La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató ayer la suspensión en su cargo de Gabriel Ganón. Fue en una audiencia pública en la que el gobierno de Miguel Lifschitz tuvo que dar explicaciones por las torturas y detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes en Santa Fe y Rosario que denunció la Defensa Pública y si bien el caso del defensor provincial no era el eje del debate, el presidente de la CIDH James Cavallaro preguntó cuáles eran las causas del castigo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein planteó que eran varias, entre ellas porque "se negó sistemáticamente a defender policías", pero la jefa Legal y Técnica de la Defensoría, María de los Angeles Cáceres, lo desmintió. "Eso no es cierto, no hay en la provincia ningún policía al que la Defensoría le haya negado sus servicios", dijo la funcionaria. Mientras que su colega, Marcelo Marasca planteó lo que el ministro pasó por alto, que Ganón fue suspendido por "haber patrocinado a víctimas de violaciones a los derechos humanos", lo que significó el voto en disidencia de tres legisladores. Silberstein tampoco respondió el cargo planteado por los funcionarios de la Defensa pública.
La CIDH transmitió en directo la audiencia de ayer en su página Web, lo que permitió seguir sus pormenores minuto a minuto. A la mañana, funcionarios de la Casa Gris habían apurado la redacción de un decreto para ponerlo a la firma de Lifschitz, suspender a Ganón y prohibirle el ingreso a su despacho. La resolución de la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado fue comunicada al Poder Ejecutivo el mismo jueves 24. Ingresó, a la mesa de entradas el viernes 25. Y ayer, comenzó el trámite en mano para que Lifschitz decrete lo que ya resolvió la Legislatura.
A las dos de la tarde, la CIDH abrió la audiencia en la que Silberstein y dos secretarios de su gabinete, Leandro Maiarota (Legal y Técnico) y Lisandro Martínez Gorostiaga (Asuntos Penales) tuvieron que dar explicaciones por las torturas y detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes en la provincia. Una práctica "reiterada" y "habitual" de la Policía de Santa Fe, dijeron Cáceres y Marasca, que representaron a Ganón en el debate. Y advirtieron que ese "accionar estatal se agrava por la ausencia de un adecuado control político y judicial" de las fuerzas de seguridad.
Al cerrar las peticiones, Marasca solicitó a la CIDH que "recomiende" al gobierno de Lifschitz que "no habrá represalias" para ellos ni para "ningún otro miembro de la Defensa, ni para las víctimas que informaron los hechos" de la denuncia. "Nos preocupa esto por la reciente suspensión" de Ganón, dijo. El funcionario ratificó que la causa del castigo al defensor es "haber patrocinado a víctimas de violaciones a los derechos humanos", una práctica permanente del suspendido Defensor, que ha dejado al descubierto más de una vez el accionar policial en la provincia.
El presidente de la CIDH enfatizó el pedido. "Es urgente e importante que no haya represalias por haber por denunciado estos hechos ante la Comisión".
Silberstein le contestó que Santa Fe "no persigue a defensores públicos. La provincia tiene un compromiso activo y permanente en la defensa de los derechos humanos". Ganón fue suspendido por la Legislatura en "un juicio político (sic) en el que participaron las Cámaras de Diputados y Senadores". Y las "imputaciones" fueron "violaciones a los reglamentos vigentes, a las políticas de contrataciones y al régimen de defensa. La defensa pública tiene que garantizar la defensa de todas las personas y por todos los delitos. Ganón se negó sistemáticamente a defender policías", acusó el ministro. El defensor "no acató la suspensión y está en ejercicio de sus en funciones, lo que le hubiera permitido estar acá", chicaneó Silberstein sobre la suspensión de Ganón.
Cavallaro preguntó si era cierto que Ganón se negó a defender a policías. "Eso no es verdad", le respondió Cáceres. "La Defensoría dictó dos resoluciones que instruye a los defensores a actuar en estos casos. Existe en la provincia una ley que autoriza a la asesoría letrada de la Policía y la obliga a representar a los policías que cometen delitos en el ejercicio de su función ante los tribunales. Lo que se hizo fue instruir para que los defensores soliciten a la asesoría letrada si va a tomar la defensa de ese policía imputado y si no la toma o no contesta, la Defensa pública continúa con su patrocinio. No existe en la provincia ningún policía que la defensa le haya negado sus servicios".
Pero Cáceres puso las cosas en otro lugar. "El argumento principal de la suspensión del doctor Ganón es porque patrocinó a víctimas de torturas en Santa Fe", cerró Cáceres.
