La criminalización de la protesta social sufrió un revés esta semana en Mendoza. Rotundo aunque no se puede asegurar que definitivo. Vale la pena reseñar los hechos, en los que actuó el tridente ofensivo de Cambiemos: gobernantes, integrantes del Poder Judicial y medios aliados.
Todo comenzó el año pasado en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata quien recogió testimonios de ex integrantes de la organización Tupac Amaru. Estos se quejaron de haber sido expulsados y antes intimados a cumplir con las obligaciones que habían asumido libremente al unirse a ella.
Como cualquier agrupación social o cooperativa, la Tupac estipula derechos y obligaciones para sus miembros. Entre éstas la de aportar una cantidad de horas de trabajo por semana, pagar una cuota, participar en las asambleas comunitarias que toman decisiones obligatorias para el conjunto. Quien las incumple, es expulsado o removido. Voluntaria la afiliación, que implica cumplir las reglas pactadas.
Lanata proclamó que las decisiones de la Tupac eran delictivas. La diputada Margarita Stolbizer, siempre lista para esos menesteres, promovió una denuncia penal. La gran prensa y el oficialismo provinciales azuzaron la batida.
La fiscal Gabriela Chaves, dócil ante el poder y carente de escrúpulos jurídicos, armó un combo de cargos penales no por habitual menos tremebundo. Coacción agravada, extorsión y asociación ilícita, por citar los más serios. Este último tipo penal es un comodín del manodurismo judicial: se juega para pedir penas exorbitantes y encarcelamiento inmediato, dos de los placeres mayores de la Justicia Ilegítima (JI), la oficialista.
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El 10 de abril de este año fueron detenidos Nélida Rojas (principal referente de la Tupac Amaru en Mendoza), su compañero Ramón Martínez, sus hijas Carla y Antonella Martínez, su nuera Fanny Villegas. Se les aplicó prisión preventiva domiciliaria, ante la algazara del tridente.
El expediente se demoró en los laberintos kafkianos de rigor. La Octava Cámara del Crimen de Mendoza recién se pronunció días atrás. La sentencia sorprendió porque ordenó la liberación inmediata de las personas privadas de su libertad, con fundamentos jurídicos impecables y extremadamente severos hacia la Fiscalía.
El fallo cuestiona la manipulación de las figuras penales de asociación ilícita y coacción agravada, utilizadas a pesar de no existir ningún elemento de prueba, solamente para garantizar la detención de estas personas. O sea, desnuda y desmorona una metodología típica de los tribunales penales, con epicentro en Comodoro Py y filiales en todo el país.
Había otra acusación dando vueltas. La malversación de fondos destinados a construcción de viviendas supuestamente desviados para enriquecer a los dirigentes o utilizarlos en actividades políticas.
La Cámara detectó carencia absoluta de evidencias al respecto. Como en los apresamientos de la Ciudad Autónoma (ver nota central).
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El gobernador radical Alfredo Cornejo, digno correligionario de su par jujeño Gerardo Morales, promovió entre bambalinas la persecución judicial y la avaló continuamente.
Anoticiado de la decisión, montó en cólera. La definió, sin mayor tecnicismo ni elocuencia, como “guaranga”. Tras cartón reconoció que no la había leído aún, requisito superfluo para un dirigente de Cambiemos.
“Acusó” a los tres camaristas, que votaron unánimemente, de un crimen capital: pertenecer a Justicia Legítima. Y redondeó: “La ideología de Justicia Legítima es la de que los delincuentes tienen que tener todas las garantías del debido proceso, no creen en las cárceles, en detener a las personas y no privilegian a las víctimas”.
Se fue de boca el gobernador al negarle a quien fuera las garantías del debido proceso, pilar del derecho penal de Occidente desde hace siglos. Sinceró su ideología: pre moderna y autoritaria.
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El Ejecutivo y JI, lejos de darse por vencidos, inician persecuciones contra otros militantes sociales. La fiscal recurrirá la sentencia, el gobernador aprieta, el diario “Uno” celebra esas apuestas.
El episodio, poco difundido fuera de la provincia, contiene todos los ingredientes de la escalada político-judicial que se despliega en otros territorios, en particular (aunque no exclusivamente) los gobernados por Cambiemos.
Los límites al avasallamiento de las libertades y a la propagación del miedo son consecuencia del accionar de Organismos de Derechos Humanos, profesionales del derecho, militantes, periodistas y medios ajenos al establishment. Entre otros y en esta historia recomendamos leer a www.elotro.com.ar.
