Una ONG que protege los derechos de autor, CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) estuvo a punto de ser reconocida como sociedad de gestión colectiva a través de la firma de un decreto presidencial en un acto público que se realizaría en el Centro Cultural Kirchner. “¿Sabrá el presidente que si firma ese decreto el martes próximo, una biblioteca pública, privada, popular o especializada, tendrá que pagarle a CADRA cerca de 100.000 pesos por la mera tenencia de un equipo que permita copiar?”, escribió Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, en su cuenta de X (ex Twitter). La polémica estalló en las redes sociales; se sumaron los cuestionamientos del exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, y de la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), María Silvia Lacorazza, entre otros. Finalmente, el acto se suspendió “por un tema de agenda”, según informaron desde el ministerio de Cultura de la Nación.
Busaniche, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explica a Página/12 que ese tuit que escribió surge del cuadro tarifario de CADRA. La cifra exacta de lo que tiene que abonar, cualquier tipo de biblioteca, es de 93.240 pesos anuales, según entiende la presidenta de la Fundación Vía Libre. “Cobrar a mansalva a todas las instituciones culturales es dañino para la cultura y la educación, y a la vez es una arbitrariedad. La UBA, por ejemplo, no hace copias de obras, ¿por qué una ONG tendría que cobrar un canon por alumno de la universidad pública?”, plantea Busaniche, quien en otro tuit calculó lo que la UBA debería pagarle a CADRA durante un año, haciendo un redondeo de 300.000 estudiantes (son aproximadamente 308.000). Por reprografía: 227.400.400; por copia digital: 454.500.000. El total sería 681.900.000. millones de pesos. Busaniche recuerda que la UBA ya había firmado un acuerdo con CADRA en 2009 --que no se renovó en 2013-- por el cual la universidad le abonaba una tarifa de 0.80 por alumno por año. En un informe elaborado por la Fundación Vía Libre se afirma que la universidad le giró a la ONG un total de 960.000 pesos por esos cuatro años. En 2015 se volvió a renovar y el último convenio vence el 31 de diciembre de este año. En este momento la UBA le paga a CADRA 3,16 pesos por alumno al año. “Es una vergüenza; jamás notificaron a los docentes que podemos hacer uso de esa licencia”, advierte Busaniche cuando se le confirma que hay un acuerdo vigente.
Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), dice que lo que recauda la entidad luego se distribuye entre los autores y editores. “Lo hace a través de licencias, y sobre la base de un tarifario indicativo, confeccionado a partir de parámetros internacionales, que luego se adapta a las necesidades y características de los usuarios que obtienen esas licencias”, explica y aclara que la entidad “nunca cobró ni cobrará una licencia a una biblioteca popular”, pero que sí tiene “licencias analógicas y digitales” con la mayoría de las universidades. “Los acuerdos funcionan sin ningún perjuicio para los estudiantes, y les permiten acceder al material en forma legal”, sostiene el presidente de CADRA. Sobre la tarifa de 93.240 pesos al año, Quevedo precisa que es lo que se paga por un equipo que se dedica exclusivamente a copiar los textos en una empresa de copiado, “no para una biblioteca”.
"Lo que cuesta una pizza"
“Solo con las bibliotecas profesionales, que reproducen material para los usuarios, es que se generan acuerdos de compensación: hay bibliotecas que pagan 80.000 pesos por más de una máquina por año y otras pagan 5.800 en total. La biblioteca del Congreso de la Nación paga 3,06 por usuario por año. 80.000 pesos por año es una cifra aproximada de 6.500 pesos por mes. Es decir, lo que cuesta una pizza”, compara el presidente de CADRA, entidad que cuenta entre sus socios a Claudia Piñeiro, Dora Barrancos, Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Miguel Gaya, Adriana Puiggrós, Adrián Paenza, Cristian Alarcón, Pablo Alabarces, Márgara Averbach, María Rosa Lojo, Ana María Shua, Camila Sosa Villada, Ana Jaramillo, Vicente Battista, Juano Villafañe, Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffaroni, Juan Sasturain, Felipe Pigna y Jorge Fondebrider, entre otros. Quevedo fundamenta que con las licencias CADRA “brinda acceso a todo el contenido protegido en el repertorio, ya sea nacional o extranjero, y además tiene acceso a una copia de resguardo del material”. Y también destaca que pueden subir material a sus campus virtuales o tener centros de copiados en sus instalaciones. “Sólo aquellas escuelas, bibliotecas o universidades que reproduzcan material deben abonar ese canon. Si la biblioteca no tiene fotocopiadora ni digitaliza contenidos, no es necesario que abone una licencia”.
Más allá de la grieta
Desde la Fundación Vía Libre, Busaniche subraya que no se oponen a los derechos de autor. “Nosotros bregamos por los derechos culturales y entendemos que este tipo de medidas son dañinas para todos, salvo para los recaudadores”. ¿Por qué generó tanto revuelo la noticia del reconocimiento que no fue a una entidad como CADRA? “Siempre hay quienes se oponen al pago de los derechos de autor y a los derechos de propiedad intelectual. Este no es un tema que se pueda explicar por la grieta”, opina Quevedo y agrega que CADRA -que fue creada en 2000 y autorizada por la Inspección General de Justicia en 2002-- representa a editoriales y autores de todos los pensamientos políticos. “En nuestro país, aún no se tiene verdadera conciencia sobre la importancia del respeto al derecho de autor y sobre el daño que genera copiar o utilizar sin permiso el material de los creadores de contenido. Los músicos, los actores, los directores tienen sociedades de gestión colectiva que distribuyen entre sus asociados la explotación y uso de sus obras. ¿Por qué los escritores y editores no tienen que tenerlo?”, se pregunta el presidente de CADRA y critica a los que “desinforman con datos que no tienen que ver con la realidad” con el fin de no respetar los derechos de los creadores. “El hecho de que ellos no quieran tener su material bajo copyright no quiere decir que los demás tengan que estar obligados a no hacerlo. Es importante respetar los derechos de los trabajadores de la cultura”, concluye Quevedo.
