La defensa de Cristina Fernández de Kirchner recusó doblemente a los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo y también al fiscal Raúl Plee, una de las cabezas de la escudería macrista en Comodoro Py. La recusación es doble porque los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy no sólo dijeron que los magistrados no pueden intervenir por sus visitas a Olivos y Casa Rosada, sino también porque ya opinaron sobre el caso anteriormente convalidando lo que consideran las irregularidades cometidas contra la vicepresidenta.
Carbajo se apartó él mismo porque admitió que ya emitió opinión, lo que habitualmente deriva en que los otros dos integrantes de la Sala resuelvan sobre ese apartamiento. Beraldi-Llernovoy insistieron en que Hornos y Borinsky tampoco puede decidir sobre ese apartamiento de Carbajo.
En un primer escrito de 25 páginas, la defensa de Cristina ratificó el recurso contra el fallo que condenó a la expresidenta a seis años de prisión. Los letrados tenían 48 horas para hacerlo. Las otras defensas también cumplieron con el trámite y lo mismo hicieron los fiscales que aspiran a que condenen a Cristina y los demás imputados por asociación ilícita.
En el texto de Beraldi-Llernovoy se enumeraron una larga serie de razones para recusar a los jueces:
*Durante la instrucción no hicieron lugar a los planteos de nulidad, incluyendo un reclamo elemental como fue la realización de una pericia sobre las obras. No sólo las de Santa Cruz, sino también las del resto del país.
*Tampoco admitieron los reclamos porque el Tribunal Oral rechazó el 80 por ciento de las pruebas pedidas por la defensa.
*Lo insólito es que los magistrados del juicio utilizaron la prueba que no se hizo en contra de CFK. Por ejemplo, en el caso de 47 tramos de rutas no peritadas, hicieron un cálculo del perjuicio para el Estado.
*También desestimaron el pedido de apartamiento del perito Eloy Bona, que twiteaba contra la entonces presidenta.
Pero el otro punto de la recusación tiene que ver con la falta de independencia e imparcialidad de los jueces Hornos y Borinsky. Los abogados de Cristina vuelven a citar las normas internacionales, incluyendo Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial aprobados por las Naciones Unidas. En esas normas se establece que “un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.
En todo el proceso de la causa -dicen Beraldi y Llernovoy- ocurrieron una enorme cantidad de anomalías:
*El juez instructor, Julián Ercolini, cambió todos los criterios sostenidos hasta 2015. La esposa del magistrado trabajaba con el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.
*Hubo una maniobra para sumar un fiscal ad-hoc, Ignacio Mahiques, hermano del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura e hijo de un ministro de María Eugenia Vidal.
*Ercolini, los Mahiques y el ministro porteño de Justicia, Marcelo D’Alessandro aparecieron en la excursión a Lago Escondido.
*En el auto de procesamiento intervino Leopoldo Bruglia trasladado irregularmente por Macri.
*Página/12 demostró que el juez del juicio, Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, jugaban en el mismo equipo de fútbol y lo hicieron en la quinta de Macri.
*El juez Jorge Gorini visitó a Patricia Bullrich en dos oportunidades. El magistrado dio una explicación que no se condice con lo referido en los registros oficiales.
*El fiscal Sergio Mola también visitó la Casa Rosada y la sede la Agencia Federal de Inteligencia.
*Hornos y Borinsky visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, con quien practicaban actividades sociales. Las visitas se mantuvieron bajo reserva durante años. Y es público y notorio que hubo partidos de tenis, almuerzos y cenas.
En cuanto a Raúl Plee, la defensa de Cristina cita una nota de La Nación del 8 de abril de 2018 en que se relata un encuentro del fiscal de Cámara con Mauricio Macri. Sucede que Plee esperaba que lo designaran procurador, ocupando el lugar de Alejandra Gils Carbó. “Macri le anunció que no lo iba a designar pero le pidió que se quede en el cargo de fiscal —decía el matutino—. Plee le dijo que se iba a quedar, pero no para ayudar a quien se designara como procurador, sino para ayudar a Macri”. Lo que sostienen Beraldi-Llernovoy es que los fiscales tienen el deber de objetividad y la situación plantea un temor razonable a que eso no se cumplirá.
El ida y vuelta promete más capítulos y es probable que la cuestión termine en la Corte Suprema, que --para colmo-- es otro engranaje del uso de la justicia para la persecución política. Sucede que el expediente Vialidad es una muestra acabada de la alianza mediática-política-judicial que sigue adelante pese a que en los tres años de juicio la acusación fue demolida en cada una de las audiencias.
