Con gran parte de las fuerzas políticas todavía acomodándose frente al cachetazo que significó el batacazo de Javier Milei, la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para debatir la reforma de la Ley de Alquileres el próximo miércoles. La sesión es impulsada por la oposición, que viene negociando puertas adentro para intentar imponer un dictamen que modifique los plazos y la actualización de los contratos que sostiene la ley actual. No ha sido fácil: entre los bloques que acompañan la convocatoria de la sesión - Juntos por el Cambio, sí, pero también los cordobeses y bonaerenses del Interbloque federal, los rionegrinos de Provincias Unidas e, incluso, los libertarios - pululan posturas casi antagónicas, con sectores que proponen introducir unos pocos cambios y otros que, en cambio, reclaman a viva voz derogar la ley y dejar que la lógica del mercado regule los precios. La gran incógnita, sin embargo, es si la oposición logrará llegar al quórum y, después, conseguir más votos que el oficialismo, que tiene su propio proyecto (más similar a la ley actual). Los números están justos, pero JxC está enfocado en dejar un mensaje a pocos días de la elecciones.
Las conversaciones entre las principales figuras de JxC y los representantes del Interbloque Federal y Provincias Unidas se habían retomado el martes, menos de 48 horas después de que se conocieran los resultados de las PASO. Había que definir si se mantenía o no la sesión sobre Alquileres que se había convocado el 5 de julio, como resultado de un acuerdo entre casi todos los bloques de la oposición. El encargado de juntar las firmas ese día había sido el titular del bloque radical, Mario Negri, quien decidió tomar la posta luego de que el pedido de Hernán Lombardi de tratar sobre tablas la derogación de la ley hubiese fracasado en el recinto. Los representantes de 13 bloques - todos menos la izquierda y los socialistas - habían firmado la convocatoria para tratar el tema el 23 de agosto, pero había pasado el tiempo y nadie estaba seguro de tener el número para poder impulsar la sesión.
En total, fueron dos zooms entre el martes y el miércoles entre Mario Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO) y Silvia Lospenatto (PRO) con los representantes de los bloques "del medio", Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro). Les diputades de JxC querían cerciorarse de que, de continuar con la convocatoria, tendrían el número para el quórum, primero, y para rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo, después.
El poroteo era ajustado, pero los números daban bien: 116 de JxC - incluyendo a José Luis Espert, que se sumó hace pocas horas al interbloque -, los ocho del Interbloque Federal, los dos rionegrinos y los tres de La Libertad Avanza. Es decir, 129 justos, y todo presuponiendo que Javier Milei acompañaría con el quórum porque había firmado la convocatoria (ya que no había habido comunicación directa con el candidato libertario). Eran una incógnita, mientras tanto, los dos diputados del bloque Ser - el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal - y los dos diputados del Frente de la Concordia misionero, que integran el interbloque Provincias Unidas pero que en las elecciones nacionales fueron con la boleta de Sergio Massa. "Una cosa eran los misioneros con boleta corta y otra con boleta larga", ironizaban en la oposición.
Resuelto el tema del quórum, quedaba el desafío de consensuar la letra chica. El dictamen de minoría de la oposición propone reducir de tres a dos años los contratos y establece que las actualizaciones serán libradas a las partes (cuando la ley actual establece un índice basado en el IPC y el Ripte, para evitar la discrecionalidad de los propietarios y las inmobiliarias). Este mismo dictamen, fruto del debate del año pasado, proponía a su vez una actualización por un plazo que podía ir de los tres meses al año, sin embargo existía resistencia por parte de algunos bloques (como el socialista y el de los misioneros). En estos sectores se reclama que el plazo mínimo sea cada seis meses y no cada tres, pero choca contra los reclamos del sector más duro del PRO - que internamente llaman "los derogadores" - que exige que sea mínimo cada tres meses.
La realidad es que este último sector lo que quiere, al igual que los libertarios, es que se derogue la ley y que todo quede librado a las partes. Fueron varias las discusiones internas, pero finalmente JxC terminó optando por la decisión de continuar con el dictamen de minoría, que tiene más chances de conseguir la media sanción que una derogación total de la ley.
En la vereda opuesta está el dictamen de mayoría del oficialismo, que sostiene los puntos principales de la Ley de Alquileres vigente - tres años de contrato y una actualización anual - y agrega beneficios fiscales para fomentar la oferta. A diferencia de la oposición, que sostiene que la Ley de Alquileres sancionada en 2019 fue "un desastre", el Frente de Todos argumenta que la ley no era mala sino que el problema era la inflación y que solo habría que hacerle algunas modificaciones. El miércoles 23, sin embargo, el oficialismo no dará quórum y esperará a ver si la oposición consigue el número por sí sola. En el caso de que lleguen al número, bajarán a dar el debate y buscarán imponer su dictamen.
Será una votación reñida, ya que si bien JxC podría hacerse del número para el quórum, hay algunos sectores que no acompañarían en la votación. Como los socialistas - que quieren un plazo mayor para la actualización - o los libertarios - que reclaman la derogación de la ley-. Cualquiera sea el resultado, sin embargo, JxC se volverá a casa con una victoria. "Si la ley no sale pagarán el costo político quienes no vayan", coinciden en el interbloque opositor, que ya se puso en campaña para polarizar con Milei de cara a octubre.
