Con el protagonista de la jornada ausente, la Comisión de Juicio Político volvió a reunirse para escuchar una ronda de testigos en el marco de la investigación a los cuatro jueces de la Corte Suprema. El faltazo del fiscal Carlos Stornelli no fue una sorpresa, pero terminó monopolizando gran parte del debate entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (que, en muchos casos, terminó a los gritos). La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, definió reiterar la citación a Stornelli y advirtió que, si el fiscal volvía a negarse a comparecer, se buscaría su desafuero para obligarlo a comparecer a través de la fuerza pública. Ante la ausencia de Stornelli, el verdadero terremoto lo generó un testigo llamado por la Coalición Cívica: el ex senador radical Mario Cimadevilla. Convocado para dar cuenta de las irregularidades en el manejo del presupuesto del Poder Judicial, el ex titular de la unidad de investigación del atentado a la AMIA terminó acusando al gobierno de Mauricio Macri de encubrir "amigos".

Fiscal reticente

Nadie se esperaba que compareciera, pero la ausencia del fiscal Stornelli terminó generando una verdadera batalla campal en torno a la facultad del Congreso de obligar a comparecer a jueces y fiscales en el marco de un juicio político. Apenas arrancó la audiencia testimonial -la segunda desde que comenzó la investigación-, Gaillard se encargó de ponerles fin a las especulaciones y anunció que no se aceptaría la declaración por escrito que Stornelli ofrecía como alternativa a su testimonio personal: "Si exceptuamos de comparecer presencialmente a personas que no están indicados en el reglamento estaríamos violando la Constitución. Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial, con lo cual vamos a volver a citarlo", declaró la presidenta de la comisión. "Y si no comparece y es testigo reticente iniciaremos el proceso de desafuero para traerlo por la fuerza pública", agregó, y comenzaron los primeros murmullos de JxC.

El fiscal había sido convocado para que explicara por qué había pedido, en plena feria judicial, el cierre de la causa que investigaba los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, vocero del juez Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Por este motivo había sido citado, la semana anterior, el juez Sebastián Ramos, quien había negado tener un vínculo sistemático con D'Alessandro mientras, al mismo tiempo, una nueva filtración daba cuenta de conversaciones entre el juez y el ministro porteño. Por este motivo, tras anunciar que si Stornelli no comparecía se iría por su desafuero, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, propuso remitir a la Justicia las declaraciones de Ramos para avanzar en una denuncia por falso testimonio.

"Usted, presidenta, no puede tomarse esta atribución de interpretar el reglamento, corresponde aplicar lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Código Procesal. A cualquier funcionario que el Código Procesal le dé posibilidad de declarar por escrito hay que hacerlo para guardar su decoro", cuestionó el lilito Juan Manuel López, el encargado de dejar asentado el escudo protector con el cual JxC envolvió a Stornelli desde el minuto uno. Para la oposición, correspondía aplicar el artículo 63 de la Ley del Ministerio Público Fiscal que sostiene que los fiscales están exentos a declarar presencialmente como testigos. "Eso es ante los tribunales, López. Si no tiene nada que ocultar debería venir a la comisión", le respondió Gaillard, mientras desde el bloque oficialista, algunos por lo bajo y otros en voz bien alta, recriminaban: "¿Por qué tanto apuro en protegerlo?".

Lentamente, la discusión técnica respecto a si correspondía valerse del reglamento interno de la comisión o de la Ley del MPF se convirtió en una discusión a los gritos. "El reglamento es la primera norma, nunca antes hubo un cuestionamiento al reglamento hasta que nos encontramos en una situación que no le gusta a JxC", se quejó Rodolfo Tailhade (FdT), quien también aprovechó para responder las dos grandes acusaciones que desde JxC se hacen al proceso: "Aflojemos con la cara de titanio, ni espionaje ilegal ni excursión de pesca", gritó, entre algunas risas oficialistas. 

"Esto es solo otro intento de utilizar la comisión como un organismo ilegal de inteligencia", cuestionó, por su parte, Silvia Lospennato (PRO). A cada rato Gaillard insistía (para evitar un efecto contagio y que todes les fiscales y jueces citados optaran por declarar por escrito): había que atenerse al reglamento interno. En un momento, incluso, llegó a decir que el procurador Eduardo Casal estaba de acuerdo con esta postura porque le había remitido a Stornelli la postura de la presidencia de la comisión. "Mentirosa", le decía López. Ahí, Germán Martínez explotó: "¿Quién carajo te crees que sos?", le gritó, levantándose de la silla. "¿Estás nervioso porque se incendia Rosario?", lo chicaneó López.

La tensión fue escalando hasta que llegó el momento de votar la nueva citación de Stornelli. Mientras se aprobaba la nueva convocatoria, la Procuración recibía una nota del fiscal donde este ya anticipaba que no comparecería -ni ahora ni nunca- valiéndose, punto por punto, de los mismos argumentos que habían sostenido los legisladores de JxC. "O ellos le dieron letra a él o él a ellos", ironizaban en la bancada oficialista.

A pedido de Tailhade se incorporó como testigos a los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, cuyos chats con D'Alessandro también habían sido filtrados y habían asegurado públicamente que eran reales.

Encubrimiento

El primero de los testigos en declarar fue el ex senador radical y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla. Para entonces ya gran parte de les diputades de JxC se habían retirado, excepto la Coalición Cívica y el radical Fernando Carbajal. Comenzó el interrogatorio Paula Oliveto (CC), quien buscó indagar respecto a la administración de los recursos del Poder Judicial. "En el Consejo de la Magistratura se eliminó todo tipo de control presupuestario", aseguró Cimadevilla.

La CC buscaba orientar el interrogatorio contra Ricardo Lorenzetti cuando este era presidente de la Corte, pero el FdT tenía otro objetivo en mente: probar que existe un mecanismo de negociación de sentencias en la Corte. Por ese motivo Leopoldo Moreau aprovechó y le preguntó a Cimadevilla por qué había renunciando como titular de la Unidad de Investigación AMIA durante el gobierno de Macri. "Los abogados eran permanentemente hostigados. En vez de ser una unidad de investigación era una unidad de encubrimiento del ministro Germán Garavano", lanzó. 

No fue lo único que dijo que dijo Cimadevilla: "Me da mucha pena que tengamos que escuchar candidatos presidenciales que digan que Garavano puede ser de nuevo ministro de Justicia, como dijo Horacio Rodríguez Larreta". En el FdT tomaban nota y, algunos por lo bajo, reían: "Y fueron ellos solitos los que se tiraron debajo del tren".

"En la causas que se están tramitando, la del 2x1, la del Consejo de la Magistratura, de la coparticipación existe una severa sospecha de que las sentencias fueron traficadas. Y que en esa negociación participaron miembros del Poder Ejecutivo como el doctor Garavano", explicó Moreau. Luego de Cimadevilla comparecieron también los funcionarios de la Corte Sergio Napoli y Gustavo Naveira.