El exministro de Seguridad provincial y exdirector del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Sain, presentó a través de sus abogados en los tribunales de Santa Fe un planteo que exige ser desvinculado de la investigación penal sobre presunto espionaje ilegal durante su función ministerial durante 2020 y 2021 a dirigentes políticos, periodistas y empresarios. 

El escrito, presentado anteayer en Santa Fe por el abogado Hernán Martínez, interpone una "excepción de falta de acción por inexistencia de delito", y lo argumenta en extenso a lo largo de 58 páginas.

Sain había sido denunciado por Víctor Moloeznik, director del O.I. del M.P.A. en la gestión de Miguel Lifschitz, al revelar "hechos y circunstancias que podrían configurar irregularidades administrativas e ilícitos penales". Eso refería a las supuestas escuchas ilegales y seguimiento ilegal de inteligencia a varias personas, incluidas dirigentes del peronismo santafesino.

El abogado de Sain marcó que Moloeznik "se encontraba abiertamente enfrentado con Marcelo Sain (porque) lo había acusado de ser un operador político de (Miguel) Lifschitz que intentaba boicotear la gestión peronista. Tenían una muy mala relación personal". Tras ello, Martínez comparó la causa penal con "las que arma la policía cuando invoca 'información de calle' o convoca a un 'testigo de identidad reservada' para involucrar personas cuando no existen delitos o cuando no hay pruebas de su comisión".

Por otra parte, enfatiza una coincidencia entre quienes se sumaron a la ofensiva judicial contra Sain: "Todos y cada uno de los querellantes estuvieron involucrados en investigaciones penales", dice y los menciona.

Señaló a su antecesor en el Ministerio y actual diputado y precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro, involucrado en una investigación sobre su relación con la empresa Grupo Printing y sus negocios con el Estado provincial. También en otra sobre "el supuesto pago con fondos reservados de Asuntos Internos a abogados de policías comprometidos en el encubrimiento del asesinato y desaparición de Franco Casco en 2014". Y recuerda que la condena a 10 años de prisión al ex jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, también salpicó al legislador radical por tener diálogos telefónicos frecuentes cuando era ministro.

En tren de señalamientos a los querellantes, el abogado Martínez también revisa a los empresarios Gustavo Scaglione y Nahuel Caputo, involucrados en una denuncia de la aseguradora mendocina El Triunfo a raíz de la compra del paquete accionario del multimedios La Capital, e investigados por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

También el planteo recuerda que los abogados de las querellas Jorge Bedouret y Evelyn Andriozzi "fueron involucrados en una causa a cargo del fiscal Franco Carbone.

Por último, pone de relieve flancos débiles del ex diputado peronista Héctor Acuña, investigado por irregularidades cuando fue director del Servicio Penitenciario provincial, y vínculos con una narcotraficante de la ciudad de Santa Fe, Marta Cabral. 

El planteo de defensa argumenta que la investigación arrancó mal, que no cabe el término "espionaje ilegal" porque eso solo refiere a situaciones que incumben a organismos de inteligencia criminal de Nación. “Es indudable que hay razones políticas que exceden este planteo, pero es ostensible que es tan irracional la imputación como la campaña mediática y política que ha rodeado esta causa”, despreció Martínez. 

El documento concluye en un tópico elemental: "Si la acción penal nace de hechos que deben configurar un delito según el artículo 18 de la Constitución de la Nación, se carece de acción para promover un proceso en ese sentido". Es decir, si a lo largo de la pesquisa no se halló hecho delictivo, el proceso penal incurrió en "falta de acción". Por lo tanto, Sain considera que debe ser desvinculado de esa causa penal. "No hay un solo registro que vincule a Marcelo Sain o a Germán Montenegro con las búsquedas de información", recalca el abogado Martínez.

La argumentación del ex ministro repara, además, en el criterio de los camaristas Sebastián Creus y Jorge Andrés, que ante las apelaciones planteadas pusieron en tela de juicio y duda que realmente el Ministerio de Seguridad haya organizado una maniobra de espionaje sobre nadie.

"No hay información brindada en los actos procesales en los que los fiscales han expuesto sus pretensiones que permitan siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley de inteligencia nacional", plantea el escrito al que tuvo acceso Rosario/12.

Asimismo, reitera el patrocinante legal del acusado el polémico allanamiento sin orden judicial que los fiscales –a instancias del jefe regional de Santa Fe del MPA de entonces, Jorge Arietti– libró el 26 de noviembre de 2021 sobre las oficinas del Ministerio en Rosario, en la sede local de Gobernación. 

"La situación fue lisa y llanamente un allanamiento sin orden judicial. Los funcionarios intervinientes no se limitaron a 'solicitar informes' ni a secuestrar efectos del Estado, sino que procedieron a coaccionar a todos los presentes a fin de que entreguen sus teléfonos celulares particulares, abran sus bolsos, mochilas, y demás elementos privados; y hagan entrega de cuanto elemento les fuera requerido, bajo una amenazante actitud”, recordó el letrado.

La causa tiene bajo imputación vigente a Sain como jefe de esa supuesta asociación ilícita, y a miembros de su equipo como la abogada de derechos humanos y ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, Débora Cotichini (del O.I.), el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Milagros Bernanrd y Pablo Álvarez, todos colaboradores del ex ministro en aquel entonces.