Ante la Corte Suprema, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Analía Berruezo, dijo que sí, que hay razones pedagógicas para que las escuelas públicas de esa provincia incluyan obligatoriamente las clases de educación religiosa en la currícula. “Entendemos que sí, porque contribuye a la formación integral, como la formación ética o la educación artística” destinada a “acompañar a alumnos de entre 6 y 12 años a desarrolar espíritu crítico, trabajar en colaboración con otros y conocer las religiones del mundo”, detalló. Eso, amplió más tarde, incluye “tanto de la teoría del creacionismo como la de Darwin”. La respuesta fue una de las explicaciones que la funcionaria salteña brindó durante la hora en que, como representante de la provincia demandada, respondió a las dudas formuladas por los cuatro de los cinco miembros del máximo tribunal (el quinto, CArlos Rosenkrantz, se excusó desde el inicio del proceso porque formó parte de la ONG que patrocina la demanda) que resolverán acerca de la ley de educación de Salta y su implementación, en un plazo no precisado, que dependerá de los tiempos de la Corte. Durante la audiencia, que duró alrededor de dos horas y media, expusieron también el presidente y el director de litigios de la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que representó al grupo de madres, Hernán Gullco y Alejandro Segarra; un abogado que, en carácter de padre de alumnos de escuelas públicas salteñas, defendió la aplicación de la ley; y dos docentes de “educación religiosa” de distintos establecimientos, Francisco Lópes y Mirna Tolaba, que estuvieron acompañados por el abogado docente de la UCA que preside la Fundación Civilidad (de lazos íntimos con el integrismo católico y las usinas más conservadoras del Pro).
La de ayer fue la última de las cuatro audiencias que el tribunal había convocado para, en los primeros días, escuchar exposiciones de “amigos de la Corte” a favor y en contra de la regulación provincial que dispone el dictado de la asignatura “educación religiosa” en las escuelas primarias públicas salteñas, una decisión que fue cuestionada judicialmente por un grupo de madres, cuyo pedido de amparo colectivo llegó al máximo tribunal provincial y, luego de que ese cuerpo avalara al Estado salteño en la medida, alcanzó —via recurso federal— a ser revisado por la Corte Suprema.
Entre el público, además de muchos de los oradores que dieron argumentos como amicus curiae en las audiencias previas, se encontraban algunas de las madres que hace siete años comenzaron a transitar el camino del amparo colectivo. Aunque se habían preparado para hablar ante los jueces y contarles en primera persona por qué cuestionaban la decisión del Estado provincial, con materiales escritos por sus hijos, como una carta cuyo texto publicó ayer este diario, finalmente no les fue concedida la palabra. “Nos dijeron que era una instancia técnica”, explicó una de las madres a Página/12 al terminar la audiencia. Haber llegado a esa instancia, dijo otra, era algo inimagible para ellas años atrás, y aunque el camino fue largo (al comenzar el proceso, los hijos de algunas de ellas apenas comenzaban o promediaban la primaria; hoy algunos de ellos están egresando del secundario) se mostraron conformes con el hecho de que el cuestionamiento llegara a la Corte. “Nunca nos imaginamos, cuando presentamos el recurso de amparo, en 2010, nunca imaginábamos que íbamos a estar en una audiencia acá, ni lo hicimos pensando eso”, señalaron.
Poco antes de las 11 de la mañana, a la exposición de los abogados de ADC (ver aparte), siguió la intervención de la ministra Berruezo, quien estuvo acompañada por la fiscal de Estado, Mónica Lionetto y definió a la educación religiosa como “una disciplina”. Por momentos, con imprecisiones derivadas de que los ministros, en ocasiones, interrumpían respuestas por reiteradas y esquemáticas, la participación de Berruezo consistió casi enteramente en responder preguntas que fueron formulando los jueces, quienes —como harían luego, en el turno de los docentes y el padre de un alumno—, procuraron focalizar en aspectos concretos de la práctica cotidiana estipulada por la normativa. “¿Existe una razón pedagógica para que educación religiosa sea incluida en la curricula y tenga que darse en forma obligatoria y no opcional, como podría ser fuera de clase?”, preguntó el juez Juan Carlos Maqueda, antes de que la ministra refiriera, como motivo, que esa asignatura “contribuye a la formación integral” y que eso “no deslinda un trabajo puntual, por ejemplo, con la Educación Sexual Integral”. “Nosotros consideramos que los propósitos y el trabajo al interior de cada escuela y en base a la currícula requiere estar en horario escolar, y tiene como objetivo acompañar a alumnos de entre 6 y 12 años a desarrollar espíritu critico, trabajar en colaboración con otros, conocer religiones del mundo”, añadió.
