La oposición no quiere que la jueza Ana María Figueroa continúe en la Cámara Federal de Casación Penal después de haber cumplido los 75 años. No sólo bloqueó el tratamiento en el Senado del pliego que mandó el gobierno para extender su estadía en el máximo tribunal penal del país, sino que también recurrió a los tribunales para denunciarla penalmente. Sin embargo, parte de esa estrategia quedó desbaratada este jueves, cuando el juez federal Daniel Rafecas desestimó dos denuncias que se habían presentado durante la última semana.
Figueroa cumplió 75 años el miércoles 9 de agosto. Desde el año pasado, había informado que pretendía quedarse en la Cámara de Casación. Para hacerlo, necesita un aval del Senado. En abril pasado, el presidente Alberto Fernández mandó su pliego para que pueda ser tratado en la Cámara Alta.
Nadie impugnó el pliego de Figueroa. La jueza defendió la prolongación de su mandato ante la Comisión de Acuerdos y explicó que, desde que llegó al tribunal en 2011, ella se había comprometido con dos temáticas en particular: lesa humanidad y género. Antes de ser nombrada jueza, Figueroa fue abogada de organismos de derechos humanos e integró el equipo legal de la Secretaría de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Senado no logró sesionar para tratar su pliego ni otros 75. El martes pasado, Figueroa convocó a una reunión de superintendencia en la Casación. Es decir, estaba ella –que hasta entonces ejercía la titularidad del tribunal penal– y los presidentes de cada una de las salas. En ese momento, anunció que se iba a quedar a la espera de que el Senado aprobara su pliego, pero que, mientras eso no sucediera, no iba a firmar fallos. No quería que después se los anularan.
Después de que se conoció esta reunión, un grupo de abogados presentó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, denegación de justicia y usurpación de autoridad contra Figueroa. La presentación fue hecha por José Mangiocalda, Pedro Pablo Pusineri, Juan Manuel Otegui y Juan Martín Fazio. Son abogados que integran un grupo conocido como Bloque Constitucional, que formaron parte de la Fundación Apolo y que, en algunos casos, se referencian con Republicanos Unidos, el sector que lidera Ricardo López Murphy –a quien el columnista Carlos Pagni perfiló como ministro de Defensa de Patricia Bullrich en caso de que la exministra gane las elecciones–.
A esa denuncia se sumó otra formulada por Valeria Viola y Pablo Noceti, integrantes de Bases Asociación Civil. Bases es casualmente la ONG que se presentó para oponerse al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad después de que el fiscal Guillermo Marijuan dijera que, tras diez años de investigación y de perforación de media Patagonia en busca de enterramientos de dinero, no había encontrado evidencia contra la vicepresidenta. Si bien el juez Sebastián Casanello no aceptó a Bases, sí lo hizo la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi–.
Bases es una ONG conformada por exfuncionarios macristas. Su dirigente principal es Jimena de la Torre, exnúmero dos de la AFIP macrista y actual integrante del Consejo de la Magistratura. Desde este organismo, de la Torre también atiza que se abra la vacante de Figueroa en Casación. Viola fue funcionaria del Ministerio del Interior de Cambiemos y Noceti fue el jefe de Gabinete de Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Pero los denunciantes no tuvieron suerte: la fiscal Alejandra Mángano sostuvo que no había delito que investigar. Mángano recordó que el 12 de abril el gobierno mandó el pliego de Figueroa al Senado y que el lunes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, le informó al presidente del Consejo de la Magistratura, el supremo Horacio Rosatti, que estaban a la espera de la resolución de la Cámara Alta.
La fiscal recordó tres antecedentes de jueces que permanecieron en sus cargos después de haber cumplido los 75 y mientras esperaban que el Senado analizara sus pliegos: Silvia Estela Mora, Juan Carlos Bonzón y Luis Alberto Imas. En el caso de Imas, la propia Casación avaló que siguiera en su cargo. Lo hizo a través de la resolución 400 que la entonces presidenta del tribunal, Ángela Ledesma, firmó el 4 de diciembre de 2020.
Juntos por el Cambio quiere a Figueroa fuera de Casación porque fue una de las juezas que denunció las presiones de la mesa judicial macrista. Con Figueroa jubilada, quien llegue al gobierno en diciembre tendría tres lugares para designar en el máximo tribunal penal del país, donde pasan las causas más importantes. Casualmente, en estos momentos, Casación tiene para decidir, nada más y nada menos, si reabre dos expedientes contra CFK y uno contra Mauricio Macri.
