Pocas semanas atrás, la Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Entidades financieras, estudios contables y cientos de sociedades nacionales y extranjeras involucradas.

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas maniobras? Personas humanas de carne y hueso que diseñan la comisión de estos delitos y que buscan a través de diversos mecanismos e ingenierías societarias esconderse de los ojos del Estado, del poder judicial, entre otros, para ocultar todo el dinero estafado y robado. Así, como lo fueron los Papeles de Pandora, los de Panamá, entre otros, donde Argentina ocupó los primeros puestos entre los beneficiarios finales del dinero habido de la fuga y la evasión, se advierte el uso abusivo de más de 170 sociedades nacionales y extranjeras, ubicadas -muchas de ellas- en guaridas fiscales, jurisdicciones que ofrecen todo tipo de secreto y anonimato.

En tal sentido, el titular de la Unidad de Información Financiera hizo expresa mención a la necesidad de contar con un Registro Público y Centralizado de Beneficiarios finales, lo que ya se encuentra con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del proyecto de reforma a la Ley Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo que propone la creación del Registro en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Así, Argentina podría contar con información de los verdaderos dueños y dueñas de los negocios nacionales y extranjeros que se desarrollen el país, lo que sería una herramienta esencial para luchar contra la la fuga ilegal de capitales, repensar el sistema tributario nacional, detectar fraudes a la ley, investigar causas de lavado de activos, sus delitos precedentes y todo otro delito económico que ponga en riesgo al sistema económico y financiero de las Nación, afectando su integridad y funcionamiento.

De la Estrategia Nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, también surge -frente a las vulnerabilidades y riesgos detectados- la necesidad de fortalecer el control de las empresas y estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales, y la disponibilidad de información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios finales de tales entidades, ello como parte del cumplimiento de los estándares internacionales que ya están siendo evaluados por el Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI). Sin dudas se trata de un tema de agenda pública nacional e internacional.

La Fundación SES, hace años visibiliza la importancia de contar con un Registro que identifique quiénes son los verdaderos dueños de las empresas y otras estructuras jurídicas que operan en el país. Y analiza en profundidad, ¿Por qué es tan necesario contar con este registro? Múltiples son las razones: Disuade el uso abusivo de las personas y estructuras jurídicas. Contar con normas que obliguen a identificar a los beneficiarios finales desincentiva a todos aquellos que pretendan montar este tipo de maniobras en el país; Desalienta la creación de empresas fantasmas; Fortalece la transparencia fiscal internacional para combatir la evasión y la elusión trasnacional, y prevenir el abuso de los tratados para evitar la doble imposición; Fortalece la transparencia mercantil y la dota de seguridad jurídica. Permite conocer efectivamente con quien estamos contratando; Fortalece la justicia fiscal. 

El sistema tributario cumple un lugar central como mecanismo para contribuir a generar una sociedad más igualitaria; Contribuye a la persecución de la delincuencia económica organizada; Genera información valiosa sobre el funcionamiento de los mercados. Permite advertir la existencia de concentración económica; Refuerza las políticas de recuperación de activos, contar con ello permitirá atender a las víctimas; Brinda mayor transparencia en las relaciones entre privados. Esta publicidad revelará quiénes están realizando maniobras de ocultamiento de patrimonios, reduciendo las posibilidades de fraudes en materia civil y comercial; Garantiza el acceso a la información de la sociedad civil.

Poder contar con información completa, precisa y oportuna de los beneficiarios finales de todas las personas y/o estructuras jurídicas nacionales y/o extranjeras que desarrollen sus actividades en suelo argentino, permitirá avanzar de manera ágil y rápida en las investigaciones judiciales y administrativas por parte de la UIF u otros organismos del Estado. Permitiendo, asimismo, una mejora en los sistemas de cooperación internacional, brindando un efectivo cumplimiento de los estándares internacionales. 

Resulta imprescindible comprender que conocer a quienes verdaderamente se encuentran detrás de las empresas pequeñas o grandes resulta sustancial para descubrir lavadores de dinero, empresarios y políticos corruptos, terroristas, traficantes de armas, traficantes de drogas, evasores de impuestos, entre otros, ya que son ellos quienes utilizan estos canales societarios para mover su dinero mal habido o bien para evadir el pago de impuestos en sus Estados de residencia. Y son las estructuras societarias, los bancos y otros profesionales dispuestos a hacer negocios deshonestos, los que contribuyen al diseño de las maniobras que les permitirá ocultar su identidad.

Las grandes estructuras y entramados societarios que intentan ocultar a los reales Beneficiarios Finales no respetan fronteras. Esta materia debe ordenarse a nivel internacional en pos de armonizar normativas y lograr que los países cuenten con un registro de Beneficiarios Finales para que el intercambio de información resulte completo, oportuno y de alcance internacional. Así, desde el Equipo de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) también se ha presentado, en el marco de las “10 propuestas de política fiscal para una sociedad más equitativa”[3] la creación de un Registro centralizado y público de beneficiarios finales, para dotar de transparencia fiscal al sistema y revertir la magnitud de los mecanismos fiscales abusivos.

Hechos como los que salieron a la luz en los últimos días dan cuenta del mal uso de las personas y/o estructuras jurídicas para fugar dinero y opacar la figura de los verdaderos beneficiarios a través de ellas. La opacidad de los/as beneficiarios/as finales es la cara de los delitos silenciosos, esos que no se muestran, ni se ven. El más cínico y cruel. El impacto más directo y completamente negativo que dicho ocultamiento genera en la sociedad recae principalmente en los sectores más vulnerables. 

Ello por cuanto, el dinero fugado, ocultado, lavado, es dinero perdido para el Estado Nacional; es dinero que podría ser utilizado para la implementación de políticas públicas que impulsen la economía del país, mejoren a la salud, la educación y la seguridad; y por sobre todo protejan los intereses y garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la sociedad argentina en su conjunto.

* Abogada e Investigadora. Integrante del Equipo de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE)