El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (foto), anunció otra alza del salario mínimo, esta vez de un 40 por ciento. Además, ordenó poner en marcha un nuevo sistema para establecer el precio máximo de 50 productos y servicios básicos, cuyo cumplimiento será vigilado por “fiscales populares”.

El mandatario hizo estos esperados anuncios sobre economía ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, instaurada por el oficialismo, a la que entregó ocho proyectos de ley para consolidar el “modelo socialista” de Venezuela y salir de una profunda crisis de la que responsabiliza al “neoliberalismo capitalista”. El incremento (el segundo en poco más de dos meses y el trigésimo octavo que ordena el gobierno desde el comienzo de la revolución bolivariana en 1999) deja el sueldo mínimo en 136.544 bolívares, poco más de 40 dólares según la tasa de cambio oficial más alta y menos de siete dólares si se toma la cotización en el mercado libre.

La medida supone el establecimiento de un nuevo sistema con el que la Comisión de Economía de la Constituyente fijará, junto a los sectores productivos y distributivos y los consumidores, los precios de la leche, el pan, el aceite, el jabón, la pasta y el pollo, entre otros productos. Este nuevo impulso al control de precios ya implantado en el país estará reforzado, según una de las propuestas del mandatario, por “fiscales” elegidos de entre organizaciones comunitarias y cuadros de la revolución, que señalarán ante el Ministerio Público a quien venda a precios superiores a los fijados.

El objetivo es perseguir y meter presos a esos comerciantes, a los que Maduro acusó de inflar en un mil por ciento el costo de los productos para enriquecerse y culpó una vez más del desabastecimiento y la explosión de la inflación en el país. Según cifras publicadas el jueves por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Parlamento) -el único poder venezolano en manos de la oposición y la única institución que publica estos indicadores económicos- la nación caribeña alcanzó hasta agosto de este año una inflación acumulada de más del 366 por ciento. “Nunca el gobierno revolucionario adoptará políticas para dejar huérfano al pueblo y decretar procesos de liberalización de precios y que sea el mercado quien le imponga al pueblo sus precios demoníacos y especulativos”, sentenció Maduro ante los 545 constituyentes, que lo aplaudieron de pie repetidamente.

En otras de las propuestas de ley entregadas a la Constituyente (que aprobó por unanimidad todas las peticiones remitidas hasta ahora por el presidente), Maduro planteó la reapertura de casas de cambio en el país y la puesta en marcha de una investigación sobre el origen de las grandes fortunas generadas por la guerra económica. 

El líder de la llamada revolución bolivariana pidió determinar nombres, apellidos, procedencia, origen, localización de unas fortunas que atribuyó al robo y la especulación y aplicar como castigo impuestos especiales a sus dueños cuando la legitimidad del dinero no quede acreditada por la investigación. “Que sean los ricachones y que sean los que más tienen los que financien la vida social y el desarrollo económico del país”, desafió Maduro entre vítores de la Asamblea Nacional Constituyente.

El proyecto más llamativo adelantado por el jefe del Estado fue sin embargo la implementación en el país de un nuevo sistema de pago internacional que, con la creación de una canasta con el yuan, el euro, los yenes, las rupias y otras monedas, sirva como alternativa al dólar. Maduro aseguró que el proyecto valdrá para liberar las amarras del dólar como moneda opresora de Venezuela y se mostró convencido de que abrirá los caminos de un nuevo sistema monetario, financiero que ponga fin a los chantajes y las  sanciones imperialistas a través del dólar y el sistema financiero estadounidense.

Esta canasta de monedas empezará a funcionar de forma inmediata para las operaciones del sistema de asignación de divisas “Dicom”, uno de los mecanismos con los que el Estado venezolano, que tiene el monopolio del cambio de moneda extranjera, adjudica dólares a empresas y particulares.