“Siento mucha impotencia por estar nuevamente acompañando a familiares en estas circunstancias, y que no hayan hecho nada durante todos estos años para que no suceda una nueva desaparición forzada y para que haya elementos en el Estado para generar respuestas. Luego de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Torres no se estableció ningún mecanismo de acción ante este delito”, lamenta Verónica Heredia, que fue abogada de la familia de Iván Torres, y en 2011 consiguió que ese organismo internacional sentenciara al Estado argentino y a la provincia de Chubut como responsables de la desaparición de ese joven. Ahora en representación de Sergio Maldonado, la abogada presentó una denuncia específica por desaparición forzada, ante el mismo juez que tiene el habeas corpus, pero esa parte debe ser investigada por la fiscalía.
“El Ministerio Público Fiscal, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal para este delito, tiene que avanzar sin pedir autorización al juez salvo para ejecutar las medidas”, explica Heredia. Por esta razón, las medidas llevadas a cabo dentro del ámbito del habeas corpus las realizó la Prefectura, y ahora con la fiscalía está trabajando la Policía Federal. “El juez Otranto hizo medidas totalmente ineficaces que para una víctima de desaparición forzada no sirven para nada, como es la recompensa, las alertas en los aeropuertos o de persona extraviada, y tampoco sirve el único protocolo que hay para la búsqueda de personas desaparecidas, que es de la Procuración, porque es para casos de víctimas de trata”, agrega.
Heredia destaca que tampoco hay un banco de datos de desapariciones forzadas en democracia. “Correpi estima que son más de 200, pero no hay una base de datos del Estado que asuma eso y diga cuántos hay”, dice.
