Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre la prohibición absoluta del aborto en la región. Lo hará en el caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador, uno de los pocos países donde el aborto está penalizado sin excepciones. Beatriz tenía 22 años cuando reclamó un aborto terapéutico porque su vida corría riesgo con el embarazo que cursaba, pero se lo negaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que El Salvador era responsable por la violación de los derechos de Beatriz y recomendó a ese Estado la adopción de medidas para garantizar el acceso real al aborto en situaciones de inviabilidad del feto con la vida extrauterina, y de riesgo de la salud y la vida de la madre. En enero del 2022 el caso fue elevado a la Corte IDH y el organismo tratará el caso esta semana. Las audiencias se desarrollarán miércoles y jueves en San José, Costa Rica, y se espera que el fallo se conozca hacia fin de año.

“Es un caso clave porque es el primero en el que la Corte IDH hablará sobre aborto y en particular sobre la criminalización. Es una oportunidad para contar con estándares regionales claros en la materia”, explicó a Página/12 la abogada argentina Edurne Cárdenas, coordinadora de Alianzas de Ipas LAC, una de las organizaciones que colitiga el caso junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

“Para las mujeres salvadoreñas es muy importante que la Corte Interamericana se pronuncie de forma favorable al reclamo de justicia para Beatriz. Porque la experiencia de Beatriz mostró que aun en condiciones en las cuales era más que evidente la necesidad de interrumpir el embarazo para salvaguardar la vida y la salud de ella, la legislación no permite que las mujeres puedan tomar una decisión aún en condiciones extremas”, destacó en diálogo con Página/12 la activista salvadoreña Morena Herrera, líder de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana, organizaciones que acompañaron a la joven y a su familia durante su internación y llevaron junto a IPAS y CEJIL el caso a la CIDH.

¿Qué le pasó a Beatriz?

Beatriz tenía un hijo pequeño con su marido cuando supo que estaba otra vez embarazada. Vivían en una zona rural de El Salvador. Tenía lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea y le diagnosticaron que la gestación ponía en riesgo su vida. Se trataba además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tenía posibilidades de sobrevida. “A pesar de que quince especialistas médicos de la Maternidad donde estaba internada le indicaron que tenía que abortar, no le aprobaron esa práctica debido a la penalización absoluta del aborto que rige en mi país”, recordó Herrera.

El hecho ocurrió en el año 2013 y tuvo amplia repercusión internacional por la tragedia a la que empujaba el Estado salvadoreño. “Continuar el embarazo afectaba su frágil salud y la ponía en peligro”, señaló Herrera. Beatriz recurrió a la Justicia pero la Sala Constitucional, la máxima instancia judicial en El Salvador, le negó una autorización para abortar. Las organizaciones que acompañaban a la joven llevaron, ante la urgencia, el caso a la Corte IDH que obligó al país a garantizar la interrupción de ese embarazo. Beatriz tuvo que esperar 81 días para una práctica que es legal en la mayoría de los países. Le hicieron una cesárea temprana y el feto murió a las pocas horas de nacer, como se preveía.

La tragedia no terminó ahí para la joven: su salud quedó afectada. Y el 8 de octubre de 2017, cuatro años más tarde, “Beatriz muere por una neumonía adquirida en un hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito. Después de todo lo que le pasó, su salud era demasiado frágil para resistir”, precisó Herrera. Su hijo quedó huérfano a los 5 años al cuidado de su familia.

¿Qué sucederá en las audiencias de la Corte-IDH?

En la audiencia del miércoles se escuchará primero a la madre de Beatriz, Delmy, y el médico Guillermo Ortiz, que atendió a la joven en aquel momento cuando esperaba la interrupción del embarazo. Luego declararán peritos de parte del Estado y de la CIDH. Al día siguiente será el turno de los alegatos.

Se espera una gran movilización alrededor del tribunal, en San José: organizaciones feministas levantarán un altar y estarán presentes también grupos antiderechos que vienen presionando fuerte para que este caso no abra las puertas a la despenalización del aborto en los países con legislación más restrictiva, como El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Haití y Honduras, donde la prohibición no contempla excepciones y causa violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes. En las últimas semanas han llevado adelante campañas de desinformación en redes sociales en relación a la historia de Beatriz.

