Hay abogados de genocidas que ejercen la defensa de sus clientes dentro y fuera del marco de los juicios de lesa humanidad, de lo estrictamente jurídico. Uno de ellos es Guillermo Fanego, quien por estos días representa al ex jefe de la patota de la ESMA Adolfo Donda en el proceso que se le sigue por su responsabilidad en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda, nacida en cautiverio en ese centro clandestino. Conocido por expresiones negacionistas, interrogatorios revictimizantes a testigos sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura, así como por pedidos absurdos a los tribunales –como careos entre represores y ex presas–, Fanego pidió este lunes que sean retirados de la sala de audiencias les adolescentes que allí se encontraban en el marco del programa La escuela va a los juicios. El Tribunal Oral Federal 6 lo rechazó.

La audiencia número 18 del juicio por la apropiación de la nieta restituida Victoria Donda estaba a punto de comenzar. Ricardo Basilico, el presidente del Tribunal, ya había dado la orden para que declarara la primera testigo, la sobreviviente de la ESMA Mercedes Carazo -luego declararían Susana Ramus y Martín Grass-, cuando Fanego se interpuso y pidió la palabra. Comenzó a quejarse de los alumnos y las alumnas que, en el marco del programa La escuela va a los juicios, estaban presentes en la sala de audiencias. Estudiantes de entre 16 y 17 años de la Escuela Técnica 7 de la Ciudad de Buenos Aires, con sus docentes y Diego Guiñazú, el coordinador del programa, quien charló con elles previamente y al cierre de la actividad.

“No se permite el ingreso de menores a los juicios. Quiero saber si el tribunal tomó el recaudo de verificar la edad que tiene la gente del público”, lanzó Fanego. El juez Basilico pidió que le exhibieran las autorizaciones de los padres y madres de los estudiantes. El abogado Fanego respondió que no le constaba que las firmas fueran “auténticas” y definió la presencia de los y las jóvenes como “una clara violación a las normas de protección de los menores”. Luego apuntó contra el programa, al que criticó por no atender a “causas que pueden llegar a interesar a la población" y aludió a "problemas que nos afectan ahora de corrupción”.

La Fiscalía, representada por Pablo Parenti e Iván Polaco, y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, con Emanuel Lovelli al frente, se manifestaron en contra del pedido de Fanego, que el TOF finalmente rechazó. Basilico le recordó que el tribunal había habilitado el programa en marzo y que de todos modos el debate se transmitía vía el canal judicial del Consejo de la Magistratura -y también a través del medio comunitario La Retaguardia-. 

La intervención del abogado, no obstante, se convirtió en “el tema” que atravesó la experiencia de les estudiantes allí, en la sala sum de los tribunales de Comodoro Py. “Los chicos y las chicas vivieron en vivo y en directo la resistencia de un amplio sector del Poder Judicial, en este caso representado por el abogado defensor, al proceso de justicia sobre los crímenes de lesa humanidad”, señaló Guiñazú, quien remarcó que la queja de Fanego reveló "cuánto molesta" que haya público en las salas de audiencias en juicios por delitos del terrorismo de Estado, "sobre todo si son jóvenes". 

Desde 2014, el programa La escuela va a los juicios sirve de puente para que estudiantes de escuelas secundarias entren en contacto no solo con las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar, sino también con el proceso judicial que los revisa, distribuye responsabilidades “y así abona el piso de verdad cimentado por el movimiento de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas, y su lucha”, remarcó el coordinador al cierre de la actividad que compartió con les pibis que participaron de la audiencia.

El programa surgió como una iniciativa del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que funciona en la ESMA, que justificó la propuesta con el objetivo de “brindar herramientas pedagógicas y métodos de trabajo en el aula” sobre los juicios de lesa. Si les adolescentes mayores de 16 años pueden votar y el terrorismo de Estado de la última dictadura integra la currícula escolar, pueden también presenciar los debates. La iniciativa se convirtió en política pública y desde allí se federalizó.

“Parte del plan simbólico de la dictadura fue la ruptura de lazos sociales. Que lo que hacían los represores no se supiera. La escuela va a los juicios intenta recomponer eso, que las generaciones que nacieron incluso después de la etapa de impunidad sí sepan lo que pasó”, contó Guiñazú, y completó: “Las salas llenas de pibes son una garantía contra el negacionismo, una garantía del Nunca más”.

La de esta mañana no fue la primera vez que a lo largo de los últimos años de capacitaciones docentes y visitas a juicios de lesa humanidad se cruzaron con Fanego, quien “cada vez que pudo” rechazó la presencia de adolescentes en la sala de audiencias. “Casi siempre invocó a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero de un modo paternalista, tomando a los chicos como objetos y no como lo que son, sujetos de derecho”, recordó Guiñazú. Pero hubo otros argumentos, más provocadores, como que “vienen por la copa de leche” o “los traen en micros escolares”.

Solo una vez logró que les estudiantes fueran desalojades de la sala. Fue en 2014, en el marco del juicio ESMA Unificada, antes de que el genocida Alfredo Astiz ampliara su indagatoria. “Dijo algo así como que iban a escuchar cosas que les harían daño”, recordó el coordinador. Entonces, el Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Daniel Obligado, le dio la razón.