Cada mañana, cuando la dirigente de la Túpac Amaru, presa arbitrariamente desde enero de 2016, se asoma a la puerta de su prisión domiciliaria para dar aviso a la Gendarmería que sigue ahí dentro, le pregunta a los efectivos: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”
Junto al perímetro de la casa de El Carmen, lugar al que los jueces la trasladaron a partir del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaba la libertad inmediata de Milagro Sala, desde el destacamento montado por la Gendarmería, los gendarmes no contestan la pregunta de la dirigente y sólo se limitan a constatar su presencia.
Ayer, el juez Guido Otranto, a cargo de la causa por la desaparición del joven tatuador, ordenó un megaoperativo en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y allanó las tierras mapuches con casi 400 efectivos, helicópteros, drones y perros. Del operativo no se obtuvo ningún rastro del joven que continúa desaparecido desde el 1º de agosto, hace ya 50 días y que según testigos fue capturado por la Gendarmería.
