A pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi planteó que quiere concentrar las causas que involucran a la empresa Odebrecht en el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas. La investigación que hasta ahora está a cargo de su juzgado es la que se refiere al soterramiento del tren Sarmiento, donde está involucrada la constructora brasileña en una sociedad con Iecsa, empresa que perteneció al Grupo Macri y luego pasó a manos del primo del Presidente, Angelo Calcaterra. Ahora Martínez de Giorgi les pidió a sus colegas Sebastián Casanello y Daniel Rafecas que se desprendan y le manden los casos que ellos tienen: las coimas para la construcción de dos plantas potabilizadoras y las que estaban dirigidas a las obras de dos enormes gasoductos, respectivamente. El juez sostuvo que los distintos sucesos forman parte de una misma maniobra y están conectados entre sí. La hipótesis de su pesquisa, planteada por el fiscal Franco Picardi, es que se utilizó un mecanismo de “cartelización” por el cual las obras eran repartidas entre un grupo de empresas.

Las causas penales donde aparece implicada la empresa Odebrecht en el reparto de coimas entraron en una suerte de estado de ebullición este año a partir de las declaraciones de algunos arrepentidos que declararon en el caso llamado Lava Jato brasileño y de que la propia compañía reconoció en Estados Unidos el pago ilegal de 35 millones de dólares en nuestro país. El gobierno de Mauricio Macri se puso en guardia cuando se supo que Brasil permitiría el acceso a las “delaciones” al menos 77 ejecutivos de la polémica constructora. En ese país quienes “delatan” actos de corrupción pueden quedar exentos de persecución penal. Hasta entonces, la OA –órgano del Poder Ejecutivo a cargo de Laura Alonso– jamás se había interesado en este tema, ni había hecho presentación alguna en estos casos a pesar de que no son nuevos. La primera incursión del Ministerio de Justicia fue para decir que llevaba adelante negociaciones para conseguir información, pero era claro que también podía estar buscando caminos para controlar las investigaciones que salpican a la vez al Gobierno. Luego la OA pidió ser querellante, y fue admitida. Los fiscales miran su intervención con desconfianza, aunque algunos creen que está bien condensar la investigación en un único juzgado, el asunto es en cuál.

Casanello es quien tiene la causa más avanzada: ya citó a indagatoria a 28 personas por coimas y sobreprecios para la construcción de las plantas potabilizadoras, una en Berazategui y otra en Paraná de las Palmas; entre los sospechosos están el ex presidente de AySA, Carlos Ben, junto con Raúl Biancuzzo, y representantes de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Cartellone y Supercemento. El expediente que instruye Rafecas es el más viejo, ya que se remonta a 2008, y tiene pedidos de indagatoria planteados por el fiscal Federico Delgado, contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomiso Néstor Ulloa, y otras diez personas. Es por la adjudicación para las obras de los gasoductos Norte y Sur, causa también conocida como Skanska II. En tercer lugar, la causa a cargo de Martínez de Giorgi es la que tuvo como punto de partida la adjudicación para las obras del soterramiento del tren  Sarmiento a un grupo de empresas integrado por una sociedad entre Iecsa y Odebrecht junto con Ghella y Comsa. En esta pesquisa están implicados el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, su mano derecha, Manuel Vázquez y directivos de las empresas, además de Jorge “Corcho” Rodríguez, quien aparece como un intermediario (también en los otros expedientes). Todavía no fueron citados. Y, en rigor, el fiscal Picardi pidió un peritaje mucho más amplio sobre todas las obras porque introdujo la hipótesis amplia de que hubo una cartelización.

El criterio con el que se suelen unificar causas por lo general tiene en cuenta la más antigua o la más avanzada. Martínez de Giorgi planteó una cuestión de “favorecer una buena administración de justicia” y que todas las obras investigadas forman parte de una “maniobra integral” y con conexiones. Además el estudio pericial que ordenó abarca a todas las empresas vinculadas Odebrecht en distintas obras.

En la mayoría de estos casos, mucha de la información que sale a la luz se conoce primero por publicaciones periodísticas. Esto se debe en buena medida a que la información brasileña de Lava Jato no ha sido facilitada de manera oficial a los investigadores argentinos porque Brasil les garantiza a los delatores que no los perseguirá y Argentina no, sólo puede reducir penas. Esto implica que cada vez que se publica algún dato, todos los fiscales salen a pedir esa información, por ejemplo, por exhorto a los distintos países. Y se han encontrado con que a menudo piden lo mismo, y esto dicen que hace los trámites más engorrosos.

La realidad es que de los tres jueces que tienen estos casos vinculados a Odebrecht, el Gobierno no oculta su preferencia por Martínez de Giorgi, el juez que indagó a Hebe de Bonafini, que intervino el sindicato de los canillitas e involucró a Omar Plaini y que tiene la causa de las detenciones de la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado.