El fiscal federal Federico Delgado requirió que el diputado y ex ministro de Planificación e Infraestructura Julio De Vido sea citado a declaración indagatoria por los supuestos sobreprecios en contratos con la firma Odebrecht, en la causa que investiga irregularidades en la ampliación del gasoducto por parte de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas de Sur. El mismo requerimiento hizo con los directivos de la empresa brasileña.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Delgado solicitó al juez federal Daniel Rafecas la indagatoria de otros quince imputados, entre ellos, ex funcionarios, ejecutivos y empresarios ligados  al caso. Delgado los acusó de supuestos delitos de “defraudación contra la administración” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. En el marco del escándalo internacional de corrupción Lava Jato, la firma Odebrecht reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos en el país para ganar licitaciones de obras públicas. El propio fiscal admitió que “hay certezas” de la existencia de las coimas –por los propios dichos de arrepentidos de lacompañía brasileña Odebrecht–, pero que sin embargo no hay hasta el momento pruebas firmes al respecto.

Además de De Vido, Delgado pidió citar al ex secretario de Energía Daniel Cameron; al ex titular del Ente Nacional del Gas Fulvio Madaro; al ex vicepresidente de Cammesa Luis Beuret; a Néstor Ulloa, de Nación Fideicomisos; a directivos de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur; y a Márico Faría Silva, apoderado de Odebrecht: en total unas dieciséis personas.

Según la teoría de la fiscalía, la maniobra que permitió el pago de las coimas requirió de tres pilares: el armado de una estructura legal de la administración de fondos públicos para obras con poco control, contrataciones privadas y los posibles sobornos pagados por parte de las empresas para acceder a las licitaciones y al pago de sobreprecios. 

“Estas responsabilidades hay que pensarlas como eslabones de una gran cadena. Desde los escritorios de los edificios públicos se deslizaron hacia abajo y hacia los costados órdenes preñadas de ilegalidad porque eran parte de un plan para apropiarse de fondos públicos”, sostuvo Delgado en el dictamen presentado ante el juez federal Daniel Rafecas.