Sin políticas para la producción familiar
Agricultura sin agricultores
Imagen: Unión de Trabajadores de la Tierra

El 95 por ciento de la verdura de hoja que se consume en el país es producida por agricultores familiares de origen boliviano. La cosecha de estas hortalizas se realiza a mano y en forma diaria. Los pueblos de origen aymara, por una cultura del esfuerzo al límite de la autoexplotación, aportaron la mano de obra para esta producción que abastecen a los principales centros urbanos. Una tarea que otros trabajadores del campo evitan buscando otras alternativas con mejores condiciones para su desempeño. Así lo describió Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que ayer presentó una denuncia por discriminación ante el Inadi, por la limitación de la asistencia técnica a pequeños productores (ver nota central). 

El cambio en el “manual” de Cambio Rural fue el más reciente y grosero de las modificaciones introducidas en este programa de asistencia técnica a pequeños productores, pero de ninguna manera la primera. Desde que asumió, en diciembre de 2015, Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria) bregó por mellar este programa, que no sólo alcanza a productores hortícolas, sino también de otros cultivos y de animales de granja en distintas provincias del país. 

Cambio Rural, bajo tutelaje del INTA, había tenido su momento de mayor expansión entre 2014 y 2015, tras un relanzamiento que amplió las posibilidades de acceso de los pequeños productores, llegando a integrar a casi 20 mil de ellos hasta noviembre de 2015, organizados a su vez en unos 1900 grupos de asistencia y capacitación. Con la llegada de Cambiemos, comenzó el bombardeo hacia el programa: se habló de “grupos fantasma”, “ausencia de seguimiento” del INTA, “un plan sin beneficio para los productores” pero sí para los ingenieros y técnicos que “cobran por una asistencia que no hacen”. Argumentos utilizados para desmerecer un programa cuyos beneficiarios, en un 75 por ciento de los casos, eran agricultores familiares en transición (no formalizados como unidad de negocio), en un 15 por ciento pequeños agricultores “capitalizados” (compraban insumos y vendían su producción formalmente), y el resto pymes agropecuarias. 

Los técnicos que trabajan en territorio aseguran que el Ministerio nunca se ocupó de probar ninguna de esas imputaciones. “Hubo desniveles en el sistema de monitoreo del INTA, porque en muchos casos se descentralizaba y dependía del funcionamiento local, pero siempre hubo seguimiento. Además, están los avances que se lograron tanto en indicadores de producción como en agregado de valor, por capacitación en diseño artesanal para la producción de prendas donde antes de hacía hilados, salsas y otros preparados envasados a partir de hortalizas, y los productos de calidad que se obtuvieron en vinos y quesos, por citar algunos casos”. 

Desentendido de los resultados, Agroindustria avanzó sobre el programa Cambio Rural recortando presupuesto, primero, y luego obligando a un reempadronamiento que, por exigencias imposibles de cumplir, dejó fuera de la asistencia a unos 900 grupos. “Entre la primera etapa de recortes, que eliminó 600 grupos, y el reempadronamiento del mes pasado, sólo dejaron en pie a 400 grupos de CR, que es la estructura de productores hortícolas más grandes: pymes o agricultores capitalizados”, indicó un técnico de territorio. 

 La razón no sería otra que el recorte presupuestario, aunque como señala Nahuel Levaggi, se les coló el “mensaje simbólico, que es excluir al boliviano”. El Gobierno cumple con su meta de “ahorro”, pero el ajuste lo deben hacer los pequeños agricultores. Los más vulnerables, una vez más vulnerados.