Los ingresos de una persona limitan su nivel de gasto. Los números cierran si las erogaciones son iguales o inferiores a los ingresos. La ortodoxia económica traslada este razonamiento al manejo de las cuentas públicas. En esa línea, el enfoque de las “finanzas sanas” defiende el equilibrio presupuestario. La equiparación entre finanzas públicas y hogareñas es desatinada porque, entre otras cosas, el Estado puede emitir dinero.
El principal problema de la economía argentina no es fiscal sino la brecha externa. El déficit de cuenta corriente fue del 2,7 por ciento del PIB el año pasado. En el primer trimestre del 2017, el déficit creció 40 por ciento interanual superando los 6000 millones de dólares.
Sin embargo, el macrismo plantea la búsqueda del equilibrio presupuestario como un objetivo de primer orden. Apenas asumió, el ministro de Hacienda y Finanzas difundió una meta de reducción progresiva del déficit fiscal. El cronograma de Alfonso Prat Gay preveía un “rojo” del 4,8 por ciento del PIB en 2016, 3,3 por ciento en 2017, 1,8 por ciento en 2018 y 0,3 por ciento en 2019.
Lo cierto es que, como era previsible, la política de ajuste incrementó el déficit fiscal por caída de la actividad económica. Las cuentas públicas hubieran cerrado con un déficit cercano al 6,5 por ciento del PIB, de no haber mediado los ingresos extraordinarios del exitoso blanqueo de capitales. Eso determinó una redefinición (al alza) de las metas informadas por Prat Gay (4,2 por ciento en 2017, 3,2 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019).Lo que viene para el 2018 es una mayor reducción del gasto público. Mauricio Macri sostuvo que es necesario “discutir donde se va a recortar para reducir el déficit”.
Esa cuestión fue debatida en la reunión de Gabinete del 6 de junio pasado. Según fuentes oficiales, la orden presidencial fue definir áreas y programas susceptibles de ser eliminados. Al término del encuentro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precisó que el Presupuesto 2018 “será austero y con menor peso del Estado sobre la economía”. Lo que esta claro es que el gobierno avanzará en la reducción de los subsidios a los servicios públicos.
El recorte de esa partida se torna “inevitable”, en el marco de la lógica oficial, por su gravitación presupuestaria. El Estudio Broda estima que para eliminar los subsidios sería necesario aumentar 200 por ciento las tarifas de transporte, 100 por ciento las eléctricas y 300 por ciento las gasíferas.
El creciente peso de las tarifas públicas en el presupuesto familiar incrementará la pobreza energética. Esa categoría incluye a todos los hogares que presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos. Los pobres serían aquellos que destinan más de un determinado porcentaje de sus ingresos a pagar el costo de una canasta energética mínima.
El concepto de pobreza energética se popularizó a partir de los trabajos iniciales de Brenda Boardman en 1991. “En la Unión Europea el tema se encuentra constantemente en agenda, y todos los inviernos y veranos se repiten los incrementos en el número de muertos por la ola de frío o de calor. La pobreza energética afecta el bienestar general de los individuos, pero especialmente tiene impacto sobre la salud. En 2003, la UK National Heart Forum, determinó que por cada grado de caída de la temperatura en invierno se producían 8000 fallecimientos extra en Gran Bretaña. La economista Eva Sacco en “Efectos de los incrementos tarifarios en los hogares de la región metropolitana: una mirada desde la pobreza energética” que en Gran Bretaña, la presión social y política llevó a que, en 1997, el gobierno se proponga como objetivo la “minimización de la pobreza energética” y en 2000 aprobó la “Warm Homes and Energy Conservation Act”, ley mediante la cual se definió formalmente el concepto en Europa.
@diegorubinzal
