Uno de ellos lo denuncié yo, Les han perdonado un montón de dinero, y ahora se les perdonó otra deuda. Perdonar significa brindar una gran cantidad de plata”.
Quien explicó cómo funcionó ese procedimiento fue Mariano Lovelli, abogado y presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad:
*“Las generadoras, dueñas en su mayoría de Caputo, generan electricidad, pero no la venden individualmente. Hay un organismo que se encarga del despacho, que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima -CAMMESA-. Las generadoras se las vende a CAMMESA, y esta la vende a las distribuidoras, que finalmente se encargan de llevar la luz a los hogares. Si uno se fija las boletas, están compuestas por tres costos: transporte, distribución y la electricidad mayorista”.
*“En la plata que ingresa a través del impuesto, el valor de la electricidad mayorista le corresponde a CAMMESA. Y es allí donde se trunca la cuestión, porque en ese pasamano EDESUR le compra la energía a CAMMESA, le lleva el servicio a la gente y se lo cobra. Pero cuando la gente paga, EDESUR no le envía el dinero correspondiente al despacho general. Por más que a CAMMESA no le entre plata, el organismo no puede cortar el servicio porque el país entero se quedaría sin luz”.
*“Por lo tanto, EDESUR aprovecha ese hueco, no paga, y el tesoro nacional es el que se hace cargo de la deuda, para que CAMMESA pueda seguir pidiéndoles a las generadoras... ¡Cuyos dueños son los mismos que brindan el servicio y que a su vez no reintegran lo correspondiente a la distribuidora! Acumulan deuda, pero les entra plata. Distinto al caso de los usuarios, desde ya, porque si el usuario no paga la luz, a los 30 días se la cortan. CAMMESA, en su caso, no puede hacerlo con EDESUR”.
Al ser consultado sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir por parte del gobierno, Lovelli declaró: “En el plano ideal, coincido con Rebasa. La opción de la quita de concesión, si están bien acreditados los incumplimientos, para mí es lo que corresponde. Si tengo que elegir, también elegiría el camino de romper el contrato por culpa del concesionario, tal como hizo Néstor Kirchner con Aguas Argentinas, y aplicar un modelo similar”.
Agregó el presidente del Cepis: "Un servicio público esencial derivado de un monopolio nunca puede estar en manos de un privado. Para nosotros no hay dudas de que debe estar bajo la conducción estratégica del Estado. Hay que dejar atrás esa visión privatista de los servicios públicos, de tener una mirada de mercado del sector, porque es estratégico para el desarrollo de un país y para la vida de las personas”.
EDESUR es hija de las políticas de privatización menemistas. Tras facilitar el ingreso del capital privado a la operación del sistema, que hasta ese entonces estaba en manos de SEGBA, se optó por desintegrar el manejo en tres ramas: generación, transmisión y distribución. Durante el año 1992, el Poder Ejecutivo Nacional le adjudicó el 51% de las acciones a DISTRILEC, un grupo inversor chileno. El contrato de concesión firmado por aquel entonces estableció una duración de 95 años, pero en el año 1999 y tras un apagón ocasionado por falta de inversiones, la presión social y la inmensa cantidad de multas hicieron que los inversores den un paso al costado.
Las acciones de DISTRILEC, a mediados de 1999, quedaron en manos de la ENDESA española, quien se hizo cargo de la concesión durante diez años hasta la llegada del Ente Nazionale per L’energia Elettrica –ENEL-. La empresa italiana se hizo accionaria mayoritaria de ENDESA y, automáticamente, adjudicó EDESUR. A ellos se le suma Central Puerto, de Nicolás Caputo, quien es uno de los accionistas mayoritarios en la actualidad. Hoy por hoy, -según EDESUR- el capital total de la empresa ronda los 898.585.028 millones de pesos.
