Es común que al final de una indagatoria le pregunten al imputado o imputada si quiere agregar algo, ya que es su posibilidad de defenderse ante la acusación. Alejandra Gils Carbó dijo que sí. Que quería dejar claro que le parece “risible” que alguien piense que se pudo haber repartido “los beneficios de una comisión indebida” por la compra del edificio donde hoy funciona la Procuración General; que fue fiscal de la Cámara Comercial donde pasaron por sus manos “asuntos de miles de millones de dólares”; que tiene una sola propiedad, la casa donde vive en Villa Ortúzar, en una zona de asentamientos precarios, y un auto de hace once años. Habló con vehemencia en la cara del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano que la involucran en el pago y el reparto de una comisión millonaria que cobró Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, que era un subdirector experto en contrataciones que colaboró con la licitación que terminó en la adquisición del inmueble en Perón 667 por 43.850.000 pesos. Gils Carbó aseguró que desconocía ese parentesco, que lo que existió fue “un negocio oculto”, que no perjudicó al erario público, pero que de todos modos apenas se enteró suspendió a Bellingi en sus funciones.

El llamado a indagatoria a la jefa de los fiscales llegó oportunamente el 14 de julio, justo cuando el Gobierno esperaba que tuviera alguna acusación penal como para sumar causales a un posible juicio político. Desde entonces y hasta hoy no pudo conseguir consenso para avanzar contra Gils Carbó, algo que intentó por diversos caminos. Ni un jury ni un cambio en la ley de Ministerio Público lograron apoyo, a pesar de las veces que Mauricio Macri y el ministro Germán Garavano intentaron que renunciara. De ahí que entre las variadas estrategias del macrismo en paralelo a la causa penal tramita otra en el fuero contencioso administrativo donde la ONG Será Justicia integradas por funcionarios PRO y el Colegio de Abogados de la Ciudad piden que declare inconstitucional el mecanismo de remoción vigente para quien ocupa el cargo de procurador/a (el juicio político) y habilitar la expulsión, por ejemplo, por decreto. Está todo tan sincronizado, que ayer mismo cuando la titular de la Procuración debía presentarse en Comodoro Py, también vencía el plazo para que respondiera a título personal en el juzgado contencioso. 

Ercolini y Taiano dicen que es sospechosa de haberse quedado con una parte de la comisión que recibió Thill por haber asesorado a la inmobiliaria Jaureguiberry para lograr la venta del edificio de la calle Perón, que pertenecía a la empresa Arfinsa (Grupo Bemberg). Arfinsa pagó 7,7 millones de pesos de comisión a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios y ésta empresa a su vez le pago 3 millones al medio hermano de Bellingi. Thill le adelantó a la inmobiliaria el pliego de licitación cuando era aún reservado. El fiscal le imputó a Gils Carbó los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencia y negociaciones incompatibles con la función pública.  

La procuradora relató que cuando llegó al cargo ya tenía un presupuesto disponible de 30 millones para la compra de una nueva sede, pero que los intentos por conseguir lugar venían fracasando. Hubo cuatro intentos fallidos. Ella apuntó a un edificio que pudiera albergar a las procuradurías y unidades especializadas que hoy componen la Procuración y que interactúan, y que estuviera pensado para el sistema acusatorio. Según señaló se pagó el precio más bajo por metro cuadrado de todas las ofertas recibidas. La Procuración no abonó ninguna comisión, el proceso de compra pasó por diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación). Dijo que está probado que ella no cobró nada. Enfatizó que si hay una irregularidad fue el arreglo entre Thill y Bellingi, y que quien por lo pronto cobró una comisión fue el primero.   

Respecto de Bellingi, relató que lo nombró en septiembre de 2012 cuando buscaba un experto en compras y que lo habían recomendado porque había sido director de contrataciones de la jefatura de Gabinete y consultor del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, además de estar vinculado con Poder Ciudadano. Que aunque su designación dijera que tenía “dependencia directa” respecto de ella, eso era una formalidad. Explicó que no tenía trato asiduo. En un momento de la búsqueda de edificio le pidió colaboración, contó, pero no le asignó la licitación. Después supo que el edificio lo había sugerido él. “Todos nos sentimos muy defraudados porque lo que habíamos festejado como una gestión exitosa que se veía manchado por dos personajes que mantuvieron oculto un negocio personal”, les dijo al juez y al fiscal. Bellingi fue separado del cargo y sumariado.  

Ahora el juez tiene diez días para resolver la situación procesal de la Procuradora, un desenlace que el Gobierno espera con ansias.