El Parlamento de Francia aprobó ayer la ley de “moralización de la vida pública” para regular el comportamiento de los funcionarios públicos, quienes ya no podrán emplear a sus familiares directos. Un tema sensible luego de varios escándalos, entre ellos el que hundió la campaña presidencial del conservador François Fillon. La norma se originó como una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, quien se vio obligado a reaccionar luego de una ola de escándalos, algunos de los cuales lo beneficiaron, como el de Fillon, pero otros lo alcanzaron, como el de su socio electoral, el centrista François Bayrou. Por eso, para calmar los reclamos de la gran parte de la sociedad, impulsó esta nueva ley que restringe las actividades que los políticos pueden combinar con su acción pública. La mayor parte de la ley había sido aprobada la semana pasada, pero ayer la Asamblea Nacional dio luz verde al último apartado del texto con 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones. Una vez más, Macron demostró que cuenta con una cómoda mayoría en el Poder Legislativo. “La ley de moralización de la vida pública responde a una triple ambición jurídica, ética y política, y a una necesidad de recuperar la relación de confianza de los ciudadanos con sus políticos”, explicó la ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, al presentar el texto para su votación final. 

El caso más sonado de nepotismo en la arena política francesa de los últimos tiempos fue el de Fillon. La campaña de Fillon se derrumbó luego que la prensa revelara que durante años su esposa, Penelope, y sus hijos cobraron un salario como asesores parlamentarios, pese a que no había rastro de su labor en el hemiciclo. Desde ahora, los ministros, diputados o representantes locales franceses ya no podrán contratar a un cónyuge, concubino/a, padres o hijos. Si lo hacen, enfrentarán una pena de tres años de prisión y una multa de 45 mil euros.