La demanda del fondo Bainbridge LTD (de la guarida fiscal de Bahamas) contra Argentina, reclamándole 64 millones de dólares más intereses a solo siete meses del pago a Paul Singer (el que supuestamente cerraría la cuestión buitre) se basa en una interpretación extremista de la ya fundamentalista lectura del Pari Passu (igualdad de los acreedores) que hizo el juez Thomas Griesa. Y también en la actual vía argentina de arreglar con los acreedores individualmente. Algo que incita a estas nuevas aventuras corsarias. Pero vamos a la historia. 
A iniciativa de Argentina, en 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) fijó las bases para una regulación internacional de reestructuraciones de deudas que garantice la soberanía de los Estados. Tomaría el criterio de que, con la aprobación de una mayoría agravada de acreedores, la oferta de pago que haga el país endeudado se tornaría obligatoria para todos. Por ejemplo, para la leyes internas de Argentina y Estados Unidos, con los dos tercios de los votos afirmativos de los acreedores, la propuesta del deudor compele también al tercio que la votó en contra. Esto porque son procesos universales que tratan unificadamente la totalidad de los conflictos por pagos que tiene el deudor. De no ser así, los acreedores seguirían apareciendo todo el tiempo y el deudor jamás podría superar su crisis.  
Argentina obtuvo el apoyo mayoritario de la AGNU debido a su propia experiencia de reestructuración de 2005 y 2010. Obteniendo el 92,4 por ciento de adhesión de los acreedores, no pudo imponer su propuesta a los fondos buitre encabezados por NML Capital de Paul Singer. Estos adquirieron bonos argentinos cuando ya estaban en default a un 20 por ciento de su valor, y luego pleitearon por el 100 por ciento. Contrariando la lógica del Derecho interno (donde hay que sumar más de un 33 por ciento de votos negativos para bloquear una propuesta) los buitres con sólo el 0,5 por ciento lograron convencer al Juez Griesa y trabaron la reestructuración argentina ya en ejecución. Por ello, Argentina decidió no ceder a esta ínfima minoría que, en caso de ver satisfecha su pretensión, obtendría la lesiva rentabilidad de 1600 por ciento.
Pero en 2016 la postura Argentina cambió. Se desdijo y resolvió pagar, dejando “en orsai” a todos los países que la apoyaron en la AGNU. Y optó por arreglar con los buitres uno por uno. Esto obtuvieron rentabilidades escandalosas, pero unos más que otros. Para legalizar el engendro inequitativo, el Congreso hizo una ley ómnibus donde se colgaron todos estos acuerdos y así se aprobó la 27.259 que supuestamente terminaría con el problema. Los especialistas advirtieron que, siendo dificultoso identificar a todos los tenedores de bonos de deuda argentina, muchos que no participaron de la fiesta aparecerían ahora exigiendo ser invitados también.  Uno acaba de timbrear. Se trata de Bainbridge Fund LTD.
¿Qué dice su demanda? Que Bainbridge posee títulos emitidos por Argentina durante 1992, 1993 y 1994, comprados bajo cláusulas que garantizaban tratamiento igualitario respecto al que Argentina pudiera dar a acreedores posteriores. A estas cláusulas genéricas las revigoriza con las anfetaminas de la interpretación del Pari Passu de Griesa, quien concibió que el 92,4 por ciento de los acreedores que entraron al canje tienen el mismo derecho a cobrar que Singer que no quiso entrar ni que sufrió las  quitas de los que sí lo hicieron. Así, Griesa consagró la igualdad de un boxeador peso completo con otro de peso mosca, porque el boxeo es uno solo. Enancado en esta peculiar idea, Bainbridge pretende hacerla valer como una especie de cláusula RUFO perpetua(derecho a ser equiparado a cualquier oferta posterior mejor). Donde se pague más a otro, tengo derecho a que me paguen lo mismo sin importar tiempos, diferencias ni circunstancias.      
La demandante establece que las leyes de cerrojo que ampararon lo canjes de 2005 y 2010 (el que no entra al canje no cobra) son violatorias de su igualdad. Pero lo interesante es que también considera discriminatoria a la ley 27.259 de abril de este año que fue hecha para pagarle a Singer. Y la denomina como la “nueva ley cerrojo”. Algo de sensatez tiene. Fue un traje a medida de los buitres que les dio amplísimos privilegios, entre los que se cuenta la exclusividad sobre fondos de la nueva deuda que emitió Argentina para pagarles. Los que se quedaron afuera, querrán reclamar. El abogado de Bainbridge adelanta que ya tiene otros clientes.   
Al cambiar la postura de tratamiento universal a todos los acreedores y sustituirla por la de ir pactando con cada uno separadamente (consintiendo en el camino el Pari Passu versión Griesa) el país se expuso a este tipo de situaciones. La esperanza bajo estas reglas (que el Congreso argentino validó en el 2016) es que se consideren prescriptos los bonos emitidos en la década del ‘90 por el paso del tiempo sin que hayan sido reclamados. Son seis años en el Derecho estadounidense, cuestión que su abogado dice no procede, ya que los reconocimientos de deuda que hace Argentina unilateralmente conllevan a su criterio interrupción de estos plazos.
Griesa es más sectario que Donald Trump, cuyo triunfo electoral demuestra que la Argentina es actualmente uno de los últimos lugares del mundo en donde se cree que, cortejando a la globalización financiera, vendrá la prosperidad. Los resultados están a la vista.

* Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda.