Luego de que Página/12 advirtiera que el parlamento no está trabajando en la prórroga de la Ley 26.160, de comunidades indígenas, cuyo vencimiento anticiparía eventuales desalojos similares a los que sufrió la comunidad Pu Lof Cushamen el 1 de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires reclamó, en una resolución de su Consejo Directivo, que se retome la discusión en en ambas cámaras del Congreso Nacional la "demanda unánime de comunidades y organizaciones indígenas de todo el país” que “evitaría futuros conflictos vinculados con las disputas territoriales”.

La UBA señaló que la falta de tratamiento de la iniciativa se inserta dentro del contexto de “una campaña mediática de neto corte racista (...) que intenta trasmitir la idea de una ‘amenaza`” por parte de las comunidades originarias,  pero también exigió “la aparición con vida de Santiago Maldonado” y el “esclarecimiento” del desalojo en Chubut.

Las autoridades de Filosofía y Letras aseguran que tienen el “deber”, dados los numerosos equipos de investigadores que trabajan junto con diferentes pueblos originarios, de ratificar que la prórroga de la ley “resulta imprescindible” para evitar desalojos a comunidades indígenas". Para el Consejo Directivo, no es casual que la falta de debate suceda en este momento de  “estigmatización y criminalización de los pueblos indígenas” que tiene como trasfondo “el interés por los territorios ancestrales por parte de diversos emprendimientos privados”, entre ellos los de Benetton, Lewis, Braun, Menéndez Behety y Rocca, quienes tienen un “evidente entrelazamiento” con las “nuevas autoridades nacionales”.

La ley en cuestión, la 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, reconoce la emergencia en materia de “posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. En su artículo 2 establece la suspensión de la “ejecución de sentencias o actos procesales o administrativos”, que tengan por objeto “el desalojo o desocupación de las tierras contempladas” en la norma.

En su resolución, los académicos también piden la intervención del INADI  ante la profusión de mensajes que generan "confusión” en la opinión pública, “despertando y promoviendo en ella sentimientos discriminatorios y racistas (...) en un clima de época", que apunta claramente “a cercenar y hacer retroceder diferentes derechos de los sectores populares”.

El Consejo Directivo de Filosofía y Letras denunció, además, una “maliciosa e interesada identificación” de esos mensajes con los discursos de algunos funcionarios que demonizan a los pueblos originarios, y subrayó las insólitas manifestaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien caracterizó a los mapuches como "una amenaza terrorista", tergiversando y banalizando sus reclamos y desconociendo décadas de trabajo de diversos organismos estatales.

Por último, los directivos de la UBA exigieron "el cese de toda forma de violencia, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el esclarecimiento de los graves hechos acaecidos en la zona de la comunidad “Pu Lof en Resistencia” del Noroeste de Chubut”.