Los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) decidieron suspender el paro en el Registro General de la Propiedad y, luego de tres semanas, la dependencia vuelve a funcionar con normalidad desde este jueves. Desde el gremio reclamaban el pase a planta permanente de los trabajadores contratados. Tras conseguir el compromiso del gobierno provincial para que firme los decretos correspondientes, los trabajadores decidieron suspender provisoriamente la medida de fuerza. “Nos venían prometiendo la firma desde marzo”, señaló el delegado gremial, Omar Serrati. Algunos colegios de profesionales de Rosario habían reclamado la intervención del gobierno por la parálisis de actividades.
Desde este jueves por la mañana el Registro General de la Propiedad funciona con normalidad. El conflicto, que mantenía paralizadas las oficinas de calle Urquiza al 1100, retomó sus operaciones este jueves luego de que los trabajadores decidieran suspender la medida de fuerza. El reclamo central era la incorporación de un grupo de trabajadores contratados, que se veía amenazada ante el inminente cambio de gobierno. Pero durante la jornada del miércoles, el gremio logró el compromiso por parte del gobierno provincial.
“Se suspendió la medida de fuerza, que no es lo mismo que decir que la hemos levantado”, aclaró Serrati en declaraciones con Rosario/12. “Decidimos suspender hasta la semana que va del 6 al 10 de noviembre, porque está la promesa del Ejecutivo provincial de firmar los decretos que nos están debiendo. Uno es por el pase a planta de personal contratado y otro de subrogancias de las carreras administrativas. Si eso ocurre, continuamos con la normalidad. De lo contrario, se vuelve a la medida de fuerza”, agregó.
Según explicaron desde la entidad gremial, el acuerdo logrado con el gobierno provincial contempla efectivizar el pase luego del 6 de noviembre. La fecha tiene una explicación: esa semana retorna la comitiva que tiene al gobernador Omar Perotti, y al ministro de Economía, Walter Agosto, de viaje por Arabia Saudita y Qatar, con el objetivo de firmar el contrato de financiamiento para la construcción de dos bloques del acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba. De la misión también participa el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.
“Nos venían prometiendo desde marzo la firma de estos decretos. No ocurría, pero seguían prometiendo que iba a ocurrir. Cuando terminó septiembre, y viendo que se avecinaba el cambio de gobierno, se decidió tomar esta medida de fuerza que duró casi tres semanas”, explicó Serrati. “Ahora, ante el surgimiento del compromiso, decidimos suspender la medida”, añadió.
En total son 27 trabajadores contratados por la ley convenio, al que se le suma un grupo de trabajadores que asumieron cargos vacantes, a los que no se les ha realizado el cambio de categoría correspondiente. “Ese reemplazo implica una serie de compromisos y obligaciones, pero también un aumento en el sueldo porque es una mejor categoría”, explicó.
Reclamo de los colegios profesionales
En el marco del conflicto, y la paralización de operaciones, distintos colegios profesionales de Rosario reclamaron al gobierno provincial “la urgente necesidad de resolver el conflicto en el Registro General de la Propiedad”.
En el escrito señalaron que las medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores “implican la virtual parálisis de las operaciones inmobiliarias en todo el territorio provincial, lo que perjudica a la comunidad en general ante la imposibilidad de concretarlas”. Asimismo, agregan que, producto de la situación económica, eso derivó en un “aumento de la incertidumbre a todos los actores implicados”.
“Es urgente y harto necesario que se adopten las medidas tendientes a resolver el conflicto, con los recursos legales y administrativos propicios que permitan garantizar a los habitantes de la Provincia de Santa Fe un servicio vital como el que brinda el Registro”, finaliza el comunicado firmado por el Colegio de Escribanos, Abogados, Agrimensores y Corredores Inmobiliarios de Rosario.
Al respecto, Serrati consideró que el reclamo de los colegios profesionales “es entendible”, porque los usuarios demandan tener sus trámites al dia. “Esa postura es normal. Ha ocurrido siempre que hubo algún acontecimiento gremial de esta naturaleza. Lo entendemos, pero ellos tienen que entender que tienen que presionar al Poder Ejecutivo, no a nosotros. Si el gobierno cumplía su compromiso desde antes no pasaba nada de todo esto”, finalizó.
