Uno de los reclamos que los dirigentes gremiales le hace en voz baja al Gobierno es la posibilidad de que sus obras sociales no tengan la obligación de hacer frente a patologías de alto costo y baja incidencia. En su última reunión de acordadas, la Corte abrió una puerta para favorecer ese pedido cuando dejaron sin efecto una sentencia que obligaba a la Obra Social del Poder Judicial a indemnizar y reintegrar gastos de asistencia médica para un menor discapacitado. En su momento, la madre de un menor de la provincia de Misiones demandó a la obra social y le reclamó el reintegro de los gastos de asistencia médica por varios años y la indemnización por daño moral. La Cámara Federal de esa provincia le dio la razón al considerar que la exigencia de un certificado de discapacidad no podía impedir el tratamiento del menor. Ante ello, La obra social apeló a la Corte que, en un fallo dividido, rechazó la decisión de la Cámara por entender que no estaba en discusión la atención médica a un niño discapacitado “sino el derecho al cobro de una indemnización por daño moral y el reintegro de parte de las sumas desembolsadas para su atención” y por lo tanto no consideraron que la obra social haya incumplido sus obligaciones. En el mundo sindical entienden que esta decisión va en línea con el reclamo que tienen de encontrar una salida a este tipo de tratamientos que, aseguran, “desfinancian” a las obras sociales.