Fuerte operativo en el inmueble al que fue enviada Milagro Sala
Una cárcel montada a domicilio
Mientras sigue sin cumplir con el traslado de Sala requerido por la CIDH, el gobierno de Jujuy instaló un dispositivo casi militar con gendarmes, policías, cabinas y cámaras para vigilar durante las 24 horas la casa de La Ciénaga.
El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa.El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa.El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa.El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa.El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa.
El módulo de la Gendarmería y las cabinas policiales instaladas alrededor de la casa. 

A un mes de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Milagro Sala sigue detenida en la Unidad Penitenciaria 3 del Alto Comedero de Jujuy. La casa de La Ciénaga quedó lista para recibirla hace una semana, luego del trabajo contrarreloj de integrantes de la organización Tupac Amaru y la campaña de solidaridad lanzada por el Comité por la Libertad de Milagro. Pero desde entonces la Justicia jujeña continúa ampliando los requerimientos para imponer una suerte de dispositivo militarizado antes de cumplir con el traslado: además de inspeccionar el lugar y pedir informes a las fuerzas federales, ahora exige un sistema de cámaras de seguridad para cubrir 360 grados, iluminación, alambrados perimetrales para reforzar muros y dos tobilleras electrónicas de distintas compañías telefónicas, por si una llega a fallar. 

Argentina tiene en este momento 145 detenidos por crímenes de lesa humanidad en sus domicilios particulares con monitoreo de las domiciliarias a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep): ninguno de esos detenidos tiene cámaras de seguridad, que son entendidas como un sistema violatorio de las garantías individuales; no tienen custodia perimetral de fuerzas de seguridad alguna; no tienen restricciones de horarios ni de número de visitas y sólo uno de los 145 detenidos de lesa humanidad tiene un gendarme (uno solo y no un dispositivo militar como en este caso) parado en la puerta de la casa, y eso porque ha violado el beneficio en una oportunidad.

La Dcaep, ex Patronato de Liberados, sigue un protocolo en el control de las domiciliarias, con psicólogos y trabajadores sociales que de forma aleatoria visitan las casas particulares con frecuencia. Si el detenido no está, elevan un informe al juez de control, que debe citarlos y evaluar la situación. “Y eso es todo”, explican desde la Dcaep a PáginaI12. “En los casos más estrictos, los detenidos tienen además una pulsera electrónica, una tobillera que dispara una alarma cuando la persona sale del radio habilitado. Las pulseras son provistas por el Programa de personas bajo vigilancia electrónica de readaptación social, del Ministerio de Justicia de Nación. La señal es captada eventualmente por un juzgado que dispone su captura. Pero en ningún caso las personas tienen cámaras de seguimiento en ninguna parte. Y sólo un detenido de lesa humanidad tiene un gendarme en la puerta de la casa porque no respetó el arresto.” Es el caso del ex teniente coronel Lucio Ramírez, condenado a perpetua en octubre del año pasado por el asesinato de dos presos políticos de la Unidad 9 de La Plata: Angel Alberto Georgiadis y Horacio Rapaport, y por el secuestro de Julio César Urien. “Pero el gendarme que lo custodia es uno sólo y no supera el límite de la puerta”, agregan desde la Dirección. Esto significa que el control es excepcional y jamás se despliega el operativo previsto para vigilar a Sala: nunca se han destinado recursos del Estado de esta magnitud, ni siquiera para los crímenes más aberrantes, los de lesa humanidad, señalan.

En ese sentido, el Gobierno vuelve a trasformar a Jujuy en zona de excepción. Ayer quedó instalado un extenso módulo de Gendarmería Nacional en la entrada del inmueble donde se supone será trasladada Milagro Sala, una especie de casa rodante montada en el perímetro externo de la propiedad. Y también fueron instaladas dos cabinas de la policía jujeña. 

El ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, brindó detalles sobre el operativo de militarización. La lista incluye un sistema de monitoreo de 24 horas a través de dos dispositivos electrónicos, iluminación y cámaras de seguridad alrededor de toda la propiedad, instalación del alambrado perimetral y de baños químicos para los guardias. Sala podrá recibir visitas en forma restringida: sólo martes, jueves y sábados, de 7 a 19, no más de cuatro personas a la vez. La custodia permanente en el lugar la hará Gendarmería Nacional, con quince agentes, y la policía provincial colaborará con presencia en los alrededores. “Junto a Gendarmería –dijo Meyer– estamos trabajando en la puesta en marcha del proyecto, la seguridad alrededor del domicilio, con cámaras de seguridad y perímetro. Gendarmería tendrá a su cargo el primer anillo, nosotros con Policía haremos el segundo y tercer anillo, ordenado por el juez.” El gobierno de Gerardo Morales difundió que el traslado desde el penal estará a cargo “en principio del Servicio Penitenciario”.

En marzo de 2016, la hija de Sala, Claudia Chorolque, veía a su madre subida a los móviles de la policía que la llevaban del penal a los juzgados como en una operación militar. “Trescientos policías la trasladaron el primer día con Gendarmería. Imaginate la desesperación que teníamos porque no sabíamos adónde la llevaban”, contó. El primer día, “la tiraron contra el móvil, la golpearon y la subieron a un auto. Cada vez que la trasladan es así. Es un circo. La meten en un patrullero. Va uno adelante y otro atrás. Va otro móvil de Gendarmería. Todo el mundo ve el operativo porque cierran las calles. Ya la trasladaron cuatro veces. Y cada vez que la llevan a notificarse de alguna causa o a declarar vuelve con los brazos morados. El show que hacen es peor que con el Chapo Guzmán”.

Esa dinámica fue incorporada a los fundamentos con que la CIDH pidió que la dirigente social salga de la cárcel; la Comisión describió las condiciones de detención como un riesgo de vida. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta explicó que los riesgos de vida no están dados por las condiciones edilicias de detención, sino por las prácticas de hostigamiento contra Sala, las causas armadas por el sistema judicial con impulso del Gobierno y el sistema de la exhibición pública como escarmiento. A eso se agrega ahora la parafernalia militar dispuesta milímetro a milímetro en El Carmen, mientras se continúa postergando la salida de la prisión.

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