“Cuando conocí a Beatriz me conmovió su ternura y su firmeza, ella sabía lo que quería, quería vivir por ella misma y para cuidar de su pequeño hijo. Fueron sus palabras sencillas, las que nos convencieron de que valía la pena apoyarle en su lucha, porque es la de todas, y aún más cuando nos dijo “yo no quisiera que lo que yo he tenido que vivir les ocurra a otras mujeres”, contó Herrera.

El Salvador ha acumulado, desde que modificó su Código Penal en el año 1998, y endureció su legislación sobre aborto, señalamientos, indicaciones, recomendaciones de los más diversos órganos y hasta de otros Estados, incluyendo un fallo condenatorio, histórico, de esta misma Corte IDH en el caso conocido como Manuela, por la detención y posterior muerte de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio.

¿Qué dijo la CIDH sobre el caso de Beatriz?

“Beatriz fue una de las tantas víctimas de un régimen legal cruel, misógino y antidemocrático, esperamos junto a los miles de mujeres, jóvenes y personas con capacidad de gestar de El Salvador que los hechos que padeció no sean en vano y que sea justicia”, dijo a Página/12 la abogada tucumana feminista Soledad Deza, de Mujeres X Mujeres, organización argentina que presentó un amicus curie ante la Corte IDH por el caso de Beatriz.

Puntualmente, la CIDH concluyó que el Estado de El Salvador violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la salud, tanto física como mental de Beatriz, contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 11.2, 11.3 y 26 de la Convención Americana de DD.HH., a su vez estos mismos hechos implicaron la vulneración del derecho a la vida privada de la joven. Además consideró que el dolor y sufrimiento que atravesó desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que el Estado vulneró el artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

“La voz de Beatriz se escuchará por segunda vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la primera vez pidió medidas provisionales para que le permitieran legalmente la interrupción del embarazo en 2013, para resguardar su salud y su vida. Hoy, con su voz multiplicada por miles de defensoras y defensores de derechos humanos, exigimos #JusticiaParaBeatriz”, señaló Herrera.

¿Qué se espera que diga la Corte IDH?

Por un lado, que establezca una reparación para la familia de Beatriz y al mismo tiempo, medidas de no repetición de una situación como la que atravesó la joven al impedírsele que acceda a un aborto para proteger su vida y su salud.

“La sentencia puede establecer estándares acerca de las medidas que los Estados deben adoptar para que las mujeres gestantes tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para resguardar sus derechos a la salud y a la vida”, explicó Gisela de León, directora jurídica de CEJIL.

“Es cruel, es absurdo que las mujeres no puedan interrumpir el embarazo incluso en condiciones extremas, como le ocurrió a Beatriz, donde su vida estaba en peligro a causa del embarazo, un embarazo que era inviable por la grave malformación del producto. Beatriz sufrió por la negligencia de un Estado indolente, que, hasta el momento, no ha traído justicia a su familia ni ha implementado las medidas necesarias para asegurar que este caso no se vuelva a repetir”, destacó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas Centroamérica y México.

¿Cómo es la legislación en El Salvador?

La completa criminalización del aborto en El Salvador rige desde 1998 cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución y se eliminaron las tres causales que estaban vigentes desde 1974 por las que era legal la interrupción voluntaria de un embarazo: en caso de peligro para la salud o la vida de las mujer, malformación fetal congénita incompatible con la vida y si la gestación era producto de violación. En la reforma de la Constitución se le dio al embrión y al feto el status de persona y se estableció la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, en El Salvador el aborto se considera un delito, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer gestante. Tiene penas de 2 a 8 años de cárcel. Pero a las mujeres que llegan con emergencias obstétricas, con pérdidas de embarazo, se las denuncia ante la sospecha de aborto, y muchas de ellas terminan con penas que llegan a los 30 o 40 años de cárcel por homicidio agravado: Desde 2009, la Agrupación Ciudadana, en alianza con organizaciones nacionales e internacionales, logró la libertad de 65 de esas mujeres injustamente criminalizadas. Todas fueron denunciadas desde el sistema público de salud.

Un dato estremecedor: en El Salvador el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas. La investigación del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) “¿Sin opciones? muertes maternas por suicidio”, de 2019, reveló que para quitarse la vida, en la desesperación por enfrentar embarazos que no buscaron –a veces forzados o impuestos como resultado de abusos sexuales --, se envenenan con herbicidas y pesticidas.

La Corte IDH tiene en sus manos la posibilidad de abrir el camino para desandar tantas atrocidades.