Desde Santa Fe.

La sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó a los dos represores Omar Noce y Juan Antonio Mulasano a ocho años de prisión por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a 15 militantes políticos, entre ellos el ex intendente de Vera Juan Giordano y el líder de la Ligas Agrarias Eduardo Sartor es histórica. "Quedó debidamente acreditado en el juicio la existencia de un circuito clandestino de represión secuestros y torturas en el norte de la provincia" que operaba en la III Brigada Aérea, la Jefatura de Policía de Reconquista y el cuartel de la Guardia Rural Los Pumas en Santa Felicia, cerca de Vera, dice el fallo en sus fundamentos que se conocieron el viernes. Reveló que esa trama "se vincula directamente" con el "circuito clandestino de la represión ilegal de Santa Fe" que se logró probar en el juicio de 2009 al ex juez Víctor Brusa y otros genocidas. Y que ambos formaban "parte del plan sistemático" del terrorismo de Estado que se aplicó en el centro norte de Santa Fe, en "la órbita del Area 212" al mando del Ejército.

Noce se desempeñó hasta 1979 como "ayudante" del jefe de Los Pumas, una especie de "secretario" y "guardaespaldas", según los testigos. Mientras que Mulasano era un cuadro de Inteligencia que en el debate llamó "enemigos subversivos" a sus víctimas y denunciantes. En el alegato, el fiscal Martín Suárez Faisal ya había marcado el "compromiso ideológico" de ambos con la represión. Pero ahora también lo dice la sentencia, que subraya la "clara voluntad" de Noce y Mulasano de "participar activamente en el terrorismo de estado". "No todos los agentes de las fuerzas de seguridad participaron en la represión ilegal, sino que ha quedado probado en los juicios que siempre se trataba de un selecto grupo", al que se llamaba "patota", agregó.

El primer voto es del presidente del Tribunal José María Escobar Cello, al que adhirieron sus colegas Luciano Lauría y María Ivón Vella. "Ha quedado debidamente acreditado en el juicio la existencia de un circuito clandestino de represión, secuestros y torturas de personas consideradas 'subversivas', en el norte de la provincia que "involucra a las ciudades de Reconquista y Vera y la localidad de Santa Felicia", dijo  Escobar Cello. Recordó que en el juicio de 2009, el Tribunal ‑con otros jueces‑ logró probar "la existencia del circuito clandestino de represión ilegal" de Santa Fe "como parte del plan sistemático" del terrorismo de estado. Y concluyó que ambos "se vinculan directamente" como parte de la misma trama represiva que "estuvo bajo la órbita del Area 212", al mando del Ejército.

Explicó que la condena al jefe de la patota del norte, Danilo Sambueli y a otros seis represores, en 2013, "acreditó" que la III Brigada Aérea era un centro clandestino de represión. Y ahora ocurrió lo mismo con la Jefatura de Policía de Reconquista y la Guardia Rural de Santa Felicia. El juicio ‑siguió Escobar Cello‑ "logró probar" las operaciones "sistemáticas" de las "fuerzas de seguridad y militares" que allanaban y detenían de "manera ilegal", utilizaban "gran cantidad de efectivos fuertemente armados que en forma desproporcionada y fuera de todo marco legal conducían a las víctimas con los ojos vendados, las manos atadas y en muchos casos con capuchas", a la Policía de Reconquista y al cuartel de Los Pumas, donde "permanecían varios días en condiciones de hacinamiento y eran interrogadas" bajo "torturas".

"De este modo, se puede afirmar" que los tres centros clandestinos: la III Brigada Aérea, la Jefatura de Reconquista y la Guardia Rural, "formaban parte" del esquema represivo "orquestado por las autoridades militares y fuerzas de seguridad". Allí, las víctimas eran "sometidas a interrogatorios bajo tormentos, mediante golpes, quemaduras, simulacros de fusilamiento" o picana eléctrica y luego trasladadas a Santa Fe, donde ingresaban al "circuito ilegal santafesino" integrado por la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), distintas comisarias y otros centros de detención" aún no encontrados, como la Casita.