No es la primera vez que el sistema interamericano de justicia interviene por las sucesivas represiones a la comunidad mapuche y por desapariciones en democracia en Chubut. El 27 de enero de 2017 la CIDH solicitó formalmente al Estado argentino que brinde información en relación con la denuncia efectuada por varias organizaciones de derechos humanos y socioambientales, sobre la represión contra la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, los días 10 y 11 de enero de 2017. Los testimonios que recibió la Comisión eran desgarradores sobre los hechos concretos de ese mes, pero también sobre los actos de persecución, hostigamiento y espionaje que el Estado provincial ha desplegado en los últimos años sobre los miembros del Pu Lof en Resistencia, como así también sobre aquellas personas (mapuches y no mapuches) que acompañan el reclamo de las comunidades aborígenes en la región. A este expediente se sumó ahora el caso Maldonado. Antes, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino como responsable de la desaparición de Iván Torres, ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2003. “En concreto –indicó el fallo–, Argentina reconoció que las investigaciones impulsadas por la rama judicial del Estado mostraron indicios de manipulación en la recaudación de la prueba, obstrucción de justicia y retardo procesal.” Tras un largo proceso, el año pasado la Justicia argentina condenó a dos policías por el caso Torres, sin embargo los autores intelectuales no han sido enjuiciados y durante la investigación del caso murieron seis personas, entre amigos de la víctima y testigos, en circunstancias dudosas.