Cuando el juez Horacio Rosatti indagó si hay “algún trabajo para articular ciertas enseñanzas que pueden darse en religión y otras que pueden venir de la ciencia”, si “se pensó en chicos de 6, 7 años” que requieran explicaciones sobre “el origen de la vida, o qué ocurre después de la muerte”, la ministra Berruezo dijo que “esa pregunta se hace mucho en el aula”. “Cuando en clase de religión se habla del origen del hombre, se dan todas las teorías. Incluyo aquellas que fueron seleccionadas por los papás (N. de R.: de acuerdo con su elección de credos a enseñar a sus hijos) y que transversalizan desde sus credos a las ciencias naturales. Hablamos tanto de la teoría del creacionismo como de Darwin”, detalló, aunque advirtió que esos contenidos no se dictan a chicos de entre 6 y 8 años, “pero sí entre 6to y 7mo grado, porque forma parte de las currículas de otras disciplinas dentro del mismo curso”.
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, indagó a Barruezo acerca de si la decisión de dictar un materia que lleve a separar alumnos (quienes sí participarán de esa hora, quiénes no) no es discriminatorio. La ministra había aseverado que una encuesta reciente reafirmaba el hecho de que la mayoría de la población salteña es católica, por lo que la ley es la expresión de la voluntad de esa mayoría. “Suponiendo que hoy hay una mayoría (religiosa católica, favorable a la ley cuestionada) y que en 50 años cambia la mayoría, si la mayoría fuera de otra religión o atea (y pidiera cambiar la ley), ¿no le parece que se sentirían discriminados los sectores católicos o de otra religión?”, preguntó el juez. “La consulta a los padres acerca de si quieren que sus hijos participen o no de esas clases no tiene que ver con credo. Nosotros no solicitamos el credo, no interesa que la materia sea de un credo en particular.
La ministra Berruezo procuró asegurar que la enseñanza religiosa no es obligatoria en las escuelas públicas salteñas. Por eso, la autorización, o mejor dicho, el formulario, en el que los padres deben dar constancia por escrito de si quieren que sus hijos sean alumnos de “educación religiosa” o no fue uno de los ejes que más preguntas concitó, por su nivel de formalidad y por la implicancia que la obligatoriedad de entregarlo puede tener para las familias y el Estado. La jueza Elena Highton de Nolasco insistió al respecto; la ministra explicó que “en algunos casos los papás no entregan el formulario”. A veces, añadió, “vemos poca participación de los papás, eso genera que se olvidan de alcanzar el papel a la escuela. Somos puntuales (en requerirlo) y visitando incluso la casa…”, cuando Highton acotó: “¿pueden no entregarlo pero sí o sí lo tienen que llenar?”. “Deberían entregarlo, porque es para saber si quieren que los chicos estén en la clase”.
“Usted dice ‘si no lo entregan, presumimos que los padres no participan, tienen desinterés y vamos a la casa’. ¿Los convencen de que lo entreguen?”, intervino Lorenzetti. “Sí, de acuerdo a lo que quieren que se haga”, concedió Berruezo. “¿No le parece innecesario? ¿POr qué no suprimen el formulario? ¿Qué consecuencias tiene?”, repreguntó el juez. “Entendemos que los chicos se tienen que quedar a las clases de religión”, respondió la ministra, a lo cual Lorenzetti señaló: “Entonces tiene consecuencias”.
La posibilidad de dictar enseñanza religiosa fuera del horario de clases regular, es decir, como algo optativo, no considerado dentro de la curricula (la posición de las madres y ADC), fue otro de los puntos nodales de las preguntas. Lorenzetti inquirió por qué el Estado salteño no considera esa posibilidad. “Entendemos que educación religiosa forma parte de la curricula y nos parece importante como parte de la formación integral. Por otra parte, por cuestiones de organización del espacio, la designación de docentes en otro horario genera una movilidad general entre personas que dictan esta disciplina y son docentes del sistema. Defendemos que debe estar en horario escolar”, dijo Berruezo.
