El 24 de marzo de 1976, una patota entró en la casa en la que dormían los Arédez. Los militares y policías que conformaban el grupo de tareas se llevaron al padre de la familia, Luis Ramón Arédez, y lo subieron a una camioneta blanca que tenía el logo del ingenio Ledesma. Su esposa Olga, desesperada, logró que la recibieran en el ingenio en el que su marido había trabajado como médico años antes. Su interlocutor fue el administrador general de la empresa, Alberto Lemos, que –según declaró siempre la referente de derechos humanos– le dijo que Ledesma había suministrado vehículos para ayudar a las fuerzas a “limpiar el país de indeseables”. Tras la muerte de Carlos Pedro Tadeo Blaquier en marzo de este año, Lemos es el único imputado por el rol que tuvo la compañía agroindustrial en los secuestros y las desapariciones ocurridos en 1976. Sin embargo, el tribunal de Jujuy que debe llevar adelante el juicio para determinar su responsabilidad sigue sin poner fecha para que se siente en el banquillo, lo que derivó en una serie de reclamos por parte de familiares y querellantes.

Lemos cumplirá 81 años el próximo 11 de agosto. Lleva once años esquivando el banquillo de los acusados. En 2012, lo indagó el juez Fernando Poviña sobre el rol que había tenido en el ingenio Ledesma durante la dictadura. Lemos se preocupó por mostrarse como una persona dedicada a la ayuda social, más que al vínculo con la represión. Reconoció haberse reunido con Olga Arédez, pero negó haberle hablado del suministro de vehículos para “limpiar el país de indeseables”.

Más allá de los esfuerzos, Lemos –que era la mano derecha de Blaquier– no pudo dar una versión coherente sobre el vínculo de la empresa con las fuerzas armadas y de seguridad. En un primer momento, rechazó de plano haberles dado a los uniformados camiones o camionetas. Le dijo al juez que las fuerzas tenían sus propios vehículos. Sin embargo, después abrió una puerta: la empresa tenía más de 100 coches y él no sabía qué pasaba con cada uno de ellos. Algunos de esos transportes –se excusó– incluso quedaban en poder de los trabajadores durante las noches.

Lo curioso es que, en 1985, ante la Comisión Extraordinaria de la Honorable Legislatura de Jujuy, Lemos había admitido que Ledesma les proveyó vehículos a las autoridades militares cuando se desató el conflicto con Chile por el Beagle en 1978 y que también lo hizo frente a un episodio vinculado a inundaciones. En los papeles analizados por la justicia, también figura un compromiso de cooperación de la empresa con la Gendarmería de 1976.

En 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos por dos tantas de secuestros: los que tuvieron lugar inmediatamente después del golpe de Estado –como el de Luis Ramón Arédez– y los que ocurrieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches del apagón. En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación revocó los procesamientos. La causa durmió durante seis años en la Corte Suprema, que en julio de 2021 sostuvo que la Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la investigación. Después de eso, el Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que Blaquier no estaba en condiciones de sentarse en el banquillo a sus 95 años.

Las querellas y la fiscalía ya aportaron la prueba para hacer el juicio contra Lemos, pero el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy aún no dio los pasos que pasan para llevar adelante el proceso. En la judicatura se muestran confiados que habrá definiciones pronto. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, le dijo a este diario que ya habían hecho la presentación ante la justicia y que creía que era indispensable que se avanzara en el análisis de la responsabilidad del ingenio Ledesma.

“Es bastante injusta la justicia en este país, sobre todo cuando están involucrados los poderes económicos. No sé cuándo se dignarán a meterse con el poder económico y a resolver la situación de Lemos. Blaquier ya murió impune”, se quejó Ricardo Arédez, hijo de Olga y Luis Ramón.

“Las demoras en las causas por delitos de lesa humanidad se dan en todo el país, pero cuando se investigan responsabilidades de civiles, estas dilaciones se profundizan”, apunta Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto es algo que hemos remarcado ante la Comisión Interpoderes que encabeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero hace muchos años que no existen medidas concretas para revertir esta situación --agrega la abogada--. Las demoras pueden crear situaciones de impunidad: lo hemos comprobado con el fallecimiento de Blaquier en marzo de este año. Es necesario que, a 47 años de los hechos, se fije una audiencia, una fecha de juicio oral a la brevedad y que ese juicio se haga con celeridad. Las víctimas ya esperaron 47 años